¿Qué hacer con la megaminería?: "Hay que superar la lectura cortoplacista"

Por Leandro Andrini

En estos días, frente a la sanción de la Ley 7722 en Mendoza y la consecuente respuesta popular, diferentes voces se han pronunciado sobre el tema de la minería. Entre ellas, las de referentes tales como Enrique Martínez (expresidente del INITI) y científicos/as pertenecientes a CONICET y nucleados en la Red de Estudios Ambientales Bonaerense.

En la nota de opinión "El sonlomismo ataca de nuevo", Martínez sostuvo que “que hay más de una tecnología para separar los metales, no caigamos en el pensamiento único tecnológico. Lo que sucede es que las empresas han generalizado la tecnología más económica para ellos aunque tenga el efecto negativo desde el punto de vista ambiental que conocemos. Simplemente, hay que bloquear los caminos tecnológicos que impliquen contaminación ambiental, como sucede en el debate equivalente que se da en la producción agropecuaria, y las tecnologías alternativas van a aparecer”.

Además, afirmó que “hay que redimensionar la minería en la Argentina definiendo la escala de producción a partir de los bienes finales que se quieren obtener. Es decir, no convertirse en un proveedor de concentrado de cobre o plomo (o incluso oro y plata) a escala gigante para exportar sino producir concentrado de cobre para luego producir refinado de cobre a escala del consumo interno como mínimo. Y, con la prudencia y timidez necesarias desde el punto de vista tecnológico, avanzar hacia la exportación”.

Los/as científicos/as, por su parte, en el documento "Sobre la Minería Extractiva", indicaron que “consideramos que el derecho a disponer de recursos naturales de calidad, en particular el agua, bien escaso y altamente vulnerable a la contaminación, debería ser respetado por las autoridades locales y nacionales dado que se expresa como un derecho en el Art. 41 de nuestra Constitución”.

A lo que agregaron ocho puntos fundamentados. En el primero, se destaca que el agua “no es sólo un recurso, es un bien común” cuyo acceso “es un derecho básico para los pobladores actuales y los futuros”. En el segundo, que la “minería extractiva contamina, más aún con la modalidad de cielo abierto, afectando los recursos naturales y la vida de la población vecina”, apoyando esta afirmación en diferentes informes y situaciones a lo largo de los últimos 25 años.

En el tercero, y en consonancia con lo sostenido por Martínez, hicieron hincapié en las tecnologías disponibles y sus respectivos usos. En el cuarto, indicaron que los problemas “sociales muestran que si bien la extracción produce empleos, hay un impacto ambiental negativo respecto de la calidad de vida”. “Los modos de implementación de la explotación minera realizados hasta la fecha en nuestro territorio dan cuenta del deterioro ambiental y social. Pasado el tiempo de concesión, las empresas sólo dejan un elevado pasivo ambiental, una población empobrecida, y recursos económicos exiguos. Las únicas beneficiadas han sido las corporaciones mineras que explotaron el recurso”, sostuvieron enfáticamente en el punto 5.

En el sexto, remarcaron que la “actividad minera requiere de claros sistemas de control ambiental (químico, biológico, toxicológico), de medidas de mitigación de la contaminación y depuración de las aguas afectadas, juntamente con análisis antropológicos y sociológicos”. “Es necesario evaluar detener esta medida” porque deben ser “considerados los efectos interprovinciales con respecto a la contaminación de grandes cuencas hidrográficas y de aguas subterráneas”, debido a que el impacto ambiental no sólo afecta a la provincia en cuestión, describieron en el anteúltimo punto.

Y culminaron diciendo que “esta política tiene una lectura cortoplacista, no mide ni considera el impacto que tendrá en las generaciones futuras. La explotación minera merece ser considerada como una acción de política que transcienda las generaciones. A modo de propuesta inicial, una posible medida superadora sería generar una empresa nacional minera u organismo estatal, que supervise y controle la actividad minera en el país, con el acompañamiento de especialistas de organismos del Estado como las Universidades Nacionales y el CONICET, y representantes de los movimientos sociales con incumbencia en el tema”.

El tema está instalado en la arena política toda. Será imprescindible saber dinamizar las estructuras disponibles para trascender el cortoplacismo que, como indica Martínez, lleva a que Argentina exporte concentrado de cobre e importe alambre de cobre, lo cual “es una típica situación de país subdesarrollado que hay que eliminar”, con las consecuencias socio-ambientales que dan cuenta las/os investigadores de CONICET.