Corrientes: once policías imputados por el abandono seguido de muerte de Lautaro Rosé

Por Diego Moneta

Lautaro Alexander Rosé, de 18 años, era el más chico de nueve hermanos. Era voluntario en el merendero comunitario Abuela Rosario del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. La noche del domingo 7 de noviembre había ido con sus amigos a la Costanera Sur de la Ciudad de Corrientes. Durante la madrugada del día siguiente varios móviles de la Policía provincial acudieron a la zona primero por supuestos incidentes y luego por un ataque a un patrullero que nunca se acreditó. Lo cierto es que iniciaron una persecución contra el grupo de jóvenes, según coinciden las cámaras y los testimonios.

La “razzia” se realizó en dirección al Río Paraná, por lo que intentaron escapar hacia el agua. A Lautaro, que hizo saber que no sabía nadar, los oficiales lo dejaron morir porque se ocuparon de amenazar y golpear, hasta dejarlo casi inconsciente, al menor de edad que lo acompañaba. Los informes médicos corroboraron que fue agredido y esposado. Solicitó contención psicológica y se evalúa que se convierta en testigo protegido. 

Los hermanos de Lautaro recorrieron la Costanera Sur y encontraron sus zapatillas, secas, a la orilla del río. En el lugar, horas después cuando Prefectura llegó para patrullar la zona, se hallaron cartuchos de escopeta, balas de goma y también de calibre 38. Allí mismo fue donde acampó su familia y el miércoles el cuerpo del joven fue divisado, sin mucho esfuerzo, por unos pescadores en la ribera del barrio Virgen de los Dolores.

Los resultados preliminares de la autopsia, a cargo del Instituto Médico Forense el jueves pasado, determinaron que no tenía heridas de bala. Sin embargo, para el abogado de la familia, Hermindo González, y para el titular de la Fiscalía de Instrucción N° 6 de la capital correntina, Gustavo Robineau, la clave es que coincide la hora de muerte con la presencia policial. Desde el Ministerio Público Fiscal sólo expresaron que el procedimiento fue “irregular” porque “no se labraron actuaciones” y, al principio, sólo tres de los participantes habían sido suspendidos bajo la apertura de “sumarios administrativos”, aunque buscan justificarse en el Código Contravencional vigente. El Ministerio de Seguridad, dependiente del gobernador radical Gustavo Valdés, tampoco hace referencia a la muerte de Lautaro.

El 12 de noviembre, tras reunirse con la querella, el fiscal Robineau imputó a once policías del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) que participaron de la persecución por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, apremios ilegales, amenazas y abandono de persona agravado seguido de muerte. El requerimiento debe ser confirmado por la jueza María Josefina González Cabañas, titular del Juzgado de Instrucción N° 3 de la capital correntina. Entre otras pruebas, las cámaras de seguridad, la geolocalización de los patrulleros y los varios testimonios permitieron reconstruir los hechos. 

El abogado González también denunció que operativos semejantes se vienen realizando desde hace tiempo. Parte de la Costanera Sur, un terreno fiscal, fue cedida a empresarios gastronómicos, cuya seguridad privada se encarga de desalojar a quienes no consumen en bares o restaurantes de la zona. La investigación busca determinar la responsabilidad de los custodios que prestaron servicio los días domingo 7 y lunes 8. 

A su vez, el caso no sólo remite a Ezequiel Demonty, Ismael Sosa, Franco Casco y Santiago Maldonado, entre otros, sino también a un caso emblemático en Corrientes. En 2014 apareció ahogado Mariano Barrientos, quien era vecino de Lautaro Rosé, en las inmediaciones del Arroyo Limita, tras otra supuesta persecución policial. AGENCIA PACO URONDO dialogó con Malvina Rosé, hermana del joven asesinado. 

Agencia Paco Urondo: ¿Cuál fue la actitud de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad desde que denunciaron la desaparición de Lautaro?

Malvina Rosé: La Fiscalía y la fuerza de seguridad nunca dieron la cara. Nunca nos dieron respuestas sobre mi hermano. Es más, querían despistar y nos decían que mi hermano estaba en una comisaría detenido.

APU: ¿La investigación sigue a cargo de la propia Policía Provincial? 

MR: Sí, la investigación todavía sigue a cargo de la misma policía. Nosotros queremos que pase a fuerzas nacionales porque tienen todas las responsabilidades posibles. Un chico joven no merecía que lo asesinaran de esa manera.
 
APU: ¿Hay como marco general una disputa entre el espacio público, utilizado por las barriadas, y los negocios privados?

MR: Sí, sin dudas. Se está utilizando la Costanera para hacer negocios y se venden partes que son públicas.