¿Cuál es el plan de cuidados de personas del gobierno de Alberto Fernández?

Por Josefina Figueroa

El gobierno de Alberto Fernández recibió para sus políticas públicas una propuesta de la Comisión de Cuidados del PJ, coordinada por la socióloga y creadora del Consejo Nacional de la Mujer, Virginia Franganillo. La iniciativa parte del concepto de cuidado entendido como aquel trabajo remunerado y no remunerado, que mayoritariamente recae en las mujeres, de atención a las necesidades de niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidades y en general, de todas las personas con algún nivel de dependencia temporal o crónica. 

Según estima la OIT (Organización Internacional del Trabajo) existe una demanda mundial creciente de estas actividades y la posibilidad de creación de 500 millones de puestos de trabajo en el sector. Partiendo de ese dato, la propuesta sostiene que en el marco de un momento de gran incertidumbre económica y social, el Estado en su rol de garante, promotor y regulador, debe intervenir para mejorar y potenciar las condiciones del sector que lleva adelante la actividad. El objetivo de la agenda será el desarrollo de los derechos humanos básicos de la infancia, la reducción de la pobreza,  la reactivación de la economía y la reducción de las desigualdades sociales y de género.

“Con esta propuesta hemos podido incidir en un tema clave para avanzar contra la pobreza y la desigualdades de género. Su armado contó con la participación fundamental de compañeras como la economista Lucía Cirmi, la dirigente sindicalista y de la economía popular Carolina Brandariz, la especialista en empleo María José Rodríguez, entre otros", explicó Franganillo. Asimismo agregó que: "por primera vez en la historia un presidente habló de feminismo, de cuidados y de economía popular como obstáculo principal para alcanzar la igualdad de las mujeres. Habló de educación temprana, de los servicios desde los 45 días y de la doble jornada en escuelas, todos temas prioritarios en la agenda de cuidados. Las políticas públicas serán progresivas y se irán definiendo con el gobierno en funciones".

Una agenda de cuidados para reactivar la economía y atender la emergencia social

Cinco millones (el 52%) de niños y niñas en Argentina son pobres y un millón padecen hambre. Esa pobreza se magnifica en hogares con mayor responsabilidad de cuidados y menor cantidad de adultos con ingresos. El incremento del número de hogares monomarentales agudiza esta situación y vuelve a reproducir feminización e infantilización de la pobreza (INDEC 2019). 

En Argentina el 84% de los hogares monoparentales está a cargo de una mujer. Los hogares con jefatura femenina son 5% más pobres que los hogares con jefatura masculina, producto de las históricas marcas de género sobre los diferenciales de ingresos (Observatorio de la Maternidad).

La efímera oferta pública de cuidado infantil, que sólo cubre al 6% de infancias entre 0 y 2 años (ENES 2015), y la falta de ingresos para contratar servicios privados, disminuyen las posibilidades temporales de generación de ingresos y de ocupación fuera del hogar para las mujeres. Pobreza, desigualdad de género y cuidados están íntimamente relacionados. 

En las crisis, las mujeres de los sectores populares redoblan sus largas jornadas de trabajo repartidas entre el cuidado de los propios (Rodríguez Enriquez, 2014) y el que desempeñan contratadas en general, en condiciones precarias y desjerarquizadas como cuidadoras o trabajadoras de casas particulares. En este sector, las mujeres son el 98% y ese trabajo constituye la salida laboral para el 17% de las mujeres ocupadas (MTEySS, 2018). Sector en el que también se han producido despidos o disminución de la carga horaria de trabajo por la pérdida de ingresos de los sectores medios que lo demandan.

Las propuestas a corto, mediano y largo plazo

• El Programa de mayores cuidados busca trabajar sobre dos problemáticas incrementadas por la  crisis económica de los últimos años: el desempleo de jóvenes y las necesidades de cuidado de personas adultas mayores. Propone una iniciativa estatal que forme al primer grupo poblacional en tareas de cuidado y ofrezca sus servicios a domicilio (o en instituciones) a personas adultas mayores que así lo necesiten (y que demuestren algún grado de dependencia funcional). El servicio podrá ser gratuito (financiado por el Estado) para jubilados y jubiladas que perciban el haber mínimo; subsidiado en casos de ingresos medios y remunerado para ingresos que puedan afrontar la contratación de estos servicios. Implementar esta iniciativa implicaría:

- Rediseñar los servicios y hacerlos masivos.
- Mejorar las condiciones de infraestructura de las instituciones especializadas (hogares de día, centros de encuentro, residencias permanentes).
- Iniciar una política de capacitación de personas que se aboquen a los cuidados, con especial foco en el empleo de jóvenes y otros grupos que sufren discriminación laboral (población trans, por ejemplo).
- Intervención de las carteras de Trabajo, creación de áreas especializadas, Desarrollo Social, PAMI y la ANSES.

• El fortalecimiento de las redes comunitarias de cuidado (asociaciones civiles, cooperativas y cooperadoras, movimientos sociales) que resuelven diariamente la necesidad de cuidado, alimentación y otras urgencias en el marco de la emergencia social. Estas actividades son llevadas a cabo en su mayoría por mujeres organizadas con una larga trayectoria de trabajo, compromiso y capacidad de articulación con distintos niveles del estado. Por lo que la iniciativa apunta a encarar procesos masivos de reconversión laboral que apunten a la integración a trabajos en relación de dependencia de expandirse los servicios de atención públicos de educación temprana. Este fortalecimiento abarca las mejoras en infraestructura de espacios de cuidado de la infancia como los EPI (Espacios de Primera Infancia) en la provincia de Buenos Aires, o los CPI (Centros de Primera Infancia), en la Ciudad de Buenos Aires. Así también los espacios de formación 
• Refuerzo de ingresos para personas a cargo de cuidados familiares para atacar el núcleo duro de la pobreza que está íntimamente relacionado con el cuidado. Se propone como alivio inmediato para él o la adulta que debe asumir responsabilidades de cuidado de más de dos niños menores de entre 1 y 4 años de edad que no cuenta con ingresos propios ni de otro miembro de la familia y la provisión de cuidado público o comunitario no está disponible.
• Aumento inmediato de la remuneración por hora para las trabajadoras de casas particulares se plante a unaumento. Las trabajadoras de casas particulares constituyen un universo de relaciones laborales que permanece aun mayoritariamente en la informalidad (75%), considerando las características particulares del régimen de aportes y contribuciones a la Seguridad Social (montos mínimos) que distan de ser las del resto de de la clase trabajadora asalariada. También se exigirá la utilización de la figura de presunción (indicadores técnicos mínimos) para que AFIP deduzca y grave a los hogares que están utilizando servicios de trabajadoras de casas particulares sin registrarlas. Es necesario también crear o fortalecer registros de provisión pública, mayor formación y capacitación que incluya derechos laborales, así como aplicar cupos inversos (que se emplee una minoría de varones para ir modificando  estereotipos).
• Plan gradual y sostenido de expansión de la oferta pública de educación temprana. El desafío es definir e implementar una política nacional que requiere de un abordaje intersectorial, en el máximo nivel del Estado. Estas políticas deberán contemplar las distintas realidades de las jurisdicciones a través de  acuerdos federales y sectoriales, regulando, protocolizando y generando estándares de calidad, sintetizando la educación y lo comunitario, incluyendo las necesidades de las mujeres, de la diversidad de familias, jerarquizando los trabajos y a los/las trabajadoras del sector; mejorando lo existente y ampliando la cobertura hasta  universalizar, invirtiendo con presupuestos especiales y garantizando servicios de calidad.
• Licencias igualitarias y corresponsabilidad empleadora en los cuidados. Esto requiere prioritario actualizar la regulación del trabajo a la realidad de un mundo con presencia sostenida de la participación de mujeres, que a lo largo de todo su ciclo vital buscan conciliar sus responsabilidades familiares, su trabajo doméstico y de cuidado, con la búsqueda, el acceso y la permanencia en los trabajos remunerados. Esa asignatura está pendiente para el derecho laboral argentino. 
• Licencias igualitarias y corresponsabilidad empleadora en los cuidados. La iniciativa se propone ampliar la participación de los padres o progenitores en el goce de las licencias o períodos de prohibición de trabajar por maternidad/paternidad o crianza. Promoviendo la  corresponsabilidad en el cuidado, se propone avanzar en el cambio cultural eliminar la dinámica estructural de la discriminación laboral y la desigualdad en el campo del trabajo en perjuicio de las mujeres y otras feminidades. La agenda propone además extender los regímenes de licencias por cuidado para monotributistas y autónomos. 
• Prórroga de la moratoria jubilatoria y reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres. Deberán restituirse las moratorias previsionales que permitieron acceder al haber mínimo a quienes no contaban con aportes suficientes. El 87% por ciento de los 2,7 millones de personas que accedieron son mujeres. Esta política basada en principios de equidad de género aplicados a la seguridad social, garantiza ingresos en la adultez e implicó el reconocimiento de las tareas domésticas y de cuidado que obstaculizaron la participación plena de las mujeres en el mercado de trabajo. Permitió asimismo activar el ejercicio de la autonomía económica.

Sobre su potencial aplicación, la coordinadora de la iniciativa explicó que "son políticas intersectoriales. Se deberían llevar adelante a través de muchos Ministerios como Infraestructura, Economía, Educación, Salud, Igualdad, Mujer y Diversidad. Ya se han creado dos direcciones de cuidado en el nuevo ministerio de la Mujer y en la secretaría de Desarrollo Social”.