Los graves tormentos que sufren las personas trans en las cárceles bonaerenses

Mónica Mego fue detenida hace 8 meses: estuvo alojada, primero en la alcaidía Pettinato, y desde febrero de este año en la Unidad Penitenciaria 32 de Florencia Varela. Quedó parapléjica por una infección en la médula, derivada de un cuadro de tuberculosis no atendido a tiempo y de manera adecuada. Durante seis meses, el Servicio Penitenciario Bonaerense le negó atención médica. Su caso expone los tormentos que sufren las personas trans en las cárceles bonaerenses.  

"El caso de Mónica desnuda la vulnerabilidad del colectivo trans en cárceles bonaerenses, donde las graves condiciones de encierro que sufren todas las personas detenidas se combinan con una práctica particularmente violenta y discriminatoria por la condición de género", describió la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), quien ante la falta de respuestas del Estado provincial, que conduce María Eugenia Vidal, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar por Mego y también por la desatención sanitaria que padece todo el colectivo trans.

"A pesar de los reiterados pedidos de asistencia (por parte de Mónica), el Servicio Penitenciario le negó cualquier gestión para atenderse extramuros y en Sanidad sólo le daban ibuprofeno y paracetamol. Cuando fue derivada al hospital San Martín ya era tarde: fue operada de un absceso epidural en la médula por tuberculosis, pero quedó parapléjica y sin control de esfínteres. El cuerpo médico del hospital reconoció que el daño irreversible en su salud se podría haber evitado si se atendía a tiempo", describió la CPM en un comunicado. 

El caso es dramático: luego de la externación, Mónica volvió a la cárcel: desde hace más de un mes está alojada en una celda de aislamiento del anexo femenino de la Unidad Hospitalaria 22 de Olmos en completa soledad, sin la atención médica ni la asistencia sanitaria adecuadas para su estado de salud. Recientemente, la justicia reconoció la situación de abandono e hizo lugar a un habeas corpus presentado por la CPM por el agravamiento de las condiciones de detención que ponen en riesgo su vida. Mego se encuentra, además, con tratamiento farmacológico por tuberculosis y con VIH como enfermedad de base; estos padecimientos requieren de la provisión regular de medicamentes que muchas veces faltan y de una dieta especial que el SPB no cumple: la comida que recibe es poca y mala.

En la medida cautelar presentada ante la la CIDH, la CPM menciona otros cincos casos de mujeres trans que murieron o sufrieron daños irreversibles en su salud bajo custodia del Estado. En todos los casos fueron acciones u omisiones del SPB las que provocaron esas consecuencias, ya que en ninguno hubo alguna respuesta estatal.

"Para el colectivo trans en el encierro, el acceso a la salud está mediado siempre por los agentes del SPB que utilizan este poder para extorsionar -muchas veces sexualmente- a las detenidas. En otras oportunidades, la atención médica es negada por motivos de discriminación, ya sea por parte de los penitenciarios o del personal de salud. Esto denota, a su vez, otro de los problemas fundamentales y sistémicos: la falta de profesionales especializados y con formación de género", describieron. 

Siguió la Comisión Provincial por la Memoria: "Entre las particularidades de este colectivo que no son tratadas debidamente por la política de salud penitenciaria, está la imposibilidad de continuar o comenzar tratamientos hormonales. Por otro lado, un alto porcentaje de las personas trans padecen VIH y la falta de atención adecuada sobre esta afección es una de las principales causas del agravamiento de las condiciones de salud. Rara vez se realizan los controles necesarios y tampoco se respetan el suministro de medicación y la dieta especial indicada".

"En términos estructurales, hay dos rasgos característicos del trato discriminatorio como parte de la política de gestión del SPB; por un lado, incumple la ley 26.743 sobre identidad de género y no tiene en cuenta los trámites de rectificación registral. Por otro lado, la organización penitenciaria de pabellones donde las trans comparten encierro con homosexuales y detenidos por delitos contra la integridad sexual; esta decisión refleja claramente una sanción moral contra lo que el SPB parece considerar una “desviación sexual”, un concepto retrógrado e inexplicable", agregaron. 

La situación en las cárceles bonaerenses se agrava a la par que crece la persecución y encarcelamiento de personas trans. En el último año, la cantidad de travestis-trans detenidas creció casi en un 40%. Esto se complementa con el uso abusivo de la prisión preventiva: el 86% de las personas que conforman este colectivo están detenidas sin condena, concluyó la CPM.