Diez años del caso Franco Casco: la familia sigue esperando que Casación decida entre la justicia y la impunidad

Franco Casco, joven albañil de 20 años y padre de un niño de tres. Había viajado desde Florencio Varela a Empalme Granero, Rosario para visitar a su tía. El 6 de octubre de 2014 debía partir de regreso a su casa, pero nunca llegó. Al no encontrarlo en Retiro la mañana siguiente, Elsa Godoy y Ramón Casco, sus padres, decidieron trasladarse para buscarlo. Más de tres semanas después, su cuerpo apareció en el Río Paraná, dando paso a la investigación del hecho y desembocando en un juicio que absolvería a todos los acusados.

El 8 de octubre Elsa llegó a la Comisaría Séptima de Rosario, le dijeron que su hijo había estado detenido allí y liberado al día siguiente a raíz de una agresión, pero no le dejaron ver el libro de guardia. El supuesto vecino que dio lugar a la denuncia luego sería procesado por falso testimonio y, en realidad, según decena de testimonios, durante la noche del 6 Franco fue torturado y más tarde desaparecido. La familia se contactó con organizaciones diversas, con la Secretaría de Derechos Humanos provincial y con la Fiscalía -a cargo de Guillermo Apanowicz, reemplazado por no investigar por Marcelo Degiovanni-, hasta que el 30 del mismo mes encontraron el cuerpo con signos de descomposición. Pudo ser identificado a partir de un tatuaje en referencia a su hijo.

Tras la modificación por parte del Ministerio Público Fiscal y la intervención del Programa Contra la Violencia Institucional, a través de Mariano Maciel y Nicolás Laino, comenzaron a haber ciertos avances. El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Carlos Vera Barros, llegó a ordenar incluso el procesamiento de treinta uniformados de la fuerza de seguridad santafesina, de los cuales quince tuvieron prisión preventiva. Desde la querella denunciaron el encubrimiento durante el proceso y también amenazas, ya que uno de los abogados, Guillermo Campana, debió dejar su puesto en el Ministerio de Justicia. A su vez, Gabriel Ganón fue destituido de su función como titular del Servicio Público de Defensa, tras denunciar un “pacto entre la policía y el partido judicial santafesino” que le permitió a la primera “desaparecer a cinco personas”, incluido Casco.

De esa manera, el 6 de diciembre de 2021 comenzó el juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario. La hipótesis principal seguía siendo la detención, torturas seguidas de muerte y posterior desaparición forzada, junto a distintas falsificaciones de papeles, para su encubrimiento. Era el primer caso en ser titulado de esa manera en Santa Fe desde el regreso de la democracia. El elemento central es la cantidad de testimonios de personas detenidas que señalan cómo Franco se quejaba de los golpes y, además, la sistematicidad de los malos tratos y corrupción de la comisaría sobre determinados jóvenes del barrio.

Durante el juicio oral los mismos fueron ratificados. Sin embargo, el 18 de julio de 2023 dos de los tres jueces entendieron que había contradicciones. Ricardo Moisés Vásquez y Eugenio Martínez Ferrero decidieron la absolución de todos los imputados. El presidente del tribunal, Otmar Paulucci, votó en disidencia y a favor de condenar a perpetua al comisario Diego Álvarez, al cabo Franco Zorzoli y a la agente Romina Díaz. Además, solicitaba penas menores por encubrimiento para nueve acusados y absolvía al resto. La sentencia ya fue apelada por Luciano Hazzan, abogado del padre por parte de la Defensoría General de la Nación, insistiendo en los mismos argumentos y puntualizando arbitrariedades del fallo, tales como la consideración parcial de pruebas y descartar el contexto de la desaparición. 

En total, fueron absueltas las siguientes veinte personas: Diego José Álvarez, comisario; Enrique Nicolás Gianola Rocha, subcomisario; César Daniel Acosta, jefe de sumarios; los y las agentes Walter Eduardo Benítez, Fernando Sebastián Blanco, Cecilia Rut Elisabet Contino, Romina Anahí Díaz, Belkis Elisabet González, Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Ramón José Juárez, Rodolfo Jesús Murúa, Walter Ortiz, Esteban Daniel Silva y Franco Luciano Zorzoli; Daniel Augusto Escobar y Pablo Andrés Siscaro, de la Unidad Especial de Asuntos Internos; y el ciudadano Alberto Daniel Crespo. En ese entonces, Ramón Casco calificó la decisión como una “gran injusticia” que se olvidaba “del dolor de la familia y años de lucha”

En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Ramón, desde Rosario, desliza que lo único positivo es que la apelación fue aceptada. “La familia siente que la justicia no existe, pero no perdemos la esperanza y vamos a seguir con la lucha”, agrega Malvina Godoy, hermana de Franco. Por el momento, esperan la decisión de la Cámara de Casación, aunque hay posibilidades de que los primeros días de noviembre impulsen actividades por el aniversario para seguir reclamando justicia efectiva. “Hay mucha gente que nos apoya y sigue con nuestra lucha y la de tantos que murieron de la misma forma que Franco”, cierra Malvina.