Honduras: otra vez fraude y represión
Por Carlos Iaquinandi Castro (*)
La farsa democrática instrumentada tras el golpe de junio del 2009 contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya vuelve a tambalear al intentar su reelección el actual presidente Juan Orlando Hernández.
Es oportuno recordar que, hace ocho años, la intención del ex presidente Zelaya de convocar un referéndum para consultar al pueblo sobre la derogación de esa prohibición, fue la excusa para organizar un golpe cívico militar. Entonces Hernández apoyó el golpe y fue designado presidente del Congreso.
El sistema de gobierno basado en el poder económico y político de un grupo de familias, que se consideran herederos naturales de los cargos públicos, dispone del férreo control social, los aparatos del Estado y la complicidad de los medios de comunicación. Así fue como hace dos años el actual presidente amañó un fallo de la Sala Constitucional de la justicia que rectificó la disposición constitucional que prohibía la reelección presidencial. Así despejó el camino para poder presentarse el pasado domingo 26 de noviembre como candidato para un nuevo periodo. Esa omnipotencia e impunidad le perfilaban como fácil vencedor.
Pero desde el aciago golpe de junio del 2009 las fuerzas populares nunca cesaron su resistencia. Ni siquiera ante la represión selectiva que acumula decenas de asesinatos de periodistas, campesinos, estudiantes, y sindicalistas. También los de activistas medioambientales, como el de Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras que encabezó la lucha contra las hidroeléctricas. Esa represión constante no doblegó a las organizaciones políticas y sociales. Así fue como en esta convocatoria electoral lograron conformar la denominada Alianza Opositora coordinada por el ex presidente Zelaya, derrocado por el golpe del 2009, y llevando como candidato a Salvador Nasralla, un periodista de tevé que provenía del Partido Anti-Corrupción.
Hernández: “asumiré el 27 de enero”
Los comicios se presentaron para el gobierno casi como un trámite rutinario. Tan fácil parecía su elección, que JOH no dudó en proclamar que asumiría el nuevo mandato el próximo 27 de enero. Pero en la noche del domingo 26 la Alianza Opositora encabezaba los primeros resultados.
Se argumentó entonces que eran datos parciales. Sin embargo, para el lunes, el candidato Salvador Nasralla tenía más de cinco puntos de ventaja sobre el oficialismo y marcaba tendencia con casi el 60 por ciento de los votos escrutados. Fue entonces cuando “sonaron las alarmas” del poder y el Tribunal Electoral suspendió el suministro de información. La vieja treta de “se cayó el sistema”, alegando problemas informáticos, volvió a ser empleada por el sistema oligárquico hondureño. La experiencia popular advirtió lo que se venía, y comenzaron los reclamos con marchas y cacerolazos.
Estado de excepción y toque de queda
Cuando finalmente se reanudó la información, la tendencia ganadora de Nasralla se invirtió y lentamente Hernández comenzó a descontar. Las reacciones no se hicieron esperar y en varios barrios la gente salió a las calles para expresar su rechazo a un posible fraude. Y siguiendo el guión habitual, el gobierno decretó por diez días el estado de excepción y el toque de queda durante las horas de la noche. La represión cobró sus primeros muertos y heridos. La cifra de detenidos supera el medio millar.
El Tribunal Electoral, con más del 90 por ciento de los votos supuestamente contabilizados y una pequeña diferencia a favor del oficialismo, no se animó a dar resultados finales.
Anunciaron -con intención de apaciguar la protesta- que sólo darían los resultados cuando hubieran completado totalmente el escrutinio.
Alianza denuncia presunto fraude
En sucesivas ruedas de prensa, la Alianza opositora explicó las posibilidades de que los resultados hubieran sido alterados. Actas sin firmas, otras que no llegaron a ser contabilizadas y técnicos informáticos que argumentaron sobre la falta de rigor en los cómputos del Tribunal Superior Electoral.
La Alianza exigió que poco más de cinco mil actas fueran revisadas y aportaba sus propias copias con las firmas correspondientes. Ante ese clima, la delegación de veedores europeos emitió una declaración afirmando que consideraba que “los comicios no habían terminado” y teniendo en cuenta posibles irregularidades apoyaba que fueran atendidos los reclamos de recuento en aras de transparencia y legalidad.
Por su parte, la delegación de observadores de la OEA afirmó que “el único camino posible para que el pueblo hondureño pueda aceptar y reconocer un ganador en este proceso electoral es que se llegue a un acuerdo entre los principales candidatos”. El jefe de la misión, el ex presidente boliviano Jorque Quiroga, dijo que “el estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos no permiten tener certeza sobre los resultados”. Esta vez, Luis Almagro diligente y sobreactuado cuando los comicios venezolanos, no apareció en escena.
La Policía se declara “neutral”
Durante unas 72 horas en las que reprimieron las manifestaciones populares, las fuerzas policiales ingresaron en barrios y colonias, incluso en viviendas particulares.
Los manifestantes reclamaron a los policías que no reprimieran a la gente y que respetaran el derecho a manifestarse y denunciar el fraude electoral.
Mientras las fuentes periodísticas estiman las víctimas en siete muertos y decenas de heridos, Bertha Oliva, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, informó en conferencia de prensa que habían sido trece las personas asesinadas por disparos de armas de fuego.
Entre el martes y el miércoles se produjo un giro inesperado, cuando los mandos policiales anunciaron que iniciaban una huelga y que dejarían de reprimir. En confusa rueda de prensa alegaron que estaban para cuidar el orden pero no para intervenir contra la gente. Se declararon “neutrales” y pidieron a los políticos que se pusieran de acuerdo. Y comenzaron a retirarse ordenadamente a sus cuarteles y postas.
“Esa sensación de ternura que produce el dinero”
Nuevamente en el gobierno creció la intranquilidad. Consideraban una “anormalidad” ese “plante” de la policía. Y en particular, que nada menos que el Grupo Cobra, fuerzas especiales antimotines entrenadas por Estados Unidos, se hubiera sumado a la posición del resto de las fuerzas de seguridad. Las autoridades convocaron entonces a los jefes policiales. Y tras varias conversaciones el presidente Hernández apareció en los medios explicando que la huelga policial era “una situación interna a nivel de escala básica.” Y a continuación anunció planes “para dignificar la carrera policial y mejorar sus condiciones laborales” con salarios dignos y viviendas.
Los mandos anunciaron “que levantaban su actitud porque se debían al orden constitucional”, aunque confusamente indicaban que no actuarían contra la población, “salvo alteraciones y disturbios”. Entrevistado por una señal norteamericana, el viceministro de Seguridad, Luis Suazo, afirmó que “hoy la Policía está en servicio completo y no creo que se merezcan escuchar que han sido comprados”, haciendo referencia a los aumentos salariales otorgados por el gobierno. El periodista pidió al equipo técnico que apagara el audio del estudio y que dejara solo la entrada de sonido exterior. Entonces se impuso el ruido del cacerolazo que provenía de los barrios. El viceministro admitió que “la protesta continuaba”.
El gobierno tiene la fuerza, tiene el control de los medios, y proyectos para seguir consolidando la dependencia de Honduras. Estas etapas de convulsión social no ponen en riesgo su continuidad. ¿Pero cuál es la continuidad que pretende y por qué?
Honduras no es un país soberano
Su historia moderna está ligada al modelo desarrollista que responde a los intereses de grandes grupos económicos extranjeros con la complicidad de una oligarquía vernácula.
Desde fines del siglo XIX las compañías bananeras norteamericanas, entre ellas la United Fruit y la Standard Fruit, extendieron las plantaciones y utilizaron la mano de obra semiesclava del campesinado hondureño. Contaron con el favor de los sectores conservadores, que a su vez, fueron consolidando una burguesía complaciente con el imperialismo norteamericano, ya que era la directa beneficiaria de negocios conexos con la explotación de su propio pueblo.
Pero el declive de la producción bananera afectó a partir de mediados del siglo XX la situación interna, sin que surgiera alguna opción de reemplazo. Miles de hondureños salieron del país en busca de trabajo, fundamentalmente hacia Estados Unidos.
Viviendo de los migrantes
En pocos años, las remesas que envían sus migrantes se convierten en una fuente de divisas para el país. En 2014, el dinero que llega de los hondureños en el exterior, supera al que produce el total de las exportaciones del país. Esos tres mil millones de dólares impiden que colapse la economía hondureña.
Paralelamente crece el narcotráfico, como en toda la región centroamericana, que es un espacio de circulación de la droga hacia el principal consumidor: Estados Unidos. Eso produce la aparición de cárteles en diversas zonas y también un auge de actividad económica en algunas regiones, producto del “lavado” del dinero negro del narcotráfico.
Desde hace varios años, este panorama económico, alienta una salida neoliberal de la cual Juan Orlando Hernández, el actual presidente que aspira a la reelección, es su principal valedor. Se trata de potenciar la política extractiva, y la creación de “zonas de libre acción” económica para atraer capitales.
Dependencia y entrega de soberanía: las ZEDEs
Las “Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo”, ZEDEs, son áreas del territorio nacional sujetas a un “régimen especial” en las que los propios inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias. Así puede leerse en la página web de la Secretaría de Desarrollo de Honduras. La ley promulgada durante en el 2013 por el presidente Hernández, define que las ZEDEs deben tener su propia policía, inteligencia, y persecución penal”. Incluso les otorga una forma de autonomía judicial para lo cual “podrían recurrir a jueces extranjeros”.
Según nos explica el padre Ismael Melo, director de Radio Progreso, uno de los pocos medios independientes en el país, “las ZEDEs son fundamentalmente la continuación del enclave bananero. Se trata de un enclave en su expresión más radical y adaptada al siglo XXI”. El padre Melo, que también coordina el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), uno de los centros de la realidad hondureña más reconocidos, nos añade que “estas zonas especiales que prepara el gobierno son un paso más hacia la pérdida de soberanía por parte del estado hondureño, porque en esos territorios, quien va a gobernar va a ser el empresario o la empresa privada.”
Despejando el camino
La Ley de “Regiones Especiales” pudo ser promulgada en el 2011, facilitando la creación de lo que se denominaban “Ciudades Modelo”. Pero en diciembre del 2012, la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional. Eso no fue un obstáculo para el gobierno de Hernández. A través del legislativo, ordenó la destitución de cuatro de los seis magistrados de la Sala de lo Constitucional que habían desechado el proyecto. Entonces se reconsideró la medida anterior y esta vez, fue aprobada por los nuevos y obedientes magistrados. En junio del 2013 el Parlamento aprobó la ley orgánica de las ZEDEs.
La creación de un megapuerto en Amapala sobre el Golfo de Fonseca, apunta como la posible primera “Zona Especial”. El estudio de factibilidad realizado por empresas coreanas está finalizado, según afirma el general retirado René Osorio, designado por el gobierno para coordinar este tema. (Recordemos que el Ejército Hondureño fue la parte “militar” del golpe del 2009 contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya, y virtualmente forma parte de la estructura del sistema de poder político).
La idea es denominar al futuro megapuerto como Centro Logístico de las Américas. El general añadió que la idea es que tenga aduana integrada y “que sea certificada por Estados Unidos”. Ahora están en la fase de buscar inversores, tarea que suponen no será difícil, “dadas las grandes ventajas” que serán ofrecidas al capital.
Internamente, la ZEDE se “vende” a los pobladores como una fuente de desarrollo, trabajo y estabilidad para los habitantes de la región. Al punto que en uno de sus últimos actos de campaña electoral el presidente participó en Tegucigalpa de una “subasta” internacional de futuros puestos de trabajo. Las empresas interesadas, todas extranjeras, sumaron más de 80 mil ofertas, por ahora solo sobre el papel. Una de ellas, la canadiense Dai Inc ofertó 28.000. El padre Melo resume la lógica de las ZEDEs: “el gobierno entrega soberanía y los empresarios entregan empleo”. El esquema de la operación es una profundización del régimen de “zonas francas” que ya opera en Honduras, o volviendo a la historia, el de los viejos enclaves bananeros.
Los mecanismos de la dependencia
La dependencia económica de Honduras se basa en una estructura de poder que mencionábamos al comienzo de este informe: centrada en un grupo de familias.
El padre Melo nos desarrolla este concepto. “Hay datos que hablan de que los verdaderos ricos en Honduras son 225 personas. Si uno comienza a cruzar los apellidos, no pasan de 17 familias, porque están muy entremezcladas. Y hay datos que circulan que hablan de que cada una de estas personas tiene un promedio de 150 millones de dólares. Es un proceso de acumulación y concentración de capitales que crece cada año”.
“Y controlan prácticamente todos los rubros de la economía. Esto es lo que se llama oligarquía y hasta plutocracia, porque es un gobierno de muy pocos ricos. Todos los productos que se venden, sin excepción, están controlados por estas familias, desde las cerillas al queso o el aceite, las galletas o el jabón, el combustible que le va a echar a la motocicleta, el colchón donde va a dormir o el televisor donde verá la novela. Por una parte te encuentras con esas 225 personas inmensamente ricas, y a la par, te encuentras en el mismo territorio con personas que no llegan a ganar 60 lempiras diarias, que son menos de tres dólares. Y una libra de queso a esa persona le cuesta 35 o 40 lempiras”.
Añade el padre Melo que el gobierno hondureño impulsa las inversiones a través de alianzas público-privadas, donde las multinacionales ponen la inversión y tienen el liderazgo, mientras que las familias que mencionaba son socios minoritarios que recogen una parte de los beneficios.
Lo que no hace el gobierno es impulsar políticas que alteren la propiedad de la tierra para aumentar la producción y genere formas sostenibles de empleo. Eso sí, hay una gran cantidad de programas de asistencia social con los que se entregan “Bolsas solidarias” a la gente. Se trata de unas cuantas provisiones como para atender las necesidades de uno o dos días. O un hornillo, algún electrodoméstico pequeño, o unas chapas de zinc. La población más pobre recibe estas “limosnas”, pero a cambio tiene que votar a ese presidente que ahora se presentó a la reelección. “La gran paradoja es que el gobierno de los grandes ricos, resulte defendido por la gente más pobre”, concluye el sacerdote jesuita.
Epílogo
Al cierre de este informe, cuya circulación no queremos demorar, persistía un alto grado de tensión en las calles, con diversas movilizaciones populares. En ciudades como El Progreso, Tela, La Lima y San Pedro Sula, las acciones se han concentrado en tomas de accesos carreteros que mantienen paralizado el tráfico. En círculos políticos se consideraba la posibilidad de exigir la repetición de las elecciones.
El Tribunal Superior Electoral, y el propio gobierno, parecen dudar al saber que se han convertido en centro de atención internacional con este insólito proceso de recuento.
Por un lado afirman que seguirán revisando las actas para asegurar la transparencia de los resultados. Por otro, no hay indicios de que estén dispuestos a rectificar.
Saben que cuentan con la complicidad de la Casa Blanca, y también de varios gobiernos del continente. (Recordemos que el golpe cívico militar del 2009 consiguió el visto bueno del gobierno de Obama y de su secretaria de Estado Hillary Clinton, y que de aquellos polvos vienen estos lodos).
Según Radio Progreso, en medio de esta crisis provocada por el posible fraude electoral, el gobierno norteamericano “certificó que Honduras ha estado luchando contra la corrupción y defendiendo los derechos humanos”, declaración que da luz verde para el envío de millones de dólares en ayuda financiera.
En cuanto a los países europeos, están muy ocupados con sus propios problemas, y además sus políticos se han vuelto muy selectivos en cuanto a lo de moverse en defensa de los derechos humanos. Incluso los partidos socialdemócratas. Sólo se ocupan de lo que puede afectar “al orden establecido”. Y sino, que se lo pregunten a los miles de refugiados que sobrevivieron al cruce del Mediterráneo y encuentran vallas, muros y rechazo o son retenidos en virtuales campos de concentración.
No, el pueblo hondureño no será la excepción, tendrá que seguir peleando con sus propias fuerzas por alcanzar una verdadera democracia y justicia social.
Eso sí, contará -por supuesto- con la solidaridad de todos los que están empeñados en las mismas luchas en sus propias tierras.
(*) Por el Servicio de Prensa Alternativo (SERPAL)