Otra campana (en campaña) sobre la corrupción

Por Luis Villanueva*

Los últimos años mostraron que es indispensable que en el campo popular haya un debate urgente sobre la corrupción. Las razones son varias, hay políticas, económicas y éticas. Lo que sigue es un desarrollo sobre las primeras. A escasos meses de las elecciones presidenciales debemos desequilibrar el paradigma vigente sobre la corrupción. Este paradigma afirma que la corrupción es un problema que atañe exclusivamente a la clase política y específicamente a los dirigentes de los gobiernos populares. Es común escuchar vincular a la corrupción con los gobiernos llamados “populistas”, a quien endilgan cierto autoritarismo, falta de seguridad jurídica, y niveles importantes de discrecionalidad que serían el basamento de una corrupción generalizada. El paradigma, no queda únicamente en un plano teórico, motorizado por el gobierno y medios afines, esta línea de pensamiento está presente en la campaña electoral. A su vez, Comodoro Py y sus salas de audiencia se presentan como escenarios de la disputa política donde más quiere Macri. 
 
Aquel paradigma, sin embargo, enfrenta seria críticas entre quienes estudiaron sobre el fenómeno de la corrupción. Una mirada atenta advierte fácilmente que en los sistemas económicos dominantes también existe la corrupción, generalmente cualitativa y cuantitativamente más importante. Incluso el propio modelo facilita, muchas veces, que los funcionarios sean ex o actuales empresarios, quienes actúan manifiestamente a favor de las empresas y a costa del Estado. En estos casos, la corrupción adopta formas más sofisticadas, de guantes blancos, como modificar aranceles de importación o exportación para beneficiar a determinadas compañías, o condonar deudas a través de procedimientos administrativos, por ejemplo, situaciones éstas que permanecen en la más absoluta opacidad y son de difícil comprensión para la mayoría de la gente, y que involucran tanto o más dinero que la corrupción llamada “populista”.
 
Asimismo, este gobierno, cooptado por sectores de las elites económicas, a cuyo beneficio enfoca las políticas públicas, construyó un esquema de gestión corrupto. Ese esquema, desde diciembre de 2015, ha cometido una gran cantidad de hechos de corrupción, muchos de ellos disfrazados de decisiones políticas y fundamentalmente económicas. A la vez, estas políticas económicas produjeron un inmenso perjuicio al patrimonio del Estado. El Estado dirigido al beneficio de las elites económicas, asimismo se ha centrado en los negocios financieros, causando un enorme enriquecimiento de fondos y especuladores a la vez que vació las arcas públicas. Esto también es corrupción.        
     
La corrupción es un problema sistémico, que obedece a factores económicos fundamentalmente y que puede darse en gobiernos de distinto perfil ideológico. Los hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos casi siempre tienen como contraparte a un representante del sector privado. Por ese acto de corrupción tanto el funcionario como el empresario debieran pagar las consecuencias penales y civiles. Sin embargo eso rara vez ocurre con los funcionarios y nunca con los empresarios.
 
Desde el campo popular no debemos limitarnos a la crítica de la corrupción en este gobierno. Para nada. No debemos esconder una autocrítica y es indispensable asumir el fenómeno con políticas públicas, hoy como propuestas, desde diciembre como gestión.  Es necesario que se comprenda que la corrupción es un problema de Estado, que debe concitar la más amplia atención por parte de todos los sectores y que nadie debe degradarla utilizándola como arma política circunstancial. Por el contrario, es imprescindible crear, con el esfuerzo y la buena fe de todos, un marco institucional sólido, democrático y participativo, que constituya una herramienta eficiente para prevenirla y derrotarla cuando emergen este tipo de prácticas ilícitas.

Es indispensable que una vez en el gobierno se lleve adelante una política anticorrupción. Hay varias razones para ellos, entre ellas:
La opinión pública instalada al respecto. La corrupción seguirá siendo un tema central en la vida pública, sobre todo mediante un permanente fogoneo por parte de medios del establishment. Incluso afectando cualquier gobernabilidad a partir de allí.

El convencimiento de que el no tenerla antes, se permitió la instalación de una serie de ideas y prejuicios sobre el peronismo, del kirchnerismo, del espacio nacional y popular sumamente disvaliosas. Además, se desacreditó el rol de la política en general. Quedó toda la dirigencia envuelta en una sospecha generalizada. En términos personales, además de los políticos ya mencionados, la sospecha de corrupción ha sido sumamente costosa para muchos dirigentes o ex funcionarios.

Al haber salpicado con la sospecha de corrupción casi toda la política pública, los sectores más conservadores procuraron enviar un mensaje a futuro. Las políticas más osadas pueden tener su castigo en tribunales. Lo mismo para aquellos que afecten intereses de ciertos sectores o personalidades del poder.  Se bloqueó, o por lo menos dificultó, la posibilidad de denunciar la corrupción de un Estado cooptado por elites económicas desde diciembre de 2015.
Se encubrió, mediante la noción de corrupción instalada, el rol fundamental de los poderes económicos para obtener beneficios a costa de los intereses generales. La corrupción, como distorsión de las políticas populares, nunca fue percibida y por el contrario la solución propuesta apuntó a disminuir la intervención estatal.

Cierto establishment protegió cualquier idea sobre la existencia de corrupción en las decisiones de los gobiernos capturados por las elites económicas. Aun cuando sus políticas (las de un Estado cooptado) muchas veces se enfocaran únicamente a beneficiar a los empresarios que sostienen al gobierno o que –directamente- pertenecen a sus funcionarios. Esas políticas requerirán una revisión en muchos casos, trabajar en la instalación de una noción de corrupción distinta será importante en ese sentido. Hay áreas centrales, como la financiera por ejemplo, que pueden ser pasibles de la concreción de políticas de transparencia sumamente útiles para un modelo económico nacional.

La corrupción debe prevenirse con más políticas de transparencia y un pleno funcionamiento de los organismos de control. A la vez es fundamental el control social a la gestión pública a través de la participación ciudadana.  Entre las mejoras institucionales lo primero será modificar drásticamente el anclaje institucional de la Oficina Anticorrupción, que se ha convertido en un apéndice del gobierno de turno. A eso sumado que la actual gestión ha centrado toda su actividad investigativa- según reconociera su titular, Laura Alonso- en la persecución política a los opositores.
 
Respecto a la participación ciudadana para prevenir la corrupción se debe aplicar la auditoría social sobre compras, contrataciones y funcionamiento de los organismos de servicios públicos. Así como lanzar el Programa Redes para el Control Popular. Debe establecerse la facultad de la sociedad civil para ser querellante en casos de corrupción. También la de fortalecer el programa de protección de testigos y crear la figura del testigo protegido de instituciones financiera.
 
Los actos de corrupción de un funcionario no pueden justificarse ni ética ni políticamente. Representan, antes que nada, una distorsión en los valores de un espacio político que pregona el aporte (incluso el sacrificio) individual a favor de un proyecto colectivo que procura el bienestar del pueblo y el crecimiento e independencia de una Nación. Quien comete un acto de corrupción se ha corrido de ese camino, apartado de esas ideas, y debe afrontar las consecuencias de ello.  

Es necesario que en el marco de un sistema penal, respetuoso de garantías y derechos, se juzguen todos los actos de corrupción y a todos los que participaron de ellos (agentes públicos y entes privados). Es necesario que el sistema de administración de justicia cumpla con ese cometido, sin mirar quién está en el gobierno y debe sopesar por igual a quien tiene poder económico o mediático de aquel que no lo posee. La investigación, como el juicio y luego los recursos de apelación, deben darse siempre dentro de la ley, con respeto absoluto de las garantías constitucionales y procesales y sin distinción entre funcionarios, empresarios y ciudadanos comunes, sean los funcionarios de gobiernos actuales o anteriores, los empresarios grandes o pequeños, y los ciudadanos conocidos o ignotos. De lo contrario todo puede ser peor, porque sin respeto a esas garantías la lucha contra la corrupción se bastardea, pudiendo convertirse en una persecución política.

*Abogado. Especialista en políticas de transparencia y anticorrupción.