Caso Fátima Acevedo: crónica de un feminicidio anunciado

Por Mariano Osuna* / Foto: El Litoral

Arranco estas líneas, entre la impotencia y la bronca, de una crónica de un feminicidio anunciado. Uno más con denuncias previas, diversas formas de violencia y la revictimización de un Estado que falla en todos sus poderes. Fueron tres años de aquellas primeras denuncias tramitadas en el Juzgado de Familia Nº1 de la capital entrerriana, cuando Fátima, con 22 años en aquél entonces, decidió exponer y visibilizar una maraña de violencias sufridas por Nicolás Martínez. Violencias constantes, en un sistema que enseña culturalmente a los varones a que las mujeres son sus propiedades, a que las denuncias dan lo mismo, a que la libertad de vestirse y disfrutar de una sexualidad placentera solo es cosa de hombres, a que los cuerpos son objeto del patrimonio de sus parejas varones, a que la violencia es parte del amor, a que la vida también es propiedad de ellos. 

2017

Ese año fueron las primeras denuncias. Un pedido de ayuda al sistema judicial y a una corporación policial que muchas veces no tiene formación alguna en estos temas, encubre violencias y decide no creer en las voces de las denunciantes, que solo consiguen una revictimización y la incertidumbre de no saber si vuelven a sus casas con vida.

Desde allí, el contexto de violencia fue creciendo física, psíquica y sexualmente. No sólo contra la Fátima, sino contra sus amistades, el hijo en común con el agresor y su entorno cotidiano. Como aquella jornada del 31 de enero de este año, cuando el feminicida Martínez intentó rociarla con ácido, entre tantas amenazas de muerte diarias, y Fátima salió con lo puesto de esa vivienda para salvar su vida. 

Una restricción que no restringe

Siete días después de aquél hecho, el Poder Judicial dictó una orden de restricción para que Martínez, de 35 años, no se acerque a Acevedo. Una medida irrisoria e incrédula si se confía en el accionar de un violento y no se monitorea su desarrollo cotidiano. 

Haciendo un paréntesis, vale decir que pareciera una paradoja trágica que en un país donde se usan las prisiones preventivas para el gusto del microclima político no se utilice en situaciones graves con tentativas de homicidio, violencias de género y feminicidios. Casi como una foto que se repite, uno recuerda a Broggi, el corrupto y abusador de niñas, niños y adolescentes, que tuvo el privilegio de libertad hasta la tercera instancia de confirmación de su condena o el feminicida de Micaela García, Sebastián Wagner, que gozó de las libertades transitorias luego de violar otras dos mujeres. 

En paralelo con la medida de restricción, Fátima insistió en pedir ayuda en su lucha por la vida. Lo hizo mediante la Residencia o Casa Municipal de la Mujer de Paraná. Allí permaneció, entre las fallas del sistema, hasta su desaparición, o mejor dicho la última vez que se la vio, el domingo 1 de marzo. 

Nueva denuncia

Cinco días después de la orden de restricción, la joven volvió a denunciar al violento Martínez. Luego del intento de rociarla con ácido, la joven se fue como pudo, dejando la mayoría de la ropa y documentación en la casa de él. La denuncia, esta vez, fue porque pese a la perimetral, el feminicida estaba rodeando las instalaciones de la casa municipal donde transitoriamente ella se encontraba.

El domingo 1 de marzo fue la última vez que se supo algo de Fátima. En esas dos semanas previas, luego de la última denuncia radicada el 11 de febrero, Martínez envió mensajes amenazantes e incluso redactó un mensaje haciéndose pasar por la joven. Ya en ese transcurso, ella tenía el botón antipánico, una aplicación que se usa desde el celular y donde se debe apretar tres veces para alertar sobre la situación de violencia que se vive. Una herramienta que tienen actualmente en Paraná más de 100 mujeres y que tiene las limitaciones de necesitar internet y batería para su uso.

Su desaparición: evitable y anunciada

Un día después, una amiga, Florencia López, radicó la denuncia. Amiga a la que Martínez intentó separar más de una vez de Fátima, con la excusa de los celos que no son otra cosa que la violencia cotidiana. Amiga a la que las autoridades de la Casa de la Mujer dijeron llamar y nunca hicieron. Amiga a la que Fátima envió audios claros y concretos diciendo que estaba cansada de hacer denuncias y que nadie haga nada, como si la policía, los gobiernos y el Poder Judicial esperaran a que la asesinaran. Una lamentable crónica de un feminicidio evitable pero anunciado. Audios, además, donde la joven denuncia los vínculos del feminicida con algún juez, muy cuestionado por su labor en otras causas de desapariciones y feminicidios donde nunca hubo un acusado, una indagatoria, y mucho menos un condenado. 

Allanamientos

Un día después de la denuncia, el 3 de marzo, se dispusieron los primeros allanamientos en la vivienda de Martínez, donde se secuestraron diversos elementos y se detuvo al feminicida. Desde allí siguieron cinco días de búsqueda, interpelado y acompañado por las voces colectivas de mujeres, lesbianas y trans que, de manera organizada, luchan por los derechos arrebatados por estructuras arcaicas y patriarcales. 

Tras rastrillajes intensos en terrenos cercanos a la vivienda del feminicida, donde existen unos 20 pozos de agua de unos 18 metros de profundidad, hallaron los restos de Fátima, en la mañana del domingo 8 de marzo. Lugar donde estuvieron tres días, con perros y la maquinaria policial, pero solo el domingo pudieron localizar el cuerpo.

Todos los caminos van a Martínez

Las primeras pericias y allanamientos determinaron que Martínez envió otro mensaje, simulando ser la víctima, a una compañera de la Casa Municipal de la Mujer, aludiendo sobre un supuesto trabajo nuevo. También se encontró un chip de la joven en la vivienda del feminicida y se confirmó que intentó usar su tarjeta de cobro en un cajero del centro de Paraná, aunque ya estaba bloqueada y sin posibilidad de extracción.

Voces oficiales

Párrafo aparte merece la voz oficial de la subsecretaria de la Mujer de la Municipalidad diciendo “que no hubo negligencia por parte del Estado municipal”. Agregó que “todo lo contrario. Las prácticas de uso para estos casos fueron activadas en tiempo y forma”. Ni hablar del comunicado oficial de la Municipalidad titulado “Sobre la actuación del Municipio en el caso Fátima Florencia Acevedo” donde intentó repartir excusas y justificaciones, como si el sistema todo no hubiera fallado. 

También merece mención la conferencia de prensa en los Tribunales de Paraná del procurador general, Jorge García, la Fiscal, Cecilia Goyeneche y el fiscal de la Unidad de Género, Leandro Dato, donde dijeron insólitamente que el Estado a veces llega tarde. Como si esa fuera una opción de respuesta oficial de un Estado que debe elaborar, planificar e implementar políticas públicas integrales que erradiquen todas las formas de violencias.

Sandra también lo denunció

Si algo le faltaba a la historia era saber que previo a 2017 Martínez tenía otra denuncia por violencia de género. Ahí estuvo la voz valiosa de Sandra y su madre Irene Molinare, con quién Martínez tuvo una hija que hoy tiene 12 años. Una relación que duró poco más de tres años, mientras el acoso, el hostigamiento y la violencia perduró más de siete. Sandra tuvo que irse de la provincia hacia el sur del país a vivir con una tía para salvar su vida luego de la violencia constante. 

Movilización, Vigilia y Marcha

Tras conocerse el hallazgo de los restos de Fátima, cientas de mujeres se movilizaron al Palacio Tribunal, frente a Casa de Gobierno, en la capital provincial, para manifestar, entre dolor, angustia, bronca e impotencia, la violencia de todos los días, donde 34 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres en enero, 29 en febrero y 6 en los pocos días de marzo. Allí se quedaron durante toda la jornada del domingo, con una vigilia por la noche, esperando las respuestas oficiales que nunca llegaron. “Fátima como muchas otras, solicitó ayuda al Estado por todos los caminos posibles. La respuesta a su solicitud fue la desprotección y lamentablemente ahora tenemos que contarla entre las compañeras muertas a manos del patriarcado”, explicó esa Vigilia en un comunicado enviado a Agencia Paco Urondo. Durante esa marea de lucha y organización feminista se reclamó por la “renuncia de funcionarios responsables en todos los niveles y poderes del Estado; Ley de Emergencia por Violencia de Género con presupuesto real; Reglamentación en la ley 10058 mediante por la cual la provincia adhirió en 2011 a la ley 26485 para Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres”.

La convocatoria continuó hasta las primeras horas de la mañana y prosiguió por la tarde con una marcha que inició en Plaza 1 de Mayo de Paraná y se extendió hasta Casa de Gobierno y el Palacio Judicial. Con muchas familias autoconvocadas, organizaciones feministas, espacios de disidencia sexual, sectores gremiales, políticos, sociales, culturales, sindicales, partidarios y barriales, la contundente columna realizó la lectura de un documento colectivo.

Una crónica de un feminicidio anunciado. Un feminicidio que demuestra cómo falló todo el sistema. Porque falló el Poder Judicial, falló la corporación policial, fallaron los Gobiernos, fallaron los equipos dispuestos para abordar estas situaciones, fallaron las instituciones, fallamos todes, todas y todos como sociedad. 

Nos arrebataron a Fátima, como tantas fátimas en todo el país.

* Colaborador de Agencia Paco Urondo en Entre Ríos