Cablevisión, pará la mano

Mirá solicitada completa que están difundiendo uuarios de servicios públicos y organizaciones sociales, políticas y culturales:

Quienes abajo firmamos le exigimos a Cablevisión/Clarín/Telecom que respete al sistema democrático. Y que cumpla las normas que dicta un gobierno democráticamente elegido. Sobre todo cuando está en juego el acceso social a la información, la educación y la cultura.

Una vez más, el holding intenta burlarse de las instituciones y golpea el bolsillo de la ciudadanía.

Por segundo mes consecutivo, Cablevisión aplicó a los usuarios un aumento del 20 por ciento, desconociendo la autorización de sólo el 5 por ciento de incremento que dispuso el Ente Nacional de Comunicaciones mediante la Resolución 1466/2020, medida dispuesta en el contexto extraordinario de la pandemia que afecta al planeta.

Además, confiando en la influencia de su posición dominante de mercado y probables complicidades dentro del Poder Judicial, otra vez el Grupo maniobra judicializando resoluciones democráticas que benefician al conjunto de la sociedad y ponen límite a sus intereses corporativos.

En el fondo, la empresa pretende desconocer el DNU 690/20, con el que el presidente Alberto Fernández determinó que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un derecho humano básico, declarando a la telefonía celular, la fija, internet y la TV por pago como servicios públicos esenciales en competencia.

El decreto 690/20 ya refrendado por el Senado de la Nación repuso la facultad regulatoria del Estado que había derogado el macrismo. Y por lo tanto están plenamente vigente. Por ello los precios fijados para los servicios de TIC deben ser autorizados por el ENACOM.

También señalamos que es obligatoria para las empresas garantizar la Prestación Básica Universal (PBU) para toda persona cuyo ingreso fuera igual o inferior a dos salarios mínimos vitales y móviles, para que nadie se quede sin acceso a un recurso básico como la conectividad, por cuestiones económicas.

El mismo holding que repartió dividendos a sus accionistas en medio de la pandemia, hace uso de su posición dominante en el sistema de medios para lucrar con los usuarios mediante abusos tarifarios, hoy ilegales. A pesar del intento permanente de parte del gobierno de generar un vínculo de diálogo, las empresas del grupo Clarín desconocen las normas legales dictadas en un gobierno democrático. No es la primera vez.

El conflicto real sigue siendo el mismo. Quién gobierna la Argentina: el voto mayoritario de la ciudadanía en democracia o algunas corporaciones cartelizadas.

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