El proyecto de la unidad latinoamericana (V): de la Revolución Sandinista a las nuevas formas de integración

Desde las luchas revolucionarias y los procesos de paz en América Central hasta las iniciativas de integración económica, concertación diplomática y articulación de movimientos sociales desarrolladas entre las décadas de 1980 y 1990, América Latina atravesó profundas transformaciones políticas y geopolíticas. En un escenario marcado por las transiciones democráticas, el avance del neoliberalismo, la injerencia de Estados Unidos y las dificultades para consolidar espacios de cooperación regional, persistieron diversos esfuerzos orientados a sostener y reconfigurar el horizonte de la unidad latinoamericana tras el ciclo revolucionario y el fin de la Guerra Fría. En ese marco, el regionalismo abierto, los parlamentos regionales y nuevas modalidades de integración expresaron las búsquedas de articulación y cooperación que atravesaron a la región durante este período.

Internacionalismo revolucionario y diplomacia de la paz

La década de 1970 fue un período profundamente convulsionado en América Latina: años de intensa lucha social, política y armada; de grandes esperanzas y profundas frustraciones; de utopías, represión y desapariciones. En América Central, tras las huellas de Farabundo Martí, Jacobo Árbenz y Augusto César Sandino, emergieron poderosos movimientos guerrilleros en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Influenciadas por la Revolución Cubana, estas organizaciones impulsaron procesos insurreccionales que, en el caso nicaragüense, lograron tomar el poder en 1979 y que, en Guatemala y El Salvador, llegaron a poner en jaque a los respectivos regímenes.

La triunfante Revolución Sandinista se desarrolló a lo largo de toda la década de 1980 y tuvo un enorme impacto internacional, en un contexto marcado por el repliegue de las luchas revolucionarias en América Latina y el mundo. En momentos en que el neoliberalismo y la globalización comenzaban a expandirse, la revolución impulsada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional parecía reactivar una experiencia política “a la vieja usanza”, despertando enormes entusiasmos y renovadas esperanzas colectivas. Cientos de personas provenientes de distintos países de la región y del mundo se incorporaron como voluntarias a brigadas solidarias de trabajo e incluso como combatientes en apoyo al proceso revolucionario nicaragüense. Entre ellos había mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, costarricenses, panameños, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, chilenos, argentinos, uruguayos, cubanos y brasileros, en una clara expresión del sentimiento de unidad latinoamericana.

En sus primeros años, la revolución convocó a un espectro político y social muy amplio, que abarcó desde guerrilleros marxistas hasta sacerdotes católicos —tanto vinculados a la Teología de la Liberación como provenientes de tradiciones doctrinarias más conservadoras—, además de representantes de la pequeña burguesía y de sectores del empresariado nacional. Esa amplitud inicial facilitó la adhesión de diversos sectores políticos, lo que alimentó también los intentos de articulación y unidad entre exiliados de distintos países latinoamericanos, que buscaban organizar la resistencia frente a las dictaduras de la “seguridad nacional” que dominaban gran parte de la región.

El triunfo sandinista generó un renovado ímpetu revolucionario en diversos movimientos armados de América Latina y el Caribe. Ese “desorden” en su “patio trasero” resultaba inadmisible para los Estados Unidos, ya que ponía en evidencia las fragilidades de su control sobre el hemisferio occidental. Así, desde la Casa Blanca, y en continuidad con las lógicas represivas desplegadas por la Operación Cóndor en el Cono Sur, se promovió y financió una violenta ofensiva contrarrevolucionaria.

En Nicaragua, además de impulsar el aislamiento y el boicot al gobierno sandinista, Estados Unidos apoyó militarmente a la “Contra”. En Guatemala, respaldó una represión brutal que derivó en un verdadero genocidio, con un saldo estimado de alrededor de 200.000 muertos, en su mayoría indígenas mayas. En El Salvador, por su parte, la violencia represiva alcanzó uno de sus símbolos más dramáticos con el asesinato de Óscar Arnulfo Romero, ultimado a balazos mientras oficiaba misa en San Salvador. Canonizado décadas más tarde por Pope Francis, Romero se convirtió en un símbolo del martirio de los pueblos de Nuestra América. Al mismo tiempo, Estados Unidos invadió militarmente Granada en 1983, donde gobernaba desde 1979 el líder socialista Maurice Bishop, y en 1989 ocupó Panamá, consolidando nuevamente su control estratégico sobre el canal bioceánico.

Este injerencismo recargado, acompañado por algunos gobiernos alineados con los Estados Unidos, debilitó y, en muchos casos, desarticuló las instancias de articulación regional. La retirada de países, la paralización de organismos y la reorientación de las políticas exteriores hacia acuerdos bilaterales erosionaron los espacios de concertación. No obstante, el ciclo integracionista no se detuvo, sino que fue reconfigurado a partir de la confluencia de dos procesos: por un lado, uno de carácter político, orientado a garantizar las transiciones democráticas y los procesos de paz en América Central; por otro, uno de tipo económico, dirigido a enfrentar de manera conjunta las negociaciones derivadas de la crisis de la deuda y a impulsar nuevas formas de integración.

Las transiciones democráticas, así como la intensidad de las guerras civiles y movimientos revolucionarios en Centroamérica impulsaron instancias de concertación política autónoma orientadas a resolver los conflictos regionales y afirmar una diplomacia latinoamericana más independiente. En ese marco, el Grupo de Contadora, creado en 1983 por México, Colombia, Venezuela y Panamá, promovió el diálogo y la negociación para reducir la injerencia externa, limitar la militarización y favorecer la paz en países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Aunque no logró por sí solo resolver los conflictos, sentó bases decisivas para los acuerdos de paz posteriores y constituyó una expresión significativa de autonomía regional.

Poco después, en 1985, se conformó el Grupo de Apoyo a Contadora con el objetivo de reforzar y ampliar la iniciativa orientada a la paz en América Central. Estuvo integrado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, que se sumaron a los esfuerzos de México, Colombia, Venezuela y Panamá. Su propósito fue otorgar mayor peso político regional a las negociaciones, respaldar las soluciones pacíficas a los conflictos centroamericanos y fortalecer una posición latinoamericana más autónoma. La articulación entre ambos grupos dio lugar al llamado Grupo de los Ocho, antecedente directo del posterior Grupo de Río.

Este último fue creado en 1986 y se constituyó como un espacio de concertación política latinoamericana que retomó y amplió las experiencias previas de cooperación, con el objetivo de fortalecer el diálogo regional, coordinar posiciones en política exterior y afirmar una mayor autonomía frente a las tensiones de la Guerra Fría. A diferencia de esquemas más institucionalizados, funcionó de manera flexible y sin estructura permanente, privilegiando las cumbres periódicas de jefes de Estado y cancilleres como ámbito de consenso político. Esto le permitió intervenir en temas como la promoción de la democracia, la resolución pacífica de conflictos y la cooperación regional; aunque careció de mecanismos vinculantes, su importancia radicó en consolidar una práctica de concertación latinoamericana que luego influiría en las instancias surgidas en la primera década del siglo XXI.

Finalmente, hay que destacar los Acuerdos de Esquipulas firmados en 1986 y 1987 por los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica con el objetivo de poner fin a los conflictos armados en América Central. Incluían una serie de compromisos de los cuales el momento clave fue Esquipulas II en 1987, que estableció un plan integral de paz basado en el cese de hostilidades, la reconciliación nacional, la democratización, la convocatoria a elecciones libres y el fin del apoyo a fuerzas irregulares, aunque sin poder desprenderse totalmente de la dinámica de la Guerra Fría y la injerencia imperial.

Cabe señalar que estos acuerdos, impulsados por el presidente costarricense Óscar Arias, retomaron y profundizaron los esfuerzos diplomáticos previos del Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo. Aunque su implementación fue gradual y enfrentó dificultades, los Acuerdos de Esquipulas resultaron fundamentales para avanzar hacia la pacificación de Nicaragua y sentaron las bases de los Acuerdos de Chapultepec, que lograron la paz en El Salvador en 1992 y los Acuerdos de Paz de Guatemala de 1996.

Los compromisos de pacificación en América Central, firmados entre fines de los años ochenta y mediados de los noventa, marcaron el cierre de prolongados conflictos armados en la región y dieron cumplimiento a los objetivos que habían impulsado las iniciativas de concertación regional. Asimismo, el fin de la Guerra Fría, tras la disolución de la Unión Soviética, contribuyó decisivamente a la resolución de estos enfrentamientos, ya que desapareció el mundo bipolar que los sustentaba. No obstante, la consecución de la paz no implicó la superación de los problemas sociales y estructurales que habían dado origen a los conflictos y procesos revolucionarios en la región, ni de las graves injusticias sociales que aún perduran.

Regionalismo abierto e integración económica

El otro factor que impulsó procesos de unidad en los años ochenta y noventa fue de carácter económico. Por un lado, estuvo orientado a enfrentar de manera conjunta las negociaciones derivadas de la crisis de la deuda; por otro, respondió a la búsqueda de nuevas formas de integración en un contexto de liberalización económica y progresivo abandono de las políticas proteccionistas. Así, la década de 1980 se presenta como una etapa de transición en la que coexistieron las estrategias de industrialización por sustitución de importaciones con el emergente enfoque neoliberal de apertura al mercado mundial. Recién hacia fines de los años ochenta y durante los noventa, de la mano de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un nuevo modelo de integración —conocido como regionalismo abierto— se consolidó como doctrina.

A diferencia de los modelos anteriores —más cerrados y orientados a la sustitución de importaciones—, el regionalismo abierto proponía combinar la integración regional con la apertura al mercado mundial. Es decir, no se trataba de formar bloques proteccionistas, sino de utilizar los acuerdos regionales como plataformas para mejorar la competitividad internacional, atraer inversiones y facilitar la inserción en la economía global. En la práctica, esta orientación se tradujo en la proliferación y reformulación de acuerdos orientados a la modernización de esquemas previos y la firma de tratados de libre comercio tanto dentro como fuera de la región. El énfasis estuvo puesto en la reducción de aranceles, la liberalización comercial y la convergencia con las reglas del sistema multilateral, en sintonía con el clima de reformas estructurales de la época. Si bien contribuyó a dinamizar el comercio intrarregional y a insertar a algunos países en cadenas globales, también produjo impactos profundamente negativos, acentuando la desigualdad entre economías de distintos países y dentro de cada país, así como limitando la capacidad para promover un desarrollo industrial autónomo.

Dentro de estas coordenadas generales, puede identificarse un primer hito en la creación en 1980 de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que reemplazó a la ALALC con el objetivo de promover una integración económica más flexible y gradual entre los países de América Latina. A diferencia de su antecesora fundada en 1960, la ALADI abandonó la idea de un mercado común uniforme y adoptó un esquema basado en acuerdos parciales y diferenciados, que permitía a los países avanzar a distintos ritmos según sus capacidades y prioridades. Este enfoque buscó compatibilizar la diversidad económica de la región con la expansión del comercio intrarregional, sentando además bases jurídicas e institucionales para futuros procesos de integración.

Poco después, en 1984, se constituyó el Grupo de Cartagena como un intento de articular una respuesta regional frente a la crisis de la deuda externa que afectaba a buena parte de América Latina. Impulsado inicialmente por países como Argentina, Brasil, México y Colombia, el espacio buscó coordinar posiciones para negociar en mejores condiciones con los acreedores internacionales y con organismos como el Fondo Monetario Internacional. Más que constituirse como un bloque formal, funcionó como un mecanismo flexible de consulta y concertación política, donde se compartían diagnósticos y se promovía la idea de que la deuda era un problema estructural —y no meramente nacional— que requería soluciones colectivas, incluyendo la reestructuración de pagos y la revisión de las condiciones financieras internacionales.

Sin embargo, el Grupo de Cartagena enfrentó límites que impidieron su consolidación como una estrategia efectiva de acción conjunta. Las diferencias en los perfiles de endeudamiento, las prioridades económicas y las coyunturas políticas de cada país dificultaron sostener posiciones comunes en el tiempo. A ello se sumaron las fuertes presiones del sistema financiero internacional, que incentivaba negociaciones bilaterales y programas de ajuste diferenciados, debilitando cualquier intento de coordinación regional. Aunque el grupo no logró imponer una agenda común ni alterar sustancialmente la relación de fuerzas con los acreedores, dejó como legado una experiencia temprana de concertación latinoamericana en torno a un problema compartido, anticipando debates posteriores sobre integración regional y autonomía económica.

Por otro lado, desde mediados de los años ochenta se produjo un acercamiento entre los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney, que se plasmó en la firma de la Declaración de Foz de Iguazú (1985). Dio inicio a un proceso de integración bilateral orientado a fortalecer la cooperación económica, política y estratégica entre Argentina y Brasil, dejando atrás décadas de desconfianza y rivalidad y dando lugar al Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE). Este acercamiento estratégico entre las dos principales economías de Sudamérica sentó las bases para la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur). Constituido con la firma del Tratado de Asunción en 1991, e integrado también por Uruguay y Paraguay, se consolidó como el principal bloque subregional.

Paradójicamente, en años marcados por el auge del neoliberalismo, el Consenso de Washington y las políticas de apertura económica, se formó un proceso de integración regional de gran alcance. El Mercosur surgió como un acuerdo comercial orientado a consolidar un mercado común, mediante una unión aduanera —que, a diferencia de una mera zona de libre comercio, exige la negociación conjunta y unánime con otros países o bloques—, con el fin de facilitar el intercambio y fortalecer las economías regionales en un contexto de globalización acelerada. Aunque nacido en un clima ideológico proclive a la liberalización, el bloque sentó bases institucionales que trascendieron ese marco y abrieron la puerta a una integración de mayor densidad política.

También en 1991 se constituyó el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) como organismo regional con el objetivo de promover la integración política, económica, social y cultural de los países de América Central. Surgió en el contexto de los procesos de paz que pusieron fin a los conflictos armados en la región, retomando y ampliando iniciativas previas de integración centroamericana. Sus Estados miembros incluyen a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, además de Belice y República Dominicana como miembros posteriores. El SICA articula diversas instituciones y consejos sectoriales para coordinar políticas en áreas como comercio, seguridad, medio ambiente y desarrollo social, con el propósito de consolidar una región más integrada, democrática y en paz. Aunque ha tenido avances en cooperación y coordinación regional, también enfrenta desafíos vinculados a las asimetrías entre países, la debilidad institucional y las tensiones políticas internas.

Unos años más tarde, el Pacto Andino creado en 1968 se reformuló como Comunidad Andina, a partir de la firma del Protocolo de Trujillo. Este cambio producido en 1996 no fue sólo nominal, sino que implicó una redefinición profunda del esquema de integración, adaptándolo al nuevo contexto regional e internacional posterior a la Guerra Fría y a las reformas económicas de orientación liberal. La transformación significó el paso de un modelo centrado en la planificación industrial y la sustitución de importaciones hacia otro más flexible y orientado al mercado. Se fortaleció la institucionalidad del bloque —con la creación del Sistema Andino de Integración—, se buscó dinamizar el comercio intrarregional y se promovió una mayor apertura externa. En este sentido, la nueva Comunidad Andina se alineó con el enfoque del “regionalismo abierto”, priorizando la competitividad, la liberalización comercial y la inserción en la economía global.

Mientras tanto, en 1991 surgieron las Cumbres Iberoamericanas, cuya primera edición se celebró en Guadalajara. Este espacio reúne a jefes de Estado y de gobierno de América Latina, e incorporó de manera significativa a Cuba —aún bloqueada y sin haber ingresado todavía a la ALADI—, junto con España y Portugal. Su impacto sobre el regionalismo fue ambivalente. Por una parte, fortalecieron las prácticas de concertación política y el multilateralismo, ampliando los espacios de diálogo más allá del ámbito estrictamente latinoamericano y favoreciendo la cooperación en áreas como educación, cultura y cohesión social. Por otra parte, al incorporar a actores extrarregionalas como España y Portugal, estas instancias tendieron a diluir la especificidad de los proyectos de integración latinoamericana, desplazando parcialmente el eje hacia una comunidad iberoamericana más amplia y atravesada por intereses geopolíticos divergentes. Estas tensiones se hicieron particularmente visibles en el enfrentamiento verbal entre el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el rey de España, Juan Carlos I, durante la Cumbre de 2007 en Chile.

Por último, como contracara de estas iniciativas de integración intrarregional, es necesario considerar dos procesos en sentido inverso. Por un lado, en 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo marcó un giro significativo hacia esquemas de integración orientados al mercado y estrechamente vinculados a Estados Unidos, influyendo en los debates regionales sobre los modelos de desarrollo e inserción internacional. Fue el primer tratado de libre comercio integral entre Estados Unidos y un país latinoamericano, y se convirtió en un antecedente clave para las iniciativas posteriores orientadas a subordinar a otros países —e incluso a la región en su conjunto— mediante acuerdos similares. De este modo, constituyó un primer paso en la reformulación económica del panamericanismo del siglo XIX, entendido como expresión del proyecto de hegemonía de Estados Unidos sobre el continente.

En conjunto, el regionalismo latinoamericano de los años noventa se configuró en una clave ambivalente: mientras el fin de los conflictos armados en América Central cerró una etapa de violencia y abrió paso a la institucionalización democrática, el predominio del enfoque del regionalismo abierto, si bien alentó procesos de unidad, orientó la integración hacia la liberalización y la inserción en la economía global. En paralelo, que las Cumbres Iberoamericanas ampliaron los espacios de diálogo político en un marco más amplio que el estrictamente latinoamericano, mientras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte reforzó la gravitación de Estados Unidos como polo hegemónico. Así, la región combinó avances en la cooperación y la estabilidad política con una integración económica más abierta y, en muchos casos, menos orientada a la construcción de un proyecto autónomo de unidad regional.

Parlamentos regionales

Un rasgo característico de los años ochenta y noventa fue el impulso a los parlamentos regionales como espacios de representación política y diálogo entre los países de la región. Ciertamente, existían antecedentes que se remontan a la década de 1960. En particular el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), creado en 1964. Pero cuya institucionalización efectiva se produjo recién en 1987 cuando se estableció su sede permanente en Panamá, retomando simbólicamente el ideal integracionista de Simón Bolívar. En la misma línea, comenzó a funcionar en 1984, con sede en Bogotá, el Parlamento Andino, creado en 1979 como parte del proceso de integración entre Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

Por su parte, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) se puso en marcha en 1991, reuniendo a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, en el marco de los procesos de paz y democratización en América Central. Mientras que en 1994 se constituyó la Asamblea Parlamentaria del Caribe (CPA, por sus siglas en inglés) como un espacio de diálogo entre legisladores de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM). No obstante, esta asamblea tuvo un desarrollo limitado y no llegó a consolidarse, disolviéndose en 1999.

Ya en la primera década del siglo XXI, se crearon nuevas instancias parlamentarias vinculadas a los esquemas de integración regional: el Parlamento del Mercosur (Parlasur), iniciado en 2007 como órgano de representación del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con sede permanente en Montevideo, ha continuado en funcionamiento hasta la actualidad, si bien con alcances limitados.

En síntesis, las iniciativas de parlamentos regionales en América Latina y el Caribe reflejan el intento de dotar a la integración regional de una dimensión política y representativa más profunda. Entre sus principales logros, se destaca la creación de espacios institucionales de diálogo entre legisladores de distintos países, lo que contribuyó a fortalecer una cultura de concertación política regional y a incorporar agendas comunes en temas como democracia, derechos humanos, integración económica y cooperación. Además, estos parlamentos ayudaron a visibilizar la dimensión ciudadana de la integración, superando —al menos en el plano simbólico— su carácter predominantemente intergubernamental.

Sin embargo, sus limitaciones han sido significativas. En general, carecen de competencias legislativas vinculantes, lo que reduce su capacidad de incidir efectivamente en las políticas regionales. A ello se suman problemas de legitimidad —derivados en muchos casos de la designación indirecta de sus miembros—, debilidades institucionales, recursos limitados y escasa articulación con los poderes ejecutivos nacionales, que siguen siendo los actores centrales de la integración. En consecuencia, aunque han contribuido a consolidar prácticas de diálogo político, su impacto real en la profundización de los procesos de integración ha sido acotado y desigual.

Otras formas de integración

La unidad latinoamericana buscó encauzarse, con sus contradicciones, no solo en el plano económico y diplomático, sino también en ámbitos científicos, tecnológicos y estratégicos vinculados a la soberanía, así como en lo político-ideológico.

En el ámbito científico, la creación de la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) en 1990 constituyó un paso significativo hacia la coordinación regional en la Antártida. Este espacio permitió articular esfuerzos entre los países latinoamericanos con presencia en el continente blanco, promoviendo la cooperación científica, la optimización de recursos logísticos y una proyección conjunta en un territorio de creciente importancia geopolítica.

En lo tecnológico, destacaron iniciativas vinculadas a la cooperación nuclear entre Argentina y Brasil, que culminaron en la creación de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC). Se convirtió en un caso único a nivel mundial de salvaguardias administradas de manera conjunta por dos países y es considerada un ejemplo exitoso de cómo la cooperación científico-tecnológica puede contribuir a la paz, la integración regional y la autonomía estratégica.

En el mismo sentido, la Escuela Latinoamericana de Informática (ESLAI), creada en 1986 en Argentina, fue una iniciativa regional orientada a formar recursos humanos de alto nivel en informática y promover capacidades tecnológicas autónomas en América Latina. Con sede en Bariloche y el apoyo de organismos internacionales, reunió estudiantes y docentes de distintos países en un modelo académico de excelencia. Su experiencia fue breve —cerró hacia 1990 por falta de financiamiento—, pero dejó un legado significativo como intento temprano de integración científico-tecnológica regional.

En materia estratégica, destacó la creación de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS). Establecida en 1986 por iniciativa de Brasil, expresó la voluntad de los países ribereños de América del Sur —Argentina, Brasil y Uruguay— junto a 21 países africanos, de consolidar el Atlántico Sur como una región libre de armas nucleares y orientada a la cooperación. Este mecanismo interregional reforzó la idea de que la integración también debía pensarse en términos de seguridad y soberanía compartida, en un espacio clave para los intereses estratégicos latinoamericanos. Asimismo, constituyó una experiencia de cooperación Sur-Sur que contribuyó a respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

En el plano político-ideológico, la fundación del Foro de São Paulo en 1990 abrió un ámbito de articulación entre partidos y movimientos de izquierda de América Latina y el Caribe. Impulsado inicialmente por el Partido de los Trabajadores de Brasil, el Foro buscó repensar estrategias comunes tras el fin de la Guerra Fría, promoviendo el intercambio de experiencias y la construcción de agendas compartidas frente a los desafíos del neoliberalismo. Asimismo, contribuyó a sostener vínculos políticos en un contexto de repliegue de las izquierdas y sentó bases para la posterior reconfiguración del mapa político regional a comienzos del siglo XXI.

Asimismo, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, en el sur de México, en coincidencia con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se convirtió en un hito de fuerte resonancia latinoamericana. Más allá de su dimensión local, el zapatismo —con figuras como el Subcomandante Marcos— reintrodujo en la escena regional la centralidad de las luchas indígenas, la crítica al orden neoliberal y la reivindicación de formas alternativas de organización política y social, al tiempo que innovó en el uso de redes globales de comunicación y articulación con movimientos sociales de distintos países.

También fue significativa, como hecho de unidad, la solidaridad continental con Cuba, que atravesaba su llamado “Período Especial” tras la disolución de la Unión Soviética. En ese contexto, se multiplicaron las Casas de Solidaridad con el país caribeño, no sólo en América Latina sino también en otros continentes, muchas veces articuladas en torno a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), surgida de la Conferencia Tricontinental de La Habana de 1966. Estas redes contribuyeron a sostener apoyos políticos y materiales en un contexto de fuerte aislamiento internacional.

En el ámbito de los movimientos sociales, la creación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC–Vía Campesina) constituyó un hito en la articulación continental del campesinado. Si bien su nacimiento formal tuvo lugar en el I Congreso realizado en Lima, Perú, en 1994, con la participación de 84 organizaciones, su gestación se remonta a años previos. Surgió del impulso de organizaciones no afiliadas internacionalmente que coincidían en la necesidad de construir un espacio propio y autónomo, proceso que se vio fortalecido por la Campaña Continental 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular. Esta campaña —con encuentros en Colombia, Guatemala y Nicaragua— no solo abrió un espacio de resistencia en un contexto adverso para las organizaciones populares, sino que también funcionó como un laboratorio político y organizativo desde el cual se proyectaron nuevas estrategias de articulación regional.

Estos procesos evidencian que, aun en un contexto dominado por las reformas de mercado, persistieron y se renovaron diversas iniciativas de integración que abarcaron dimensiones científicas, tecnológicas, estratégicas y políticas, contribuyendo a sostener viva la perspectiva de una construcción latinoamericana común en múltiples planos. La irrupción de Hugo Chávez en Venezuela tras las movilizaciones del Caracazo en 1989, los levantamientos indígenas en Ecuador, las marchas de cocaleros en Bolivia encabezados por Evo Morales, las luchas por la reforma agraria en Paraguay y Guatemala, el accionar del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y la irrupción de los piqueteros en Argentina, así como el masivo triunfo en Uruguay del referéndum contra la ley privatizadora de empresas públicas, expresaron distintas formas de resistencia social frente al neoliberalismo en América Latina.

Desde fines de los años noventa, estos procesos de movilización contribuyeron a abrir una etapa posneoliberal, marcada por la reemergencia de actores populares, el cuestionamiento del modelo de ajuste y la búsqueda de nuevas formas de integración social y política en la región. En ese contexto, resultaron significativos el triunfo presidencial de Hugo Chávez en 1998 y la incorporación de Cuba a la ALADI en los últimos meses de 1999, como anuncio del inicio de una nueva etapa.