Despidos en Agricultura Familiar (Salta): “El sector campesino de la provincia fue históricamente relegado”

Por Santiago Asorey

La situación de los 300 despidos en el Ministerio de Agroindustria continúa sin solución. En el caso de la Delegación Salta de la Secretaría de Agricultura Familiar la situación afecta a 17 trabajadores. En un comunicado emitido por ATE Agroindustria Salta, los estatales exigieron: “Basta de desmantelamiento de las políticas públicas y reincorporación de todos lxs compañerxs despedidxs. Sin trabajadoras y trabajadores del Estado no hay políticas públicas.”

En este contexto, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Patricia Caudullo, técnica de Agroindustria de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial Salta sobre la eliminación de fuentes laborales. 

APU: ¿Cuál es la situación de despidos en la Secretaria de Agricultura Familiar Salta?

Patricia Caudullo: Tenemos 16 despidos en la última semana de abril, más un despedido al 31 de diciembre. Son diez compañeras y siete compañeros. Incluye dos matrimonios y personas que son único sostén.

APU: ¿Qué implica para la secretaría los despidos si se mantienen vigentes? 

PC: Quedan territorios sin cobertura. Quedan sin cobertura técnica para ejecutar proyectos en marcha y llevar adelante futuros proyectos, capacitaciones, atención de campesinos e indígenas en departamentos y localidades cuya situación de pobreza estructural es acuciante, por ejemplo Tartagal, Aguaray, Orán, Isla de Cañas, Rivadavia Banda Norte (chaco Salteño).

APU: ¿Qué lectura realizan de la situación social a nivel provincial?

PC: En general el estado a nivel provincial no ejecuta políticas públicas específicas para este sector que nosotros atendemos. La Secretaría de Agricultura Familiar es una de las pocas instituciones que ha tenido presencia territorial tan extensa en los lugares más alejados.

Esto se viene deteriorando desde hace dos años, con menor presupuesto designado hasta hacerse nulo en este 2018. Vehículos deteriorados, escaso gasto operativo para traslado. De una población potencial de 10.000 familias de agricultores familiares en la provincia tuvimos en algún momento una cobertura de 4.000 familias, en este último tiempo el alcance disminuyó.

APU: Impacta de lleno en el sector campesino…

PC: El sector campesino e indígena de la provincia es un sector históricamente relegado, con problemáticas que incluyen los problemas de acceso a la tierra y el territorio, acceso a servicios indispensables como agua y electricidad, comunicación, acceso. Se suma la situación de minifundio, los bajos rendimientos, falta de infraestructura productiva, acceso limitado y asimétrico a los mercados, normativas vigentes inadecuadas para formalizar la escala de transformación productiva que ellos hacen, problemáticas que nosotros atendemos. Tenemos una técnica: María Tolaba del área social y un técnico: Raúl Marinconz, veterinario, que viven en la zona y actualmente están ejecutando proyectos por un monto total de $15.129.200 para 307 familias. Estos dos compañeros están despedidos y ya no se puede garantizar la ejecución de estos fondos. Los proyectos son de mejora integral de ganadería, plan estratégico de desarrollo ganadero caprino, de cerdo y bovinos, trabajo con mujeres en defensa del derecho ambiental, manejo de equipo de perforación y mejora de infraestructura predial. Los financiamientos que confiaron en nosotros para la ejecución son: UCAR, PRODERI, Fondo de Mujeres del sur, una Fundación internacional y MDS.

APU: ¿Qué medidas de lucha impulsaron?

PC: Mañana hay paro de ATE agroindustria a nivel nacional. En principio nos adherimos al paro y movilización de mañana. Tenemos una carpa en la entrada donde está nuestra oficina y estamos viendo otras manifestaciones que iremos acordando en el transcurso de los días, junto a otras instituciones y organizaciones algunas con las que venimos trabajando. Vamos a marchar con INTA y Senasa.