Una política represiva a la altura de un Estado sin derechos

Por Paula Carrizo

Ileana Arduino es abogada, con orientación en derecho penal, integrante de la "Comisión de Investigación de Violencia en los Territorios" y de la junta directiva de INECIP.

APU: ¿Qué balance realiza respecto a la escalada represiva llevada a cabo por el gobierno durante el 2017?

Ileana Arduino: Lo que uno pudo ver en este 2017 es el resultado de una especie de crónica de una política represiva anunciada. Este gobierno divulgó en Enero de 2016 un decreto de emergencia de contornos difusos como estrella de su política de seguridad. Su mayor eficacia radica en la capacidad para convertir en enemigo todo lo que sus dispositivos políticos y sus avanzadas en el desmantelamiento de derechos demanden: trabajadores sindicalizados, piqueteros, mapuches, demostrando una posibilidad permanente de circulación entre distintas existencias que son despreciadas. La talla del desprecio podemos medirla en su demonización como enemigos públicos número uno.

Hacia fines de 2017 lo que estamos presenciando de ese proceso es una intensificación de la política represiva, que va a la par de la profundidad de las transformaciones o destrucciones que implican las políticas que se proponen en relación con los  sectores populares.

APU: ¿Cuál es su opinión respecto a la gestión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich?

I.A.: Patricia Bullrich como conducción es la cara visible de un modelo represivo que la excede. Que se articula con un proceso de transferencia de la policía de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires. Aunque tiene nombres y uniformes nuevos, mantiene una relación con la Policía Metropolitana que tuvo una corta historia de prácticas de gatillo fácil y de ilegalidades, inclusive espionajes, y que no ha promovido una forma de organización ni una política de seguridad que desborde los contornos tradicionales de la Policía Federal en sus peores expresiones.

Tampoco ostentan una política de seguridad que rompa el continente de lo estrictamente policial para el avance hacia políticas más modernas o de gestión democrática. Es lógico que así sea, porque conciben una política de seguridad reducida a lo policial. Casi -podríamos decir- una visión policial de la política en su conjunto, y no solo de la seguridad ciudadana. Esto se complementa también con una escena en la que la policía de Buenos Aires contribuye a este escenario. El aparato de seguridad de la Provincia de Buenos Aires no parece haber tenido transformaciones a la altura de las indignaciones morales de la conducción política de la provincia.

APU: ¿Cuáles son los principales efectos de estas políticas?

I.A: En cuanto a las implicancias de estas políticas o de esta impronta, podríamos destacar el alto nivel de letalidad, de daños sobre los cuerpos, la situación de persecución política. Un país con presos políticos en el que por un lado se inflama la retórica de la legalidad, la transparencia, la lucha contra la corrupción. Por otro, vemos una preocupante relación entre avanzadas judiciales sobre figuras políticas que expresan un cierto protagonismo en relación con un modelo político antagónico al que el macrismo está impulsando, con el avance de las políticas neoliberales. Es casi una operación de pinzas: un despliegue represivo de las fuerzas de seguridad y persecución política traficada en causas judiciales que, por otro lado, no llegan nunca a resultados.

APU: ¿Considera usted que estamos ante un escenario de creciente malestar social?

I.A.: El malestar social es evidente, hay acumulación. Cuando Lousteau intentaba analizar la situación en la que fue increpado por personas muy descontentas con su rol como representante, daba cuenta de esto: de una situación de acumulación que es responsabilidad política también. Disminuir los niveles de conflicto de una sociedad, gestionar las conflictividades -que no necesariamente son problemáticas, sino que son consustanciales a la democracia- es parte de las responsabilidades políticas y de los reaseguros que quien conduce un país tiene que garantizar para que el juego democrático funcione. Cuando la conflictividad no sólo no es gestionada en el sentido de resolver problemas concretos -y de resolverlos haciéndose cargo de la totalidad de los intereses en juego-  sino que es promovida porque se gobierna sobre un solo sector, unilateralmente cargando las tintas sobre aquellos que están en posiciones más desaventajadas, es lógico que la tensión social y la conflictividad social aumenten. Si a eso sumamos usinas comunicacionales monopolizando un discurso y antagonizando siempre la escena, con apoyo en estereotipos que son además humillantes y que niegan la importancia de unas vidas respecto de otras, el escenario va complejizándose.

APU: ¿Qué lectura realiza en relación a los cacerolazos posteriores a la represión del lunes 18 de diciembre?

I.A.: Estas manifestaciones expresaron el grado de creciente incomunicabilidad entre lo que ocurre en la escena política y lo que tiene lugar en las calles. Aun cuando pudimos ver a todos los medios de comunicación alimentando la idea del desborde, de los violentos, de que lo único que había en escena de manifestación popular durante la tarde era violencia “ilegítima”, sin ninguna profundidad política, lo cierto es que esos cacerolazos espontáneos involucraron a otros sectores y tuvieron cantos como “unidad de los trabajadores” como línea transversal. Yo me permito pensar que esto marca una distancia entre la repetición de unos discursos autoritarios y la convalidación de las prácticas violentas y represivas, cuando el Estado supera la valla represiva y avanza sobre el terreno de las prácticas de exterminio. Si no ha tenido esos resultados explícitos el lunes, ha sido fruto del azar y no del alto grado de posibilidades de que así fuera.

APU: Durante este año tanto el movimiento de mujeres, las organizaciones feministas, los cuerpos considerados “disidentes” fueron uno de los principales blancos de esta escalada represiva, siendo ejemplos emblemáticos las detenciones del 7M y la razzia posterior al Paro de Mujeres (8M). ¿Cuál es su mirada al respecto, en relación a las causas o motivaciones de esta selectividad?

I.A.: Me parece muy saludable que estemos viendo esto porque durante años no lo hemos visto, pero no es novedad. Hay que conectar estas violencias, que ahora gracias a la conciencia popular que va construyéndose alrededor de las dinámicas de violencia de género y las improntas del cisheteropatriarcado vamos identificando. Las compañeras trans, travestis, las trabajadoras sexuales pueden ostentar lamentablemente una historia de violencias de los aparatos de seguridad y represivos que es transversal a la democracia, a los mejores momentos de relación entre representados y representantes, con distintas intensidades.

Lo que queda en evidencia en estos dos años es tanto una selectividad disciplinante de esos cuerpos cuando se expresan por sus causas en los espacios públicos, algo que vimos de manera paradigmática en la marcha del 8M, como también una represión sexualizada (lo que en la práctica concreta llamamos tortura sexual) cuando el aparato represivo en el contexto de manifestaciones que no están acotadas a reivindicaciones de género cae sobre cuerpos femeninos o feminizados. Una de las cosas más interesantes es plantear no solo la diferencia en las implicancias represivas en términos de género, sino también mostrar que cuando las estructuras jerárquicas, cuando los regímenes de status ya sea en razón de la clase, del género, de la condición migrante, la indigenidad, se conmueven, cualquiera sea la variable de ajuste, todos los factores comienzan a incidir. En todas estas escenas, las mujeres o identidades femeninas empezamos a ocupar la escena de una manera notablemente distinta, y eso tiene consecuencias en los despliegues represivos sobre los cuerpos.

Poder poner en línea de continuidad las diferencias sexualizadas de la violencia estatal sobre los cuerpos con el pasado reciente, con la dictadura clerocívicomilitar, con la experiencia de las compañeras que ocupan la calle y son sancionadas por hacer ejercicio de una sexualidad, o con la asunción de identidades de género que desafían mandatos y estereotipos es clave para comprender su radicalidad y sus mutuas implicaciones entre distintas formas de sometimiento.