12 años sin Omar Cigarán

El agente de la Policía Bonaerense Diego Flores es el responsable de que Omar Cigarán (17 años) haya perdido su vida en 2013. El hecho ocurrió en el Barrio Hipódromo de La Plata y fue la conclusión de repetidos hostigamientos que venía sufriendo por parte de los miembros de la Comisaría Segunda. Su mamá, Sandra Gómez, había denunciado estas circunstancias varias veces.

Lo cierto es que Flores declaró haber visto como Omar intentaba robar una moto a un efectivo de civil y justificó su conducta alegando que estaba armado. Esta circunstancia fue motivo de prueba a favor y en contra durante el juicio y finalmente el policía fue absuelto el 11 de abril de 2017 por el Tribunal Criminal N°4 de la Plata, integrado por Emir Alfredo Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni y Julio Germán Alegre, por decisión mayoritaria.

La familia estaba patrocinada por abogados y abogadas de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), no solamente por su resultado sino por las irregularidades mantenidas durante todo el desarrollo de la misma. Lamentablemente el fallo fue confirmado por la sala V del Tribunal de Casación Penal en febrero de 2018, sin atender a la mayoría de los planteos de la querella y también fracasó un intento de llegar a la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Una vez finalizadas las instancias judiciales, sólo quedaría intentar un reclamo ante un tribunal internacional. Independientemente de eso hay una lectura de este tipo de casos que debemos hacer como sociedad, dejar de normalizar estas conductas, abordar cada historia y cada vida que se pierde, lejos de una estadística o de la resignación. No importa si las víctimas son pobres, sufren adicciones, viven en barrios marginales y tantas otras circunstancias que a veces parecen actuar como atenuantes.

Se trata de sujetos de derecho con atribuciones y garantías reconocidas e indiscutibles por el simple hecho de ser personas. Derechos humanos básicos y universales que de nada sirven si están solo plasmados en la fría letra de la ley, sino se hacen efectivos. Y el Estado, responsable de garantizarlos cada vez asume un rol más de enemigo que de protector.

Ante un nuevo aniversario del asesinato de Omar, no podemos dejar de trazar un paralelismo con las víctimas de casos similares ocurridas en este joven 2025 que lleva apenas un mes y medio de comenzado. Los recientes casos de Ivo Rodrigo Torres en Jujuy y Matías Paredes en Mar del Plata nos traen dos situaciones que tienen puntos en común entre sí y con el caso aquí expuesto. Jóvenes de condición humilde, en zonas u horarios que hicieron presumir intención de delinquir, un Estado que podría actuar con diligencia, siguiendo los pasos legales y que utiliza medios desproporcionados para impedir conductas aparentes, dejando truncas vidas, proyectos, sueños- Queda el dolor ilimitado de sus familias que solo podrán acceder a los defensores oficiales o algún abogado de organizaciones de víctimas, sin lograr hacer justicia otro derecho inalienable, otro más al que no tendrán jamás acceso