Masacre del Alto Bariloche: catorce años de una herida que no cierra

El 17 de junio de 2010 sería el puntapié inicial para una sucesión de hechos de crímenes y violencia institucional que evidencian, una vez más, que cuando la respuesta del poder judicial se demora no hay condena que valga, sino que perpetúa aún más el dolor de quienes sufren el accionar ilegal del Estado, en sus distintos niveles y formas. Para las familias de Sergio Cárdenas y de Nicolás Carrasco es una herida abierta y una pérdida que no sana. “En este país hay justicia para unos pocos y nosotros, la gente pobre, no estamos dentro”, afirma, en diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Karina Riquelme, esposa de Sergio.

Durante la madrugada, en el contexto de una persecución a pie en el medio de una plaza del Alto Bariloche, Diego Bonefoi, de apenas 15 años, fue fusilado de un disparo en la nuca a manos de Sergio Colombil, cabo de la Policía de Río Negro. Si bien fue detenido casi de inmediato, y meses después sería condenado a veinte años por homicidio agravado, el hecho generó la indignación de familiares, amistades y habitantes del Barrio 169 Viviendas que se acercaron por la tarde a la Comisaría 28 a protestar hasta que las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir. Según peritajes posteriores, en el lapso de dos horas se registraron más de tres centenas y media de disparos de armas largas.

Desde cada esquina un número de uniformados avanzó contra los manifestantes, por lo que a mitad de cuadra quedó un grupo atrapado. Según se constató, los policías Marcos Rubén Epuñan, Víctor Darío Pil y Víctor Hugo Sobarzo, quienes portaban escopetas, algunas con balas de plomo y otras antitumulto, dispararon de modo indiscriminado. Nicolás Carrasco, de 16, fue herido de muerte y, más tarde, lo mismo ocurriría con Sergio Cárdenas, de 29 y dos hijos, además de una veintena de afectados con postas de plomo. Los responsables alegaron que, entre quienes se manifestaban, había “tumberas”, pero fue descartado.

La Cámara Criminal Primera de Bariloche condenó en 2018 a los tres agentes mencionados a 4 años de prisión y a 8 de inhabilitación por homicidio en riña, agravado por uso de arma de fuego. Se utilizó dicha figura, que no requiere identificar autor material, ya que no era posible determinar cuál había efectuado el disparo, por lo que responden todos los que ejercieron violencia. Sin embargo, recién quedaron detenidos en febrero de 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia. A su vez, la querella buscó agravar las penas pero fue denegada, ya que el Código Procesal Penal permite apelar sólo en el caso de que sean menos de la mitad de lo pedido en juicio, lo que no se cumplía.

Además, en el mismo proceso judicial, fueron condenados Víctor Cufré, exsecretario de Seguridad y Justicia provincial, Jorge Vilanova, exjefe de la Policía, y Argentino Hermosa, titular de la Unidad Regional Tercera, a 4 años como coautores de incumplimiento de los deberes de funcionario público, homicidio culposo y lesiones culposas, y a 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y toda actividad que implique o suponga la dirección, uso o manejo de armas. El ex intendente de Bariloche Marcelo Cascón había declarado que le habían indicado que la “situación estaba controlada” y que había tenido que recolectar “información propia” por otros medios sobre el estado del conflicto.

La sentencia fue una de las primeras en apuntar a la cúpula policial en Río Negro, dado el abandono de la ciudad -ya que se fueron a una reunión y, por lo tanto, perdieron el control de lo que pasaba- y la incompatibilidad del operativo con la manifestación. Sin embargo, los familiares mostraron su descontento no sólo por la tardanza del proceso, sino por la absolución de Delmiro Fidel Veroiza, jefe segundo de la Unidad Regional Tercera, y Jorge Raúl Carrizo, ex titular de la Comisaría 28. Sólo en los fiscales Martín Lozada y Eduardo Fernández hubo conformidad ya que las penas fueron mayores a las que habían solicitado. 

Para Riquelme la condena “no fue suficiente porque llevó diez años sentarlos en el banco de los acusados, mientras siguieron trabajando y los cruzábamos en la ciudad como si nada hubiesen hecho, y porque a los dos años ya estaba cada uno en su casa, de hecho ya no están detenidos”. “Si bien fue corta, no les quedó otra y la tomo simplemente como un precedente”, caracteriza y apunta; “El poder judicial juega a que las familias nos cansemos y puedan cajonear expedientes”. En esa línea, en diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Carmen Curaque, madre de Carrasco, sostiene que no tuvieron justicia. “Son cuatro años que no cumplieron, es una burla a nuestro dolor y la impunidad es la misma”, completa.

Unos meses después, en mayo de 2022, el juez civil Santiago Morán admitió la demanda de los familiares de Carrasco y condenó a la provincia a indemnizarlos por daños y perjuicios a raíz del homicidio. El Ejecutivo cuestionó la necesidad y los métodos usados para definir el monto, que consideraron excesivo, y el plazo establecido. La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche rechazó los planteos, a excepción del último. De todas formas, todavía resta la instancia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. “No es imposible ir contra el Estado, y la policía en sí, pero tenés que tener la fuerza y, sobre todo, el acompañamiento” indica Riquelme, en especial cuando “podes llegar a querer dejar todo”.

Para Curaque la situación en términos de violencia institucional en la provincia no ha cambiado, sino que “es cada vez peor”. “Al Estado no le importa la juventud”, asegura. “Quizás, a partir de cambios en el Código Civil y Penal, los procesos suelen salir más rápidos, pero no por eso cesan”, complementa Riquelme. “Seguimos viendo todos los días casos de abusos de poder, no menos, ni en Bariloche ni en Río Negro”, finaliza. 

A catorce años del triple asesinato, AGENCIA PACO URONDO también se comunicó con Susana Lara, periodista y parte de la Multisectorial contra la Impunidad y la Represión Policial de Bariloche, quien compartió la siguiente reflexión: 

Esta es una síntesis provisoria que, aunque personal, está construida desde la experiencia de la Multisectorial, conformada durante las horas inciertas de junio de 2010, y colectiva desde la vida junto a la cordillera de los Andes, territorio tradicional mapuche-tehuelche en constante conflicto desde que fue despojado hace 150 años. Además, en la coyuntura en que los sectores dominantes pujan por imponer la persecución y condena judicial por cargos de “terrorismo” y atentado a la democracia para bloquear la protesta callejera, cruzada que encarnan lo más rancio de la justicia federal desde la marcha al Congreso del 14 de junio.

En cuanto a la trayectoria particular en Bariloche, en medio del shock inicial, la primera gran lucha interna fue por entender y definir los hechos, el núcleo central del conflicto, para poder resistir y confrontar con claridad ante todo el aparato de Estado y el pensamiento hegemónico. Desde el primer minuto entendimos que la masacre de El Alto empezó la madrugada del jueves 17 de junio con la ejecución de Diego Bonefoi con un tiro en la nuca por parte de Colombil, efectivo de la Comisaría 28. El encubrimiento institucional empezó casi de inmediato, mientras los jóvenes y las familias de los barrios populares de El Alto masticaban la rabia del asesinato que conocieron por los cinco amigos que pudieron escapar de la persecución de la patrulla de Colombil. 

La protesta por el crimen fue espontánea, masiva y rápida con epicentro en la comisaría a la que pertenecía la patrulla, ubicada a metros de la vivienda familiar de la víctima. La estrategia de las fuerzas de seguridad buscó zafar de ese anillo y extendió la represión a la casa de Diego. La protesta se concentró en la 28, símbolo de la represión sistemática a los pibes y gente trabajadora de El Alto, cuyos gritos y alaridos nocturnos dieron cuenta de apremios y torturas por años en el vecindario, como declaró un testigo en el juicio oral y público años después.

Para “tapar” la violencia de una patrulla aislada en la madrugada -que pudo quedar como un caso más en la estadística y la memoria-, la plana mayor de la Jefatura de policía provincial y el ministerio de Seguridad decidieron actuar como fuerza de ocupación armada en varias cuadras a la redonda, que a doce horas del crimen de origen sumó dos homicidios más y al menos veinte heridos documentados. Ese virtual estado de sitio -jamás reconocido- duró al menos cuatro días y se extendió por toda la ciudad, con control de las rutas de acceso. Las violaciones a los derechos humanos cometidos durante los tres días siguientes al desencadenante jamás fueron investigadas. Un joven relató con precisión que la comisaría del Centro Cívico se convirtió en una catacumba regada de sangre, de la que fue sacado cuando activistas y organizaciones nos agolpamos a reclamar la liberación de detenidos. Para evitar el reclamo, los trasladaron a otras comisarías, perdiéndose el rastro de muchos de los detenidos esos días.

La magnitud del dispositivo montado, la intervención personal de las máximas autoridades provinciales en la misma ciudad, mostró desde el primer momento que se jugaba mucho más que el encubrimiento a Colombil. Fue mucho más que un área liberada, práctica cuasi institucionalizada en las fuerzas de seguridad. No tuvimos con quien debatir estas prácticas de terrorismo de Estado en democracia. De todos modos, la convicción interna del movimiento local nos permitió pelear un expediente judicial desde lo colectivo con una definición política propia, anclada en la experiencia vivida, para acompañar a las querellas de los familiares de las víctimas. Dimos la batalla política por memoria, verdad y justicia por los tres jóvenes asesinados por igual, a pesar que el poder judicial y el pensamiento racista y discriminatorio insistió en diferenciar la ejecución de un supuesto “pibe chorro” en la oscuridad de la madrugada de los jóvenes asesinados a la luz del día como daño colateral.

Durante la primera etapa salimos a la calle todas las semanas, después todos los meses. Por momentos fuimos un puñado de no más de treinta personas rodeados por patrullas que llegaron a ser más de 300 efectivos a la vista, al menos en una ocasión. Asumimos como responsabilidad de la Multisectorial sostener el reclamo, respetando y amortiguando los vaivenes de las fuerzas y debilidades de lxs familiares en el tiempo.

Ese proceso permitió entender rápidamente la crisis de diciembre de 2012, con la revuelta en los supermercados por parte de cooperativas de trabajo local. La interna del PJ en el gobierno municipal en ese momento se resolvió desde arriba y hacia la derecha, logrando la formalización de un proceso de militarización de la ciudad, de la que fueron voceros Miguel Pichetto y Sergio Berni. Calcagno, un juez en lo penal, dispuso razzias por los barrios secuestrando pan dulce y yerba supuestamente saqueada. Ese mismo juez jugó en los límites de la ilegalidad contra el expediente de los crímenes de junio. Ese conflicto nos puso ante la necesidad de discutir la condición de presos políticos del grupo detenido como supuestos líderes de la protesta de los supermercados. En su primer mandato, el gobernador Weretilnek hizo pública una lista negra de supuestos líderes, la que Calcagno siguió al pie de la letra.

Muchos tuvimos que sacudir los estereotipos racistas, los modelos momificados del arquetipo de preso político en la historia reciente. A la distancia, tal vez esos momentos de tensión ideológica hayan sido cruciales para poder posicionarnos ante el avance criminalizador. Otro momento clave, en ese mismo sentido, fue el secuestro, desaparición y homicidio del oficial Lucas Muñoz en 2016, que permanece impune. Su condición de policía nubló, en principio, que fue víctima del mismo aparato de los crímenes de junio. Un elemento que advirtió la población local, que conoce y sufre en el territorio su accionar, documentando trágicamente el proceso de persecución estatal en la ciudad. 

Con la destrucción de la comisaría 28 el 17 de junio de 2010, el rol histórico de persecución y control de El Alto se trasladó a la Comisaría 42, donde cumplía funciones Muñoz cuando se lo secuestró. La policía rionegrina ya se estaba preparando para otra etapa, de interés nacional: ser la pata local del operativo cerrojo a la Lof Lafken Winkul Mapu junto al lago Mascardi. Con altos y bajos, con eje en la causa judicial de los crímenes, tanto el poder judicial como la policía provincial cada vez aparecieron más comprometidos con otro conflicto estructural en la región: el derecho al territorio ancestral del pueblo mapuche-tehuelche en tensión con los apropiadores.

En ese proceso, el poder judicial demoró y deshilachó cuanto pudo los núcleos duros del expediente judicial. Buena parte de la prensa local, especialmente, fue clave para sostener vivo el reclamo en la agenda pública. El escenario represivo cambió cualitativa y cuantitativamente con Bullrich-Burzaco en la cartera de Seguridad de Macri. Los crímenes de Santiago Maldonado en agosto y Rafael Nahuel en noviembre marcaron 2017. En ese contexto, arrancamos una fecha de juicio oral y público contra la cúpula policial para el 2018, sostenida en la mirada atenta y crítica de familiares interviniendo directamente en los pasos del expediente.

En retrospectiva, puede pensarse que fueron en vano muchos reclamos formales, administrativos, políticos ante el poder judicial, los gobiernos provinciales y nacionales. Sin embargo, difícil imaginar otra forma de conocer a fondo el funcionamiento cotidiano de la maquinaria de Estado, de la construcción de consensos de base amplios para desenmascarar a supuestos funcionarios judiciales progresistas, la cooptación de lxs abogados para manipular voluntad de las querellas, entre otras maniobras clave para la impunidad.

Nos falta, tal vez, revisar cuan impregnados estamos nosotros mismos del pensamiento punitivista, del “que se pudran en la cárcel” como eje programático que le cuesta leer la complejidad de una sentencia. Una sentencia es ejemplar no sólo por el monto de las penas que consiga, sino por los fundamentos, por la prueba que pudo plantear en el juicio oral y público, por los testigos del pueblo que pudo conseguir el movimiento social, por meter la política de base al mirar cada legajo policial, cada jefe nuevo, cada traslado, cada detención. Víctor Cufré, alma mater de todo tipo de crímenes durante veinte años en Río Negro, cumplió condena efectiva por los crímenes de junio. No podemos saber con certeza qué tan importante fue ese golpe al poder, pero lo fue.

También es cierto que la policía sigue persiguiendo pibes, pero esa lucha estructural tiene que ver con la estrechez de las democracias tuteladas en las que vivimos. En ese sentido, tendremos que revisar nuestro aprendizaje y articularlo con el modelo que la administración de Milei le permite desplegar nuevamente a la ministra Bullrich. También revisar nuestro lenguaje y repensar definiciones que resultan light en la vida concreta. El Estado llama “violencia institucional” a sus crímenes aislados, estrategia discursiva para encubrir el plan sistemático contra el terrorismo en todas sus supuestas expresiones que Estados Unidos impuso con el 11 de setiembre y las Torres Gemelas.