Litio en Argentina: mitos, realidades y el debate sobre qué hacer

En el último tiempo, parte del debate económico se centra en las posibilidades de Argentina con respecto a la producción de litio en medio de un contexto internacional muy favorable para la comercialización de ese mineral (y sus derivados). La transición energética y el camino hacia la electromovilidad, dinamizado por las principales potencias mundiales, se presentan como pilares ineludibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2° centígrados.

Argentina conforma junto a Chile y Bolivia el llamado “triángulo del litio”, que reúne el 60% de ese recurso a nivel mundial. Sin embargo, vale señalar que los especialistas aclaran que recurso no es lo mismo que reservas y mucho menos producción.

Para considerar reservas, los minerales deben ser comercialmente viables y técnicamente extraíbles. Dicho de otro modo, de nada sirve contabilizar recursos si no se puede acceder a ellos (reservas) o incluirlos en un proceso de producción. En ese sentido, Chile es el país con más reservas (comprobadas), del orden de las 9,2 millones de toneladas, seguido por Australia (5,7 millones de toneladas) y luego Argentina, con 2,2 millones de toneladas. Al respecto, se puede observar la situación de Bolivia, que cuenta con 21 millones de toneladas de litio puro (en el salar de Uyuni) pero por el momento su capacidad de explotarlo es bajísima. 

En lo que hace a la producción de carbonato de litio equivalente (LCE por sus siglas en inglés), Argentina se encuentra en el 4 lugar con aproximadamente 33.000 toneladas LCE anuales. Quien lidera el ranking es Australia con 290.000 toneladas LCE; en segundo lugar, se encuentra Chile con 138.000 toneladas LCE y cierra el podio China con 74.000 toneladas LCE.

Qué hacer

AGENCIA PACO URONDO dialogó en off con especialistas en la temática, entre ellos, funcionarios de la gestión nacional y de algunas provincias con minería. Todos remarcan lo mismo: más allá del enorme potencial, hoy la actividad está lejos de tener peso en la economía nacional. Actualmente existen solo dos proyectos en producción con inversión en ampliación (Fénix en Catamarca y Olaroz en Jujuy), seis en construcción y otros treinta en etapas previas avanzados. Todos estos proyectos están ubicados en regiones de bajo desarrollo económico, por lo cual resultan estratégicos para la planificación del desarrollo nacional federal.

Hay más números para dimensionar la situación: en 2022, las exportaciones de LCE totalizaron (datos preliminares) USD 680 millones, es decir menos del 1% de las exportaciones totales del país. De hecho, si totalizamos las exportaciones de minerales metalíferos y litio, las mismas ascendieron a USD 3.900 millones, representando el 4% del total exportado. La minería metalífera como complejo exportador en general y el litio (LCE) como producto en particular, resultan significativamente inferiores en términos económicos a otros complejos exportadores nacionales, como por ejemplo los sectores oleaginoso (31% del total exportado) y cerealero (22% del total exportado). El país tiene un desafío en esa materia: Chile exporta más de 50 mil millones de dólares en minería, casi 8 mil millones en litio.

Es decir, la Argentina cuenta con un alto potencial pero todavía le falta mucho camino para desarrollar un sector minero metalífero y litífero pujantes. Por eso, es importante que el peronismo empiece a preguntarse con claridad cuáles son las mejores alternativas para encarar el desarrollo del litio. En la misma línea, es destacable que las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy (donde conviven diferentes colores políticos), donde se encuentra el recurso en el país, propongan la creación de una “mesa del litio” y sienten a esa mesa a funcionarios nacionales y a representantes de YPF, quienes trabajan en una prueba piloto para construir baterías de litio. Se analiza negociar con las empresas mineras para que destinen parte de sus ventas al país, para disponer del recurso para industrializarlo. “También planteamos nuestra preocupación por el exorbitante incremento del valor internacional de la tonelada de litio y que no se refleja en la renta que reciben las provincias litíferas”, agregaron.

Sobre mitos y realidades

La actividad minera – en general - cuenta con muy mala prensa entre los sectores progresista, la izquierda y buena parte del peronismo urbano. Incluso en el interior tiene mucha resistencia, lo que hace que en varias provincias existan prohibiciones.

Ese rechazo se basa en parte en varios mitos sobre los cuales vale detenerse. Por ejemplo, suele repetirse que el Estado “no participa del negocio minero” que así queda en manos de empresas extranjeras. “Las empresas provinciales participan de una u otra forma en todas las jurisdicciones donde la actividad se lleva a cabo. IPEEM participa de Veladero, Fomicruz de Vanguardia, etc. / CAMYEN firmó acuerdo con YPF para el desarrollo de un proyecto en Fiambalá; JEMSE participa con el 8,5% de los proyectos en actividad en su provincia y tiene preferencia de compra del 5% del volumen producido. Ergo, los mecanismos están”, destacan las fuentes consultadas.

Después, aclaran lo siguiente. Es cierto que la ley de promoción de inversiones mineras, de los años 90, le dio estabilidad fiscal por 30 años a las empresas que inviertan. Pero eso no significa que el sector no tenga impuestos. Por ejemplo, paga el 35% del impuesto a las ganancias, entre otros tributos nacionales, provinciales y municipales. Al respecto, según un estudio del CEP-XXI, en base a la Encuesta de Nacional de Grandes Empresas, el 77% de las ventas realizadas por las grandes compañías mineras metalíferas que operan en el país se queda en Argentina, en gastos como pago a proveedores nacionales, masa salarial e impuestos.

En ese sentido, los especialistas consultados aseguran que la comparación con Chile en relación al cobro de regalías no es apropiada. Porque Chile posee una organización unitaria, al contrario de Argentina que cuenta con un esquema federal con tributos en diferentes niveles juridisccionales. En efecto, en la comparación de la presión tributaria entre ambos países y otros de la región, nuestro país se encuentra entre los que muestran niveles más elevados.