Justicia para Lucas Cabello: madres de víctimas de violencia institucional dijeron presente

Por Florencia Rey y Santiago Asorey

Este jueves 22 de agosto, comenzó el juicio oral y público por el caso de Lucas Cabello. Hace cuatro años, el joven fue baleado por el policía de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Ayala, en la puerta de su casa. En la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, organizaciones sociales y madres de víctimas de gatillo fácil acompañaron a Lucas Cabello y su familia en la puerta de Tribunales con una radio abierta. Dentro del Tribunal, declararon testigos presenciales del  hecho entre los que se encuentra la hermana de Lucas y su ex pareja quien se encontraba en el momento en el que policía disparó. Por su parte, Ayala se negó a declarar. Fueron parte de la audiencia de debate también la fiscal Adriana García Netto, los abogados de Lucas Cabello: Gabriela Carpineti y Adrián Albor. Además del abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (querella), Matías Busso. A su vez, un grupo de madres de víctimas de violencia institucional estuvo acompañando a la familia Cabello en el inicio del juicio. Las proximas audiencias serán el 3, 10 y 17 de septiembre, horario a confirmar.

“Una vez más acompañando a otra familia pero dando gracias que Lucas está vivo. Estamos viviendo épocas muy duras donde necesitamos justicia para que los otros policías tengan en cuenta que cuando hacen las cosas mal tiene que ser condenados. Repudiamos el accionar policial en estos tiempos, que se encrudece, y se ve mucho más la violencia de parte de las fuerzas de seguridad”, expresó la madre de Ezequiel Demonty, Dolly Demonty en conversación con Agencia Paco Urondo. Resaltó además que “Patricia Bullrich sale a defender estas acciones y lo ven como un hecho normal”. 

Asimismo, Roxana Cainzos expresó: “Después de casi cuatro años estamos esperando ver sentado al policía que intentó matarlo, que hoy está en libertad. Estamos enojadas con tanta impunidad que manejan, enojada con las nuevas modalidades de la Doctrina Chocobar. Nuestro barrio está muy lastimado por esta policía que maneja Bullrich asi que aca estamos apoyando a la familia y pidiendo justicia porque esto no da para más”

“Vengo indignada, empezando por el policía que le pegó una patada en el pecho a un hombre pero mas me indigno Patricia Bullrich que salió a defenderlo diciendo que no se murió por la patada sino porque pegó contra el cordón de la vereda. ¿Hasta cuando esta mujer va a querer tapar el sol con un dedo? Ya tres veces se suspendió este juicio, es obvio que le tiró de atrás, que lo dejó en silla de ruedas. Lucas sobrevivió de milagro y una parte de él está muerta. No puede hacer lo mismo que hacía antes. Que estemos acá y no se haya suspendido para mi significa algo increíble”, resaltó la madre de Kiki Lezcano, Angelica.

“Lucas hoy está. Su mami, Carolina, hoy no tiene que llevar una pancarta en el pecho con la foto de su hijo. Eso lo celebramos. Queremos Justicia, queremos que Ayala cumpla una condena, queremos que no haya más pibes y pibas asesinados por uniformados. No queremos más muertos que siempre son evitables, son asesinatos en masa. No queremos más gatillo fácil, no más patada fácil, no más Doctrina Chocobar. No más represión, no más tarifazo, no más despidos no más exclusión a nuestros pibes/as, más escuelas, más educación. Nunca más Bullrich, nunca más Macri”, aseveró Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera.

En esta misma dirección, habló Lilia Saavedra, mamá de Ramón Santillán, quien señaló: "tenemos que seguir acompañando a Lucas y a su familia para que se haga justicia. Es verdad gracias al universo Lucas está vivo pero eso no es un atenuante para el policía que lo baleó y lo dejo postrado en una silla de ruedas".

Cabe recordar que Lucas tenía 20 años cuando fue baleado la tarde del 9 de noviembre de 2015 en la puerta de su casa, ubicada en el barrio de La Boca, frente a su compañera y su hija de 2 años.  Ricardo Ayala le disparó una vez por la espalda y luego dos veces más cuando ya estaba en el piso. La Cámara Nacional de Apelaciones reconoció en 2017 que el intento de homicidio representó “una grave violación a los derechos humanos” y revirtió la actuación del juez Osvaldo Rappa quien había calificado el hecho como “exceso en legítima defensa”.