24 de Marzo: estafadores intelectuales

Desde hace bastante tiempo, diversas personalidades como Graciela Fernandez Meijide, ex integrante de la “Conadep”, que continua insistiendo en cuestionar el número real de personas desaparecidas en Argentina, así como algunos periodistas, entre los que podemos citar a Cereferino Reato, Victoria Villaruel, hoy diputada del grupo de Javier Milei o el ex carapintada José D´Angelo, devenido en escritor, no solo cuestionan el numero de desaparecidos, sino también el sistema jurídico que Argentina implementó para reparar a victimas de lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, denominó “Terrorismo de Estado”. 

En el fondo unos u otros, bajo la máscara de este cuestionamiento, sea numero real de desaparecidos, sea implementación de Políticas Reparatorias, esconden el negacionismo al Terrorismo de Estado, relativizando los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese oscuro episodio de nuestra historia, solapadamente justificando estos crimines, culpando al “subversivo”, por ser el autor material de su propia muerte.

El famoso coronel Camps, se ufanaba diciendo: “No matamos personas, matamos subversivos” . En el número 373, de la Revista “La Semana”, de fecha 26 de enero del 1984, afirmó: “Mientras yo fui Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desaparecieron unas cinco mil personas. A algunas de ellas, yo les di sepultura en tumbas NN”. 

Acallados un poco los cuestionamientos al real número de personas desaparecidas, desde hace unos años, se viene cuestionando el Sistema Reparatorio Argentino, unos de los mas destacados jurídicamente del mundo.

El primer antecedente podemos registrarlo con la publicación del libro, del periodista Ceferino Reato, titulado: “Operación Primicia. El ataque de Montoneros que provocó el golpe de 1976”. (Año 2010). 

Se refiere al ataque de la Organización Montoneros al cuartel militar de Formosa. La primera mentira se encuentra en el título: con ataque o sin ataque, el golpe se hubiere producido igual.
Y la segunda mentira, se encuentra cuando afirma que los atacantes, fueron indemnizados por el Estado Argentino. Falso. Solo se reparó, después de un largo proceso judicial, a aquellos, que escapados del cuartel, se rindieron deponiendo sus armas y fueron ejecutados extrajudicialmente. La obligación del Estado era ponerlos a disposición de la justicia, cosa que no se hizo. 

El sistema reparatorio argentino está compuesto por la ley 24.043, sancionada el 27 de noviembre del año 1991 y ampliada por ley  24.906 fines del año 1997, que fija el comienzo del Terrorismo de Estado, el día 6 de noviembre del año 1974, fecha en la que un gobierno democrático decreto el Estado de Sitio en todo el territorio nacional. Esta ley repara a los ex detenidos durante ese periodo de tiempo (noviembre 1974- diciembre 1983), por causas políticas.

En el medio se sanciona la ley 24.321, innovación jurídica si la hay, que estable una procedimiento para declarar la Ausencia por Desaparición Forzada de una persona ( 11-05-1994)

El 7 de diciembre del año 1994, se dicta la ley 24.411, modificada por ley 24.823 del 7 de mayo del año 1997, que repara a familiares de víctimas abatidas por el accionar de Fuerzas Armadas o similares, en el periodo antes mencionado.

En agosto del año 2004, se sanciona la ley 25.914 que indemniza a los hijos que sufrieron privación ilegal de la libertad, con motivo de la privación ilegal de la libertad de sus padres. Y por ultimo, en diciembre del año 2009, se dicta la ley 26.564, que retrotrae los beneficios reparatorios hasta el 16 de Junio de 1955.

La Autoridad de Aplicación, para el reclamo de cada pretensión, es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que durante todos estos años, trabajó en forma impecable y transparente en la concesión o la negativa a acordar indemnizaciones basadas en estas leyes. Es falso, que sus registros sean ocultos o negados a cada ciudadano. Todo el que desee puede solicitar ante dicha secretaria la información que desee. Distinto es el tema de las conclusiones que pueda sacar, quien quiera mirar esta situación, desde la perspectiva negacionista.   

Volviendo al caso de las publicaciones antes mencionadas, hace años, la diputada “libertaria”, Victoria Villaruel, es coautora del libro: “Los Otros Muertos: Las Víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70”.

Una publicación plagada de inexactitudes. Consigna como victima de la organización Montoneros, al señor Juan Carlos Artero. En realidad, la historia: el 19 de Marzo de 1976, el joven Artero, pasaba en automóvil frente a la Comisaría Segunda de Mar del Plata. Desde el interior de la dependencia policial partieron disparos de ametralladora que lo hirieron gravemente, con lesiones que aun padece en el abdomen. El autor de los disparos resultó ser el agente Luis María Simón. El señor Artero fue internado en una clínica, siendo sometido a vigilancia hospitalaria por mas de 30 días, a más de formársele una causa por "resistencia a la autoridad". 

La noticia, por suerte, se publicó en la edición numero 22.603, página 18 del Diario “La Capital” de Mar del Plata.

Por último, hace unos días, la prensa negacionista, publicó el inconveniente que “padeció” el autor del libro: “La Estafa con los desaparecidos”, del autor José D´Angelo. En el mismo, se denuncia que sin control “diversos funcionarios” durante años pagaron indemnizaciones por reparaciones a las violaciones a Derechos Humanos, totalmente falsas. 

No es cierto. Los funcionarios no pagan indemnizaciones. Las paga el Estado argentino, después de largos procesos de verificación de las pruebas presentadas. Procesos limpios y transparentes.

En su posición, trae como ejemplo, el caso de un tal “Sabao”, apellido inventado, que no figura en ningún registro de la agencia gubernamental. Habla del caso de la marplatense Nora Lia Marquardt Frontini de Bardach, asesinada la tarde del 25 de noviembre de 1975 por personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, en el Barrio Alta Córdoba, ciudad de Córdoba. Nora, es verdad, pertenecía a la Organización Montoneros, pero detenida, se la debió poner a disposición de la justicia y no ajusticiarla. Al menos, eso dice la ley.

Y así, con retazos de relatos inventados, pretenden desprestigiar la política reparatoria argentina, sin prueba concreta alguna, apuntando al verdadero objetivo: relativizar los crímenes de lesa humanidad.

Cuentan que cuando el General Dwight David Eisenhower ingresó con sus tropas en los campos de concentración nazis ordenó a su equipo que filmen todo. Montañas de cuerpos sin vida, prisioneros en condiciones inhumanas, casillas apestosas, pilas de pedazos de cuerpos, etc.  El general observó que su equipo no reaccionaba y preguntó que pasaba: “¿General, - dijeron- como vamos a filmar este horror?”. Duramente Eisenhower respondió: “Filmen, porque dentro de 50 años, aparecerá un imbécil que afirmara que esto no ocurrió”. 

En la República Argentina quedaron inumerables archivos fílmicos de la época 1974 a 1983, que ingenuamente entre 1984-1985, se donaron a una empresa privada, que hoy los comercializa. Un patrimonio perdido, lamentablemente.

Pero existen documentos de diarios de esa época (Clarín, La Nación, La Razón, etc) están los Archivos de la División de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires ( ex DIPPBA), los archivos secretos de la Prefectura Naval Argentina, los archivos secretos de las Unidades Penales Argentinas, todos ellos, en poder de la Comisión Provincial de la Memoria de La Plata. No se ha podido borrar nada, por lo cual, estos presuntos denunciadores de ilícitos, no son más que estafadores intelectuales, que solo persiguen tapar la verdad de lo sucedido durante esa oscura etapa de la historia argentina, mediante argucias inventadas, sin prueba alguna.