“Del impuesto a las ganancias a un gravamen a los altos ingresos”

Por Romina Blasucci

Agencia Paco Urondo: ¿Cómo es el proyecto de la CTA sobre el impuesto a las ganancias?

Hugo Yasky: Estamos trabajando en producir una ley que permita avanzar hacia una forma más progresiva del actual impuesto a las ganancias para convertirlo en un gravamen sobre los altos ingresos. En los países capitalistas hay dos maneras: por vía de los impuestos a las empresas o por vía de los impuestos a las personas físicas. La ventaja que tiene el impuesto sobre las personas físicas es que no se puede cargar el costo del tributo sobre el consumidor. Si yo le pongo un impuesto a una empresa lo traslada directamente al precio. A esto habría que sumarle el IVA, que le da un costado muy regresivo a nuestro esquema impositivo.

En virtud del movimiento ascendente que ha habido en los salarios se fueron incorporando más trabajadores bajo la presión del tributo y esto configura un cuadro de gran injusticia en términos fiscales. Por eso proponemos que se desplace la presión que hoy existe sobre algunos salarios que están en la base de la pirámide, hacia la cúspide de la pirámide. Para nosotros esto sería un avance muy importante porque creemos que hay que ir hacia un sistema tributario más justo que el que tenemos en nuestro país.

No creemos, como dice la propaganda de la CGT de Moyano, que el salario no es ganancia. Ese es un planteo que detrás de un barniz supuestamente combativo esconde una visión muy afín al pensamiento de la derecha que se resiste a que existan impuestos sobre las ganancias. Ya vimos que pelearon con los dientes apretados cuando fue el conflicto de la 125.

APU: ¿Qué criterios proponen para actualizar el mínimo no imponible?

HY: El 23% fue el promedio de recomposición que se logró en las paritarias del sector privado y se elevó el salario mínimo un 25%. Creemos que ahí, entre el 23 y el 25% tendría que estar la cifra en que se eleve el mínimo no imponible. Y creo que la solución de fondo es esta ley para que haya una modificación del actual impuesto a las ganancias.

APU: ¿Qué proponen con respecto a las asignaciones familiares?

HY: Lo que nosotros planteamos es la necesidad de actualizar las asignaciones familiares. A medida que se fue elevando el mínimo no imponible, se fue ampliando una brecha entre los que ganan 5.200 pesos y los que ganan 7.900, que no cobran las asignaciones familiares ni tampoco las pueden descontar del pago del impuesto a las ganancias, como sí lo hacen los que ganan de 7.900 para arriba. O sea que, quedó una franja que no cobra asignación familiar ni tampoco lo puede deducir porque no pagan ganancias. Eso es lo que estamos pidiendo que se resuelva. En realidad no hay motivo para que esa gente no cobre asignación familiar.

APU: ¿Ustedes también proponen la posibilidad de deducir el pago de alquiler a la ganancia sujeta al impuesto?

HY: Sí, eso está dentro de la letra fina del proyecto.

APU: Es sorprendente que ni los jueces ni la renta financiera paguen impuesto a las ganancias. ¿Esto tiene alguna justificación? ¿Se puede corregir?

HY: En el caso de los jueces no tiene ninguna justificación. Se agarran de un principio supuestamente establecido en la Constitución de 1853. Lo interpretan diciendo que para garantizar la intangibilidad de la Justicia se establece el principio de intangibilidad de los bolsillos de los jueces. Eso es un concepto absolutamente antisocial y antisolidario que es uno de los temas que se tendría que resolver incorporando a todos los jueces al pago de ganancias como corresponde.

Y el otro tema, las transacciones financieras, es algo que tendría que estar en el marco de una reforma tributaria. Es una materia compleja que hay que definirla con mucha precisión y certeza para evitar votar leyes que después con una rápida ingeniería se pueden eludir. La Argentina tiene una tradición de una especie de economistas que son ingenieros en evasión tributaria. Todos estos gurúes tipo Melconian, Broda, en realidad, son llanamente ingenieros para la evasión de impuestos. Entonces, hay que pensar leyes y reformas que no sean rápidamente convertidas en letra muerta por la acción de estos especímenes.

APU: ¿Por qué el retraso?

HY: Yo creo que tiene que ver con que la secuencia lógica es que se resuelvan primero las paritarias, en las que se obtuvo un promedio del 23% de aumento para el sector privado. Después, el salario mínimo que aumentó un 25%. De esa comparación surge un hecho por demás interesante. Muchas declaraciones de personajes que se atribuyen la condición de dirigentes sindicales planteaban que el aumento del salario mínimo había sido muy bajo, que había sido una farsa. En realidad va a ser una de las pocas veces que el aumento del mínimo vital y móvil supera el porcentaje de aumento de los privados.

APU: ¿Qué tendría más impacto en la clase trabajadora: la actualización de la Asignación Universal por Hijo, la actualización del mínimo no imponible o de las asignaciones familiares?

HY: Ahí nosotros tenemos como grietas profundas que van marcando distintas napas. La más sumergida sin lugar a dudas es aquella que todavía depende de la Asignación Universal por Hijo, esa es la gran conquista de una Central de trabajadores que tenga una concepción solidaria. En esa napa de la clase trabajadora están los no registrados. Por eso es tan importante lo que logramos en el Consejo del Salario: reactivar la comisión de empleo para discutir toda esta forma de trabajo irregular. Para nosotros en el Consejo del Salario, la prioridad no es discutir el 180% de aumento de salario, ni el 50% de aumento porque eso es hipocresía pura. Eso es querer engañar  a los compañeros y compañeras con el canto de sirena que dice : “Yo soy más combativo porque voy con la cifra más alta.”

Cuando nosotros salimos a discutir en el Consejo del Salario sabemos que la mayoría de los trabajadores del NOA y el NEA van a mirar por televisión un salario mínimo que ni de lejos lo van a alcanzar de acá a dos o tres años. Por eso estamos proponiendo que alguna vez convoquen a todos los Ministros de Trabajo de las Provincias, o reunirnos con el Consejo Federal de Ministros de Trabajo para empezar a discutir provincia por provincia cuál es la realidad salarial del sector público y qué pasa con los trabajadores rurales. Esas son las cosas que realmente faltan, que realmente hay que garantizar.