Narcomunicipio de Paraná: acá no ha pasado nada

Por Pablo Urrutia*

El objetivo es decir que aquí no ha pasado nada, que fue un error, una confusión generada por los malos, Celis y compañía; aprovechada por el oportunismo político del kirchnerismo de siempre que exageró las cosas y mezcló todo, cuando en realidad la situación habría sido producto de la pesada herencia. Como lo expresó la hija del intendente, un error lo comete cualquiera y a otra cosa carrascosa.

En el medio quedamos algunos sorprendidos, primero por el tenor de la investigación judicial y de las escuchas filtradas, luego por la decisión del Juez Federal a cargo de la causa.

Tanto Griselda Bordeira, titular del área de Seguridad de Paraná, como el Intendente Sergio Varisco evadieron responder preguntas que para los ciudadanos hubiese sido mejor aclarar. Porque si bien Ríos ciñe la investigación en torno a la banda de la que, considera, está suficientemente probada la actividad delictiva y desiste de avanzar sobre las conexiones con el poder político de turno en la ciudad, en su resolución da cuenta de la existencia de una clara relación de la banda con el Gobierno de Cambiemos en la capital entrerriana.

No es cierto que acá no haya pasado nada. Pasó que el Juez Federal comenzó investigando una banda aparentemente dedicada al tráfico de marihuana en Paraná, San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá y Seguí, como así también de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Alto Verde. Y comprobó que eso era así y por ello procesó a los 21 detenidos.

Pasó que en el marco de esa investigación ordenó realizar escuchas y, para su sorpresa y la de los que pudimos enterarnos, se encontró con que los integrantes de la banda mencionaban en sus diálogos a funcionarios del Gobierno y, claro está, al Intendente. En ese sentido avanzó y encontró que Sergio Varisco trabó un acuerdo político con Daniel “Tavi” Celis durante la campaña que lo llevó al gobierno local. El jefe narco puso dinero en afiches, bolsones de comida y remises, movió gente, organizó reuniones a cambio de 40 contratos en el Estado Municipal, el control de la Unidad 2 y obras para la empresa constructora de Silva, otro de los procesados.

Pasó que Varisco cumplió en parte ese acuerdo, hasta donde pudo. Ingresaron 33 personas al Municipio, que en el mismo acto de ser incorporadas a la estructura fueron derivadas a la Unidad 2.

Pasó que el Intendente nombró en la cúpula de esa repartición a Carmelo Leguizamon y Silva, lo que le permitió a Celis contar con estructura, dinero y gente a su disposición para llevar adelante la actividad ilegal.

Pasó que el Juez concluyó que Varisco facilitó los medios materiales y humanos para la consolidación de la organización narco-criminal y cuando Celis fue detenido por el asalto a una estancia en Diamante, se preocupó por él, cosa que negó y dijo no recordar en su declaración, e incluso realizó averiguaciones a través de Griselda Bordeira y Marcelo Álvarez. Éste último, siendo funcionario Municipal, trató de mediar con el abogado de Celis en un conflicto desatado por una mala intervención de Bordeira y a su vez acordó con el letrado realizar acciones para mejorar la situación procesal del acusado. Álvarez debió renunciar tras la divulgación de esas gestiones. Celis, que según se expresa en el diálogo entre Álvarez y Gemelli, sospechaba de una trampa de parte del Intendente,  terminó preso por un asalto.

Pasó que Ríos concluye que, “en definitiva, queda plasmada en la presente instrucción judicial una peligrosa relación entre las actividades políticas electorales y el negocio ilícito de tráfico de estupefacientes. Las condiciones políticas institucionales y económicas resultan de vital importancia para el desarrollo y crecimiento del narcotráfico y esta afirmación no es dogmática o general, sino que en esta investigación han quedado evidenciadas y acreditadas suficientemente”.  No, no dice que acá no ha pasado nada.

Si bien el argumento para desvincular a Varisco, Bordeira y Hernández de la causa resulta cándido, es un argumento al fin. Lo que entiende el magistrado es que Varisco no supo o no quiso saber de las actividades de Celis y su banda, y que su acuerdo se circunscribió a lo político. No hay dolo. No dio la orden de traficar droga, sólo facilitó con sus actos de Gobierno los medios para que eso se lleve delante de la mejor manera. Ríos le hace un reproche moral a Varisco, luego de liquidarlo en la exposición: fue imprudente. Cinco padrenuestros y tres avemarías.

Aunque, vale decirlo, en su escrito, el Juez deja abierta la puerta a la justicia entrerriana, habrá que ver el interés del procurador García por agarrar una papa caliente.

“Quedó demostrado que estoy fuera de la causa”, dijo exultante el Intendente, cómodamente apoltronado en un programa de un canal local. Mejor no ahondar en qué más quedó demostrado, no?

Aseguró que su intención fue “colaborar con la justicia, como gobernante y como ciudadano”, aunque no es de obviar que su comparecencia ante el juez no fue por presentación espontánea sino por una citación judicial y que los expedientes y demás documentos aportados al Juzgado fueron por requerimiento de Leandro Ríos, quien el pasado lunes 19 de junio dio un plazo de 48 horas al Municipio para que brinde la información solicitada.

“Nunca estuve vinculado a la causa, fui citado como testigo y el juez Ríos me desvincula totalmente. No tengo absolutamente nada que ver con el tema, lo que es una satisfacción”, agregó Varisco ante ninguna pregunta ni observación que le indicara que no es precisamente esa la apreciación del magistrado.

El intendente de Paraná también se refirió al informe periodístico del canal C5N que advirtió lo que a la mayoría de los medios locales se les escapó: “Se trata de un medio vinculado al kirchnerismo, que basta prenderlo para darse cuenta de la tendencia política, se habla incluso de que el supuesto dueño está vinculado a la ex presidenta. Todas las cosas que allí se dijeron son totalmente inexactas”, minimizó recurriendo a una estrategia discursiva que Cambiemos utiliza desde el comienzo de la gestión: cualquier crítica a su Gobierno es descalificada por ser política, orquestada desde el kirchnerismo, resentido tras la derrota electoral; cualquier planteo extraño a su fuerza política es decodificado según la lógica ataque/defensa. Aún en este caso en que no era necesario atacar ni defender, sino aclarar. La estrategia discursiva del varisquismo en la ciudad se asienta en un dispositivo infalible desplegado por los medios concentrados de comunicación: toda crítica o cuestionamiento al Gobierno y sus políticas es kirchnerista, todo kirchnerista es corrupto, oportunista, engañoso, no debe ser considerado más que por la justicia penal.

Sin embargo, suena contradictoria aún para el propio Varisco tildar de kirchnerista al juez Leandro Ríos de quien elogió su independencia, una vez desvinculado de la causa, claro.

Llama la atención que la resolución de Ríos no mencione siquiera la escucha divulgada por el programa ADN de C5N, que compromete directamente a la subsecretaria de Seguridad Municipal y funcionaria policial, Griselda Bordeira, con las transacciones de la banda. En esa escucha, Celis y Silva dialogan sobre una deuda de 800 mil pesos que la funcionaria debe abonar por una “mercadería” que va cambiando de forma en la conversación, primero son kilos de carne, luego costillares y por último cajas de zapato. A menos que Bordeira se dedique a la reventa de carne, tenga una zapatería, o la desgrabación de la escucha con el membrete del Juzgado Federal sea falsa, el diálogo entre los dos procesados resulta muy sugestivo. De mencionar el magistrado la existencia de la escucha, la funcionaria debería aparecer dentro de los acusados. Pero no la menciona.

Aliviada por la decisión de Ríos, Bordeira se dedicó a responder ciertos comentarios realizados por algunos ciudadanos en las redes sociales. Ni se preocupó por aclarar qué fue eso de la escucha, de las escuchas. Acá no ha pasado nada.

El Gobierno de Cambiemos no considera que deba dar explicación alguna a los ciudadanos, tampoco es conveniente, pero es necesario si se tiene en cuenta que la banda liderada por Celis hizo uso de los camiones y demás recursos que son propiedad del Estado Municipal y que eso fue así por acción u omisión de los funcionarios locales. Es necesario además en un contexto en que los vecinos reiteran sus quejas por la deficiente prestación de los servicios, entre ellos el de limpieza. Es necesario si se considera que los bienes utilizados para el tráfico de drogas no son de Varisco sino de los contribuyentes.

Ni siquiera el titular de la Secretaría de Medios y Comunicación, José Escobar, que es rápido para la respuesta y suele escribir con los guantes puestos, esbozó una explicación aunque sea institucional. Se le cayeron las monedas y gastó sus cartuchos en la estrategia de defensa acusando de todo a la anterior gestión. Tal vez el único acierto comunicacional fue el de poner a la hija del Intendente a responder las acusaciones. Su escrito es incontestable, ¿quién puede cuestionar a una hija defendiendo a su padre?

Pero explicar sería admitir, aceptar, terminar de ratificar los estrechos lazos entre la intendencia y Daniel “Tavi” Celis, y como ya se dijo, la estrategia es decir que acá no ha pasado nada.

*Miembro del portal Agenda Abierta.