Reclamo de la Bonaerense: una presión, varios objetivos

Por Gabriel Fernández *

El anuncio de un redimensionamiento de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires resultó un buen momento para la demanda salarial uniformada. Si van a invertir tanto dinero en armas, móviles, equipamiento y contratación de personal, tomen en cuenta a los activos, plantearon los delegados de un sector del océano azul. Es preciso añadir que con la pandemia se quedaron sin ingresos extra de carácter legal: partidos, recitales, festivales. Y el temor se proyecta hacia el futuro, pues un barajar y dar de nuevo en la Agencia Federal de Inteligencia y en la Justicia Federal, también los dejaría sin vueltos en actividades reñidas con la ley.

Ese es el fundamento público y sindical de la algarada. Es interesante por motivos que ya veremos. Sin embargo, en el interior del mayor ejército interno del continente se mueven –sótanos de la democracia- otros intereses. Los mismos usufructúan demandas más razonables que legítimas y operan para brindar cauce político opositor a todo lo que sucede. Esos espacios oscuros tienen dos grandes referencias externas, los agentes de inteligencia que están dando batalla por su supervivencia, algunos dirigentes de Juntos por el Cambio y los representantes de grandes empresas que difunden su voz a través de los medios de comunicación concentrados. En ocasiones, se trata de las mismas personas encarnando espacios confluyentes.

Así, los objetivos primarios derivan hacia otros que son insertados en la reyerta laboral. Uno de ellos es la pertinaz búsqueda de la división entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, venas que insuflan sangre al Frente de Todos. La consolidación del cuarteto Alberto – Cristina – Massa – Máximo en el mes reciente configuró un alerta para el poder oligárquico en la Argentina, que atisba un futuro éxito electoral del peronismo. El importante nivel de popularidad del jefe de Estado, el lanzamiento de medidas activas destinadas a diseñar un 2021 más atractivo que este año de riesgo y el respaldo social a las acciones sanitarias gubernamentales son base de esos indicadores y sostén de la esperanza popular.

En provincia de Buenos Aires, el esquema bifronte que contiene a las organizaciones con tinte centroizquierdista surgidas en el seno del kirchnerismo y a los sectores hay que agarrar un fierro y entrar a dar y dar que son convocados por el estilo de Sergio Berni, permite proyectar una elección distrital en la cual todo se jugará en la interna y la combinación satisfactoria de ambos núcleos contará con la aquiescencia del gobernador Axel Kicillof y de la dirigente peronista Cristina Fernández de Kirchner. Entre ambas vertientes no queda espacio para opciones a izquierda y derecha porque condensan una parte mayoritaria de la opinión pública en la región. Por eso la acción de los poderes oscuros golpea allí y pretende transformar esa táctica de contención en un enfrentamiento agudo.

Al interior del espacio macrista la división se viene desplegando aceleradamente. Mientras un sector coordinado por Grindetti busca armar relaciones de supervivencia con el gobierno provincial, otro impulsado por Marcos Peña intenta golpear todo lo que existe para debilitar al oficialismo. Los gestos reservados recientes de Mauricio Macri para ensamblar su tropa y convencerlos de atemperar esa división cuestionando por lo que fuera a Kicillof han dado resultados parciales. Una parte de los alineados en el primer segmento diagnostican que por mucho que se esfuercen las grandes empresas, esa aceptación colectiva y la habilidad histórica del peronismo para nuclear propios y ajenos hace prever una catástrofe electoral liberal de proporciones. Se asientan en los sondeos: Macri es el político con peor imagen del país. 

Un retiro parcial de las calles de la policía bonaerense facilitaría las movidas provocadoras que se vienen incentivando. La idea de servicios y empresarios antinacionales es que la gente se pelee en las calles para evidenciar desgobierno y debilidad oficial. Hicieron sus ensayos en el Obelisco y, de común acuerdo con un sector del Servicio Penitenciario Nacional, jueces corrompidos y canales de televisión, los potenciaron con un traslado anunciado, a deshora y con lumpenes alquilados más ese puñado de medio pelo alto que nunca falta, en el Caso Lázaro Baez. El hecho, que denota una grave violación a las disposiciones del Poder Judicial, sirvió para impactar a la interventora del SPF, María Laura Garrigós de Rébori, quien para no admitir sus dificultades para poner en caja la entidad, encima tuvo que poner la cara y despegarla de responsabilidades.

El SPF, los jueces corrompidos, los vecinos indignados, los lúmpenes alquilados y los medios concentrados estimaron inadmisible que una persona que no evade impuestos, no posee cuentas offshore ni participa en el narcotráfico habite en el maravilloso country Aires del Pilar. El tema de los alquilados es más profundo de lo que se piensa: una gran cantidad de dinero originado en las empresas antinacionales es canalizado con ese objetivo sobre el Partido Libertario que orienta el economista Javier Milei, quien ha encontrado una veta meritocrática para reunir recursos. Aunque en el imaginario de los promotores se encuentre la sombra de aquellas Ligas Patrióticas, el autoproclamado vocero del liberalismo anárquico recaba sus adhesiones violentistas en el mundo del hampa. Sus adeptos instruyen a esos marginales para que apedreen e insulten aquello que huela a peronismo. 

Los cuidados sociales ante la pandemia vienen evitando las concentraciones masivas del movimiento obrero organizado y los movimientos sociales, que junto a las agrupaciones políticas nacional populares barrerían de un soplido semejantes pretensiones de atemorizar ciudadanos trabajadores y pensantes en las calles. Los cuidados innecesarios del gobierno nacional ante no sabemos qué cosa vienen evitando insuflar vida a los medios públicos y potenciar a los medios populares. Entre ambas ausencias de distinto tono, la voz que se extiende sobre la sociedad es la de una minoría sobre representada a través de la comunicación tradicional y las redes sociales. Y se adentra como una puñalada en una franja militante que admite el relato que la sitúa como minoría en un período de amplia aceptación colectiva para las banderas históricas del pueblo argentino.

El planteo original, que como vimos tiene rasgos sindicales orientados a mejorar la vida laboral de los policías, merece atención. Los cuatro años de ajuste que derivaron en recesión y la parálisis impuesta por la cuarentena afectó a todas las personas que dependen de su empleo, incluido el personal policial en sintonía con el conjunto de los estatales. La eventual asociación gremial policial que está surgiendo tiene antecedentes que pueden sorprender a algunos: dos entidades semejantes surgidas del personal de las Fuerzas Armadas y de los vigiladores privados –es decir, presuntamente maleables a las intrigas de los agentes de inteligencia- hoy se sitúan entre las fajas más combativas del movimiento obrero, despliegan una vida institucional normal y respaldan las iniciativas más firmes del gobierno. El poder absorbente del movimiento obrero argentino se revela intenso y persistente.

Por otro lado, es ostensible que los corto circuitos entre el gobierno provincial, Sergio Berni y los intendentes ha jugado un rol en este conflicto. La falta de articulación del joven mandatario y los gestos intempestivos de su funcionario han contribuido a que los jefes comunales dejaran hacer a las fuerzas que, en sus zonas de influencia, han operado para la politización de la demanda azul. La gestión viene absorbiendo de tal modo –seguramente comprensible- al gobernador, que dejó de lado su labor cautivante que lo llevó a transitar todo el territorio bonaerense y a dialogar con dirigentes, empresarios, sindicalistas, y construir una fuerza que fomentó su victoria. Como los golpes en su contra son también contra el proto candidato Berni, y por añadidura contra la vicepresidenta, el desajuste damnifica y exige una rectificación inmediata. 

La carta de triunfo del gobierno en esta situación radica en la inteligencia común de Alberto y Cristina. Ambos saben que cualquier despegue o intento de descargar culpas perjudica su poder político presente y lima sus perspectivas electorales futuras. Para una resolución de todo litigio hay varios caminos sintetizados en dos opciones: la represiva y la negociada. En ambos casos, astucia y firmeza necesitan enlazarse. 
Veremos cuál es la escogida por la conducción del Estado. 

* Director La Señal Medios | Con la colaboración de Omar Zanarini, Lautaro Fernández Elem y Leonardo Martin