“Acompañamos a la familia de Rafael Nahuel para que se esclarezca el caso”

Por Juan Borges

Rubén Marigo, presidente de APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de San Carlos de Bariloche, dialogó con AGENCIA PACO URONDO y analizó el expediente judicial que investiga el asesinato del joven Rafael Nahuel. Es de recordar que el joven fue asesinado en el marco de un operativo de Prefectura Naval Argentina en la zona de lago Mascardi.

APU: ¿Cómo se encuentra la causa de Rafael Nahuel actualmente?

Rubén Marigo: Después de haber transcurrido casi cuatro años de aquel trágico suceso del asesinato de Rafael Nahuel, el crimen permanece impune. Los hechos sucedieron un 23 de noviembre de 2017 cuando en Villa Mascardi se llevó a cabo un procedimiento de desalojo contra miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Los hechos ocurrieron en el marco de un proceso de recuperación de su territorio ancestral como bien les garantizan varios tratados internacionales y fundamentalmente la Constitución Nacional.

APU: ¿Qué características tuvo ese procedimiento de Prefectura llevado a cabo?

RM: El proceso que se llevó adelante dejo como saldo la detención de cinco mujeres de la comunidad y niños que fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Federal de San Carlos de Bariloche y después de la intervención de la APDH local y de otras organizaciones de la zona se logró su liberación. Como teníamos conocimiento de que habían quedado algunos miembros de la comunidad en la montaña presentamos un habeas corpus. Al llegar al día 25 de noviembre todo ese territorio estaba rodeado por un enorme aparato represivo de la Prefectura y fundamentalmente del grupo Albatros que culmina con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel.

APU: ¿Cómo fue la intervención de la APDH?

RM: La gravedad de los hechos nos lleva a tener una intervención directa en el lugar a pesar de las múltiples evasivas de las fuerzas de seguridad que bloqueaban el lugar. Posteriormente, el 26 de noviembre nos recibe el juez y su secretario a nosotros (APDH) y a los padres del joven asesinado. A pesar de un duro escenario conseguimos que se realice la autopsia y que se le entregue el cuerpo sin vida a la familia para realizar el sepelio.

Al otro día logramos conformar una comisión con el obispo de Bariloche y miembros de la comunidad indígena. Con el juez nos trasladamos al lugar donde habían ocurrido los hechos. Logramos asistir a personas que aún permanecían heridas. Finalmente logramos conformar una mesa de diálogo y un compromiso de no volver a reprimir y no realizar la inspección sin que las partes fuéramos comunicadas. La intervención de esta mesa de coordinación evito una masacre.

APU: ¿Cómo se constituyeron las querellas?

RM: En primer lugar, quiero hacer notar que el juez no estaba en Bariloche cuando sucedieron los hechos. La Cámara Federal certifico posteriormente que este grupo Albatros debía cuidar un perímetro, pero se adentró en un territorio al cual no estaba destinado. A pesar de las negativas del juez Leónidas Moldes, la Cámara Federal acepto a la APDH como querellante en el caso, debido a que era un claro caso de violación de los Derechos Humanos. Se trata de un caso llevado adelante por el aparato represivo del Estado contra una comunidad originaria. Asimismo. Actualmente hay tres querellantes, la APDH nacional, la familia del joven asesinado patrocinado por el abogado Sebastián Feudal perteneciente a la APDH Bariloche y, por último, la querella de la secretaria de Derechos Humanos de la Nación.

APU: ¿Actualmente cómo se encuentra el proceso judicial?

RM: Lamentablemente, es un proceso que viene muy lento. En la primera pericia, en la cual participamos con nuestra perita de partes se comprobó con datos que el disparo que había ocasionado la muerte de Rafael Nahuel fue realizado por la espalda a manos del prefecto Javier Pintos. El juez de instrucción había calificado de exceso en legítima defensa mientras que la Cámara Federal sostuvo que era un homicidio agravado. De manera increíble el juez federal decide realizar otra pericia en manos de Gendarmería Nacional evitando la participación de nuestros peritos.

Según la pericia, la bala homicida no pertenece a Pintos ni al agente Juan Obregón. Pese a esto la Cámara ratificó el procesamiento, sin embargo, la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal luego dictó la falta de mérito de todos los intervinientes hasta tanto se realice una tercera pericia. Finalmente se realizó en Salta y el resultado señaló que el arma homicida era del agente Sergio Guillermo Cavia. En conclusión, se confirmó que el oficio fue realizado por fuerzas represivas a cargo del Gobierno de ese momento (la presidencia de Mauricio Macri).

 Hay que destacar que después de la tercera pericia realizada la fiscalía con una clara postura favorable a los procesados pidió que el proceso sea encarado en “exceso en legítima defensa”. La fiscal empezó a sostener que en el lugar y en esa fecha hubo un enfrentamiento. Esa teoría fue totalmente refutada por las evidencias. Nosotros seguimos acompañando y ayudando a la familia de Rafael Nahuel hasta que finalmente se logre el esclarecimiento. Es necesario que paguen los responsables materiales, pero también los responsables políticos de este crimen.