"Estamos dando la pelea por ampliar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito"

Por Florencia Rey y Paula Carrizo    

Durante la última semana del mes de febrero estuvo en boca de todos los medios el caso de una niña tucumana de 11 años que acudió al sistema de salud en busca de una interrupción legal del embarazo tras ser abusada por la pareja de su abuela, pero se encontró con un engranaje que, lejos de responder a sus necesidades, continuó violentándola.

 En la provincia de Tucuman forzaron a Lucía (nombre utilizado para proteger su identidad) a gestar durante cinco semanas, llevándola por encima del límite para intervenir medicamentosamente y sometiéndola a un procedimiento más invasivo, como lo es una micro-cesárea. Las distintas instituciones se encargaron de hacer todo lo que estuviera a su alcance para violentar los derechos de la niña, excepto protegerla. Las únicas personas que pusieron los intereses de Lucia por sobre los de ellos, Cecilia Ousset y José Gijena, la tocoginecóloga y el tocoginecólogo, que realizaron la cesárea, están siendo denunciados por un grupo de médicos y abogado en contra del aborto. 

 Para entender el panorama jurídico y político en torno a esta denuncia, Agencia Paco Urondo estuvo en comunicación con Elizabeth Gómez Alcorta, abogada en Derechos Humanos: “Estamos viviendo un momento bastante particular, que da visibilidad y potencia a ciertos grupos fundamentalistas conservadores como contrapartida a los movimientos feministas. Lo que reclaman es retroceder a la situación anterior de los derechos que ya están conquistados, como es el aborto no punible bajo causales desde 1921”. 

El miércoles 6 de marzo, las abogadas Gabriela Carpineti y Elizabeth Gómez Alcorta presentaron una denuncia penal contra los funcionarios públicos provinciales involucrados, en conjunto con la diputada del Parlasur Cecilia Merchán, Victoria Freire, Ofelia Fernández, Ma. Luciana Moreno y Ma. Fernanda Fernández. La misma compete a funcionarios de diverso rango, entre los que figuran Juan Manzur (ex ministro de Salud de la Nación y actual gobernador de la provincia de Tucumán), así como Roxana Chahla (ministra de Salud de dicha provincia). También fueron denunciados Gustavo Vigliocco (secretario de Salud),  Elizabeth Ávila (directora del Hospital del Este Eva Perón), Adriana Giannoni  (Fiscal del fuero Penal provincial) y Washington Navarro Dávila (ministro público de la Defensa provincial). Al respecto, Gómez Alcorta subrayó: “Entendemos que es una obligación dejar al descubierto lo que hicieron: dictar resoluciones, llevar adelante acciones contrarias a la Constitución y a las leyes que tenemos”.

“En esa misma clave hay que leer la denuncia que hicieron otro grupo de abogadas y abogados, contra la médica y el médico que llevaron adelante la micro-cesárea en el marco de un aborto”, explicó Gómez Alcorta y agregó: “Lo que denuncian es homicidio, que es llevar  una acción dirigida a quitarle la vida a alguien. Hubo una obstaculización que obligó a quienes luego tuvieron que intervenir en un estado de gestación muy superior al que se debería haber hecho. No se puede entender cual podría llegar a ser la maniobra homicida. Es absolutamente disparatado”.

“En términos éticos es perverso. Aquellos mismos que impidieron que se llevará adelante antes la ILE, obligando a hacer una micro-cesárea, posteriormente quieren imputar a aquellos que cumplieron con la ley. Hay una tergiversación de los derechos, de lo legal, en pos de seguir sosteniendo un discurso que efectivamente lo que implicó es hacer una microcesarea a una criatura de once años”

No es novedad que en Tucumán se vulneren los derechos de las personas gestantes, de hecho el año pasado se aprobó la ley que la declara como ‘provincia provida’, reafirmando una postura anti-derechos. La provincia cuenta con el antecedente de Belén, la joven condenada en 2014 a 8 años de prisión por homicidio a pesar de que su historia clínica consignaba un aborto espontáneo. Las autoridades del sistema de salud público deberán garantizar la aplicación de procedimientos como la ILE en vez de atropellar de manera sistemática los derechos de las personas gestantes. 

Respecto al accionar de los grupos antiderechos, Gómez Alcorta afirmó: “Los derechos en sí mismos no se ven restringidos, lo que buscan es que el ejercicio de esos derechos lo sea. Nosotros estamos dando la pelea porque el aborto legal, seguro y gratuito sea un derecho de todas, estamos dando una pelea por ampliar ese derecho. Esto lo que intenta es obstaculizar el ejercicio de un derecho que ya hoy existe. La denuncia lo que intenta es, cuanto más temor haya en aquellos sectores de salud que en definitiva son los que tienen que llevar adelante la práctica de interrupción del embarazo, lo que buscan es cada vez obstaculizar más ese ejercicio”.