Caso Rucci: ¿Qué hacemos con la indemnización, Claudia?

La lucha de dirigentes como Rucci permitieron que las conquistas de 1945-55 sobrevivieran a regimenes represivos como la “Libertadora” y el onganiato. Su asesinato el 25 de septiembre de 1973 despertó múltiples hipótesis aún hoy no confirmadas. Desde la CIA (versión Dante Gullo) hasta una fracción de las FAR a punto de sumarse a Montoneros (versión Ceferino Reato). “No se sabe, incluso pudo haber sido una interna sindical” señaló su hijo, Aníbal, en una entrevista para la APU en la Fundación Rucci. En aquel momento, la interna con Lorenzo Miguel estaba cada vez más caliente.

Por decisión de Carlos Menem, la familia Rucci cobró una indemnización de 220 mil dólares. El decreto señalaba que el asesinato del secretario general de la CGT estaba encuadrado en la ley 24.411 artículo 2: “Tendrán derecho a percibir igual beneficio los causahabientes de toda persona fallecida como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10-12-83”. La ley buscaba reparar a las víctimas no solo del ejército sino también de la AAA.

Posteriormente, la situación política incidirá para que Claudia Rucci cuestione esta presunción que la había beneficiado. En 2005, la senadora Cristina Fernández de Kirchner derrota electoralmente a Hilda González de Duhalde, alias Chiche. Eduardo Duhalde inicia una batería de conspiraciones, algunas de las cuales participa su cómplice sindical, Gerónimo “Momo” Venegas, responsable de UATRE. Este último financia la campaña anónima “asesinado por argentino y peronista” con el rostro de José Rucci. El objetivo era ambicioso: quebrar la alianza del gobierno kirchnerista con el sindicalismo, a partir de denunciar que los Kirchner eran montoneros y por lo tanto responsables del asesinato de un ícono del sindicalismo. La campaña fracasa, por lo cual se procede a una afichada mucho más explícita denunciando “los terroristas, subversivos y asesinos en el poder”, tales como los periodistas Horacio Verbitsky y Miguel Bonasso, el secretario de Derechos Humanos Eduardo Duhalde, el secretario legal Carlos Zanini.

Ante un nuevo fracaso, Duhalde recluta a la hija de Rucci, Claudia, que había tenido veleidades mediáticas desde temprana edad. En la lista que Duhalde le arma a Francisco De Narváez, Claudia ingresa como diputada nacional. La única forma de justificar su ingreso a esta responsabilidad era inventar una militancia contra la izquierda peronista y la supuesta responsabilidad de Montoneros en el asesinato de su padre. Esa convicción no la profesaba en 2004, cuando fue funcionaria del gobierno nacional, según lo señala ella misma en su sitio.

Obviamente, el doble discurso de Claudia no implica un delito, pero sí haber cobrado el resarcimiento. En 2008 un juez comenzó a investigar si la indemnización correspondía. En 2009, el hijo de desaparecidos Aníbal Facundo Martínez Soler la denunció por “estafa a la administración pública”.

José Ignacio Rucci es un mártir del peronismo y del campo popular en Argentina. Claudia debería elegir entre cobrar la indemnización o denunciar a la izquierda peronista. Si no, puede suponerse que hay mucho de oportunismo y poco de respeto al padre.