Fusión Cablevisión - Telecom: más cuestionamientos

Por Diego Rossi * 

Cablevisión y Telecom se constituye en la tercer compañía por nivel de facturación del país, luego de mercado Libre e YPF. Esta mega fusión es la mayor permitida que se tenga registro. No sólo fue anunciada por las partes hace casi ya un año: también fue avalada, promovida y bendecida por el gobierno (desde el Decreto de Necesidad y Urgencia 267 de diciembre de 2015 en adelante), refrendada por la autoridad de aplicación ENACOM, y públicamente bancada por varios funcionarios y personajes amigos. 

Ya desde febrero de 2018, la fusionada emite facturas unificadas. También comparte infraestructuras, recursos humanos y promociona descuentos que permiten entrever subsidios cruzados.  Ahora “En el mes del Amigo” anuncian: “Somos Personal y Fibertel y nos unimos para acompañarte mejor. Por ser cliente de Fibertel, tenés hasta dos líneas Personal con 10 Gigas adicionales”. Se pusieron regalones, ejerciendo un librecomercio de posición dominante en TV de pago, telefonía móvil e Internet sin parangones en otras latitudes de nuestra América. 

Es que les va muy bien: los resultados consolidados del primer trimestre del ejercicio económico 2018 de Telecom Argentina S.A., muestra su perfil a los interesados inversores y a los desprevenidos consumidores cautivos. Redujeron la dotación de su planta de personal de 27.155 empleados a 26.768 (es decir que ¡en sólo tres meses, Telecom informa oficialmente haberse desprendido de casi 400 empleados!) mientras que las ventas, ganancias e Ingresos Promedio por Cliente –ARPU- fueron muy elevadas para los rubros Internet y TV por cable respecto de 2017.

Pero la estrecha relación con el regulador gubernamental deja sus marcas.  Esteban Greco, titular de la CNDC que dictaminó a favor de Telecom-Cablevisión, fue denunciado por presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En el Juzgado Federal de Sebastián Casanello, la pertinaz Dra. Liliana Zabala denunció que Greco era integrante de GPR Economía, consultora especializada en Defensa de la Competencia y análisis de mercados que casualmente trabajó para Cablevisión Grupo Clarín hasta hace pocos años.

Sobre todas estas cuestiones, doce diputados piden que el Secretario de Comercio Miguel Braun concurra a la Cámara a brindar explicaciones, a través del proyecto 4035-D-2018 firmado por el cordobés Pablo Carro junto a Leopoldo Moreau, Hugo Yasky, Gabriela Cerruti, Rodrigo Rodríguez, Adrián Grana, Josefina González, Walter Santillán, Vanesa Siley (todos del FPV-PJ), Silvia Horne (Peronismo para la Victoria) Carlos Selva (Frente Renovador) y Romina Del Plá (Frente de Izquierda).

Pensando en la protección de la diversidad y el pluralismo en la distribución de contenidos audiovisuales, los legisladores preguntan qué parámetros de poder significativo de mercado ha utilizado el Gobierno para avalar la megafusión, dado que Telecom y Cablevisión superan juntas cualquier estándar de topes a la competencia en general, y que este mismo gobierno borró las limitaciones que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establecía en particular. 

Desde una mirada de derechos del consumidor se preguntan cómo puede ser que cualquier ciudadano de la Argentina que quiera contratar el servicio de la oligopólica Fibertel, encuentre a abril de 2018 para el mismo servicio precios que oscilan entre $ 684 en Santa Rosa y Toay (La Pampa) y $1666 en Villa María o Río Cuarto, Córdoba. La impresionante dispersión de precios es contraria a la Ley 27078 Argentina Digital (Art 48: “los precios deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”).

Los diputados denuncian que “la Secretaría de Comercio de la Nación se limita a reconocer la situación de hecho. Y acepta vergonzantemente las propuestas que le hace la empresa ya fusionada, en un gesto de “desprendimiento” de algunos clientes de cinco provincias, de “vocación de cumplir con la ley” devolviendo porciones del espectro radioeléctrico”, y de “compromisos de conducta” a medida de las necesidades empresariales. El gobierno le permite a la megafusionada ceder  143.343 clientes a una empresa que ellos mismos eligieron, Universo.Net, y agradece que la empresa se autolimite en el ejercicio de sus privilegios. 

Muy poco a cambio de haber sido privilegiados con tanto.

* Docente investigador FSOC-UBA, Observatorio DerCom. @diegodrossi