Causa AMIA: la desclasificación de archivos favorecerá a la ex SIDE

El 6 de abril de 2017, el presidente Mauricio Macri ordenó la desclasificación de archivos relativos a la investigación del atentado de la AMIA. Organizaciones de víctimas advierten que ese decreto es inconstitucional y que busca darle poder a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), investigada por encubrimiento. 

"El decreto limita el control de la Unidad Fiscal de Investigación sobre los archivos desclasificados de la causa AMIA, y le da intervención en esa tarea a la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hoy a cargo de Mario Cimadevilla, y a la Agencia Federal de Inteligencia, implicada en el encubrimiento del atentado", describió en un comunicado la agrupación Memoria Activa, que reúne a víctimas del atentado. 

"Bajo la excusa de solucionar los problemas de desclasificación pendientes, el decreto dispone que los documentos de la causa queden en manos del Poder Ejecutivo Nacional, lo que demuestra una voluntad deliberada del gobierno de interferir y paralizar un proceso que avanzaba bajo el control y trabajo de la Unidad Fiscal y el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental GERAD", siguió el duro comunicado. Además, señalaron que el decreto no abarca al total de los archivos a desclasificar. 

Por eso, Memoria Activa junto a otras organizaciones se presentarán a la justicia para pedir su inconstitucionalidad: "Se incumple la obligación internacional asumida por el Estado argentino a través del decreto 812/05 de relevar los archivos del caso, y se viola el principio de no regresividad, derivado de tratados internacionales con jerarquía constitucional. Esto es que el Estado no puede retroceder en la garantía de un derecho humano, como es aquí el acceso a la justicia y a la verdad a través de la desclasificación de información", describieron. 

Por último, señalaron: "La apertura de archivos históricos que podrían arrojar luz sobre los hechos vinculados al atentado contra la AMIA y su encubrimiento, es un reclamo que hace años hacemos los familiares de las víctimas. La obligación de garantizar el avance del proceso de desclasificación en condiciones de transparencia y accesibilidad a las partes es responsabilidad del Estado y es un derecho de los familiares y de la sociedad en su conjunto el conocer la verdad y obtener justicia".