Brasil: una reforma constitucional para congelar el gasto público por 20 años

Por Santiago Gómez
Desde Florianópolis

El Congreso brasileño aprobó ayer la Propuesta de Enmienda Constitucional 55 (PEC 55) que congeló el gasto público por los próximos veinte años. La nueva normativa instituyó un nuevo régimen fiscal que estableció un techo al presupuesto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Conforme la normativa aprobada por el Senado Nacional, por 61 votos a 14, apenas 4 votos más de los necesarios, de 2017 en adelante los recursos del Estado se actualizaran por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, sacándole a las fuerzas políticas y gobernantes la posibilidad de definir el presupuesto y establecer el orden de prioridades que cada gobierno considere. La previsible votación de la PEC 55 motivó las ocupaciones de escuelas secundarias y universidades públicas por los límites que establece a las inversiones en educación y salud pública. El gobierno golpista de Michel Temer sancionó la normativa mientras los medios nacionales y algunos de los principales referentes políticos del país piden su renuncia y el llamado a elecciones.

La enmienda constitucional establece que para el ejercicio de 2017 el presupuesto será igual al del 2016 más el 7,2% del mismo. Para los ejercicios siguientes  los recursos de los que podrán disponer el Estado para los gastos de cada uno de los tres poderes será igual al del año anterior actualizado por el Índice de Precios y así continuará correlativamente por los próximos veinte años. La PEC 55 establece que recién dentro de diez años el Presidente podrá proponer un nuevo régimen fiscal que modifique el método de corrección del límite que se establece y sólo sera permitida una modificación por mandato.

La normativa aprobada estableció también la prohibición de crear nuevos cargos, empleos o funciones que impliquen un aumento en el presupuesto público, así como también la prohibición de modificar los planes de carrera de los empleados públicos y la contratación de personal, salvo la reposición de cargos de jefatura o dirección que resulten de la necesidad generada para cubrir vacantes de cargos efectivos o vitalicios. De esta manera los próximos gobiernos brasileños, salvo que voten una nueva enmienda constitucional, verán limitada su capacidad de hacer política a favor de los sectores más necesitados.

Pasado y futuro de Brasil

Vale recordar que tras la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor Kirchner, ambos mandatarios aprobaron el llamado "Consenso de Buenos Aires", en clara referencia al "Consenso de Washington", emblema de las políticas neoliberales. A través de la normativa aprobada por los presidentes de Argentina y Brasil, se estableció que el trabajo era la polea que dinamizaría el crecimiento y desarrollo social, a través de la promoción de políticas industriales y de fomento del mercado interno desde el Estado nacional. La nueva normativa vigente busca instituir la imposibilidad de que políticas semejantes puedan ser tomadas en el futuro. Cabe recordar que no es la primera vez que se instituyen en Brasil políticas de achicamiento del Estado, ya que en el año 1995, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso estableció la llamada "Reforma del Estado", ideada por el tecnócrata neoliberal Luiz Carlos Bresser-Pereira. Dicha reforma estableció un límite al gasto público, limitando la cantidad de recursos que el Estado puede administrar, superado el cual obliga a terciarizar, por ejemplo, la atención de salud en empresas privadas o llamadas de beneficiencia.

El mismo día en que se esperaba la nueva ley que establezca el achicamiento del Estado, Bresser-Pereira pidió la renuncia de Michel Temer. Quien veinte años atrás justificaba el achicamiento del Estado explicando que el gasto público era la razón de la crisis política y económica que los países de América vivieron durante los años ochenta y noventa por el avance del poder financiero, utilizó las redes sociales para sentenciar que Temer busca "el desmantelamiento del Estado". El ex funcionario de Fernando Henrique Cardoso,  señaló que el país recién volverá a ser gobernado de manera mínimanente decente cuando el presidente sea elegido por el pueblo y pidió llamar a elecciones. Lula citó recientemente  a Cardoso como testigo en su defensa ante las acusaciones de corrupción,

Las palabras de un neoliberal de referencia deben considerarse en el contexto en el cual Folha de São Paulo y O Globo insisten en atacar al gobierno de Michel Temer por sus vinculaciones con casos de corrupción. La posición de Folha no sorprende, ya que el 2 de abril pasado publicó el editorial "Ni Dilma ni Temer", en el cual señaló que a pesar de que no existieran pruebas contra la presidenta legítima de Brasil la misma debía irse por la crisis política; sin embargo, también manifestó que Temer tampoco debía quedar al frente del Poder Ejecutivo por las claras vinculaciones de su partido y su persona a los casos de corrupción que fueron denunciados en la llamada "Operación Lava Jato", que dirige el juez Sérgio Moro. En el día de ayer Folha difundió las declaraciones de Marcelo Odebrecht, heredero de una de las principales empresas constructoras y contratistas del Estado, detenido en el marco de la Ley del arrepentido, que señaló que hizo un aporte al PMDB por R$ 10 millones a pedido de Michel Temer.

¿Qué pasa si Temer renuncia?

En caso de que los medios de comunicación y el malestar popular producido por la PEC 55 precipiten la renuncia de Temer antes de fin de año, el Poder Legislativo está obligado a llamar a elecciones en un plazo de 90 días. Caso que la renuncia se produzca en el año 2017, se establecería una elección presidencial indirecta, acordada entre las dos Cámaras Legislativas nacionales. Los nombres que circulan para las próximas elecciones en representación de los ideales del Partido dos Trabalhadores son los de Luiz Inácio Lula da Silva y Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabajador, que fue Ministro de Integración Nacional del gobierno de Lula. Por su parte, el proyecto neoliberal, mantiene a Aécio Neves como su candidato, a pesar de sus vinculaciones con casos de corrupción y narcotráfico. A finales de novimebre el juez Sérgio Moro, quien lleva adelante la operación judicial contra el líder del PT, pidió una licencia en la Universidad Federal de Paraná donde es docente. Folha de São Paulo informó que el objetivo del juez era pasar un año en Estados Unidos, estudiando una vez finalizada la operación Lava Jato. Moro salió a desmentir la noticia. La semana pasada el juez se mostró sonriente en un evento con Aécio Neves y distintos políticos del PSDB, que el equipo de comunicación de Lula se ocupó de difundir.