Se cumple un mes del asesinato de Lucas Verón: piden elevar la causa a juicio

Por Diego Moneta 

El lunes se cumplió un mes del asesinato de Lucas Verón, de 18 años recién cumplidos, en medio de los festejos por su cumpleaños. Durante la madrugada del viernes 10 de julio, oficiales de la policía bonaerense lo persiguieron y posteriormente lo asesinaron de una bala en el pecho.

Familiares y amigos, acompañados por organismos de derechos humanos, marcharon reclamando justicia. La Fiscalía de homicidios de La Matanza solicitó la elevación a juicio de la causa y la prisión preventiva de los agentes Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, imputados como coautores del homicidio agravado de Lucas y en tentativa del amigo que lo acompañaba. Mary Castillo, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de La Matanza, debe decidir sobre dicho pedido.

En una gacetilla difundida por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representa a la familia Verón y al joven que sobrevivió al ataque, se destaca que reclamaron “medidas urgentes para avanzar en el expediente que investiga el encubrimiento por parte de funcionarios policiales y judiciales, entre ellos el fiscal Juan Pablo Tahtagian”.

La causa, a lo largo de este mes, tuvo un desarrollo dispar. La parte central que investiga el homicidio avanzó con celeridad y está cerca de elevarse a juicio, gracias a la gran cantidad de pruebas y testigos. En cambio, el expediente sobre la responsabilidad de distintos funcionarios en el encubrimiento posterior de lo sucedido no tuvo mayores avances.

A ello se suma la detención poco clara de un testigo relevante para la causa. “Un patrullero, de la misma comisaría donde se montó el encubrimiento policial tras el asesinato de Lucas, se detuvo abruptamente, lo subieron y llevaron acusándolo de un robo que según su familia no cometió” remarca el comunicado.

La familia del joven y la CPM fueron recibidos por la fiscal general Patricia Ochoa, quien se comprometió a trabajar para impulsar el expediente que investiga el encubrimiento. Además, se reclama el inicio de una investigación penal contra el fiscal Juan Pablo Tahtagian.

Según detalla la gacetilla, Tahtagian “no sólo permitió sino que avaló que, en las horas posteriores al hecho e incumpliendo la Resolución 1390, se tomen las primeras declaraciones a testigos en sede policial”, y agrega que el fiscal “estaba en la comisaría mientras Marcos, el amigo de Lucas, era hostigado y amenazado para que declare autoincriminándose”. Tahtagian fue recusado y desplazado de la causa a las pocas horas.

Por todas esas razones, la CPM realizó el pedido para unificar ambos tramos de la causa para “llegar a un único juicio y garantizar el abordaje integral del hecho”, obedeciendo el precepto jurídico que indica “el cuidado de las víctimas y la obligación de no exponerlos a una revictimización innecesaria durante la tramitación del proceso judicial”.

Por último, en compañía de la Mesa de derechos humanos de La Matanza, también se solicitó la creación de una fiscalía especializada en violencia institucional, según lo establece la ley provincial 14.687, sancionada en 2015 y aún incumplida. “Ante el aumento y la gravedad de los hechos de violencia estatal que vienen ocurriendo en los últimos meses, esta decisión postergada se hace cada vez más necesaria y urgente” finaliza el comunicado.