La prensa en México: amordazada y asesinada

Por Carlos Iaquinandi Castro (*)

“Hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico  y en el Gobierno (...) Uno debe cuidarse de todo y de todos”.

Javier Valdez Cárdenas, periodista mexicano asesinado el pasado lunes 15 en Sinaloa.

Los disparos de varios sicarios terminaron con la vida de Javier Valdez,  uno de los más destacados periodistas mexicanos sobre el narcotráfico y las complicidades de las autoridades con el crimen organizado. Lo acribillaron en Culiacán, capital de Sinaloa, cuna del Cártel del Chapo Guzmán, en pleno día y en la calle, como parte del ritual de los asesinos para afirmar su impunidad e imponer el miedo y el silencio.

Javier tenía cincuenta años recién cumplidos, pero desde hace años sabía que su profesión y su compromiso personal eran una sentencia en suspenso. Hace dos meses, cuando en el estado de Chihuahua fue asesinada su compañera del diario La Jornada Miroslava Breach, Javier dijo:“que nos maten a todos, si esa es la condena por reportear este infierno. No al silencio”.

La primera reacción a su asesinato ha sido de indignación. Como indicaba la crónica del diario Riodoce, del cual Valdez era fundador y redactor, “a Javier lo quisieron callar con 12 tiros, pero los sicarios en su intento solo lograron levantar la voz de un Culiacán indignado”. Así fue, y cientos de trabajadores, maestros, estudiantes y comerciantes se reunieron en las escalinatas de la Catedral para finalmente marchar hacia el Palacio de Gobierno de Sinaloa. Hacia allí se dirigieron periodistas y ciudadanos exigiendo la presencia del gobernador Quirino Ordaz. Finalmente subieron a la tercera planta y forzaron la entrevista. Una vez más escucharon palabras de lamento y promesas. “Se hará lo que haya que hacer”. La dosis habitual con la que los altos funcionarios del gobierno intentan aplacar los justos reclamos.

El peor crimen es el silencio

Sus compañeros periodistas afirmaron que “el peor crimen es el silencio, hay que exigir justicia”. Pero no será fácil en un país donde las estructuras de poder están carcomidas por la corrupción y la complicidad con los narco y a veces son simples franquicias del crimen organizado. En una reciente visita a España, José Ramón Cossio, uno de los ministros de la Suprema Corte mejicana, reconocía que la altísima impunidad en su país era un problema creciente. Haciendo referencia a la matanza de Tlatelolco, o la más próxima de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el magistrado afirmaba: “ahí hemos visto la enorme relación entre las fuerzas del Estado y la delincuencia, a un nivel que me parecía increíble. Que a unas personas las hayan eliminado físicamente en una connivencia entre delincuencia y Estado es muy grave”.  Y luego añadía que “más grave aún, es que pasados los años, permanezca la impunidad de los asesinos”.

Mordaza y violencia

Desde el 2000 han sido asesinados en México 216 periodistas. Siete en lo que va del año. Alguien dijo que muchos periodistas mexicanos no esperan la jubilación, esperan que los maten. Como en Honduras o Guatemala, la profesión es de alto riesgo. Informar, o sea contar la realidad, la verdad y no mentir, ocultar o manipular, se convierte en riesgo mortal. El índice de impunidad en estos crímenes es del 97,7 por ciento.  

El poder político tiene un discurso hipócrita que incluye alabanzas a la libertad de expresión y a los derechos humanos, pero en la práctica “deja hacer” atropellos permanentes a las libertades, y sus organismos de seguridad y de justicia no consiguen esclarecer los crímenes, ni encontrar a los culpables. A lo sumo retienen a unos pocos sicarios ejecutores que suelen ocultan a los verdaderos responsables a cambio de una buena defensa y “protección”.

El uso de las amenazas y la violencia contra los periodistas no es patrimonio de los diversos cárteles de la droga. Gobernadores y altos cargos tienen sus propios cuerpos de matones a sueldo (eso suelen ser aunque figuren en las nóminas como “funcionarios” oficiales). Son los encargados de acallar las denuncias sobre estafas, corrupción, coacciones u otros delitos. Y en muchos casos, hay una manifiesta connivencia entre los mandos de las fuerzas de seguridad del Estado con organizaciones criminales.

La cuna del cártel del “Chapo”

Sinaloa, el estado donde fue asesinado Valdez, es el centro de operaciones del cártel que dirigió el “Chapo” Guzmán, actualmente extraditado a Estados Unidos, luego de cinematográficas fugas de cárceles de “máxima seguridad”, con evidentes complicidades de sus custodios. Hace pocos días, detuvieron a “el licenciado” Dámaso López, sucesor del Chapo Guzman. “El licenciado” fue subdirector de la cárcel de seguridad de Jalisco, de la cual  -con su ayuda-  escapó por primera vez el “Chapo” en el 2001. Luego se incorporó como uno de los hombres de máxima confianza del “jefe”. Pero como una hidra de infinitas cabezas, la organización delictiva genera nuevos líderes y mantiene o expande el “negocio”.

Honestidad y compromiso

Javier, fundador y redactor del diario Riodoce, era una referencia por su honestidad y compromiso. Sociólogo y periodista, escribió varios libros. El año pasado publicó el último: Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia.  En 2011, el Comité para la Protección de Periodistas le otorgó el Premio Internacional de la Libertad de Prensa por su trabajo. El discurso que leyó retumba con más fuerza: “En Culiacán, Sinaloa, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el Gobierno (...) Uno debe cuidarse de todo y de todos”.

La cuenta sigue…

Pero con ser tan reciente, el asesinato de Javier Valdez ya no es el último. Pocas horas después del crimen en Sinaloa, otros sicarios en el estado de Jalisco, disparaban contra la directora de la revista semanal El Costeño y su hijo, redactor en el mismo medio. Sonia Córdova está grave, pero su hijo Jonathan resultó muerto en el ataque.

El verdadero testamento de Javier

En octubre del año pasado, Javier hizo unas declaraciones en el diario La Jornada. Describió con tanta crudeza como precisión cómo deben ejercer su profesión aquellos que lo hacen con honestidad y compromiso. Podemos decir que constituyen una parte significativa de su legado. Dijo entonces: 

“No hablamos sólo de narcotráfico, una de nuestras acechanzas más feroces. Hablamos también de cómo nos acecha el gobierno. De cómo vivimos en una redacción infiltrada por el narco, al lado de algún compañero en quien no puedes confiar porque quizá sea el que pasa informes al gobierno o los delincuentes”.  Y añadió: “Señalamos también a los empresarios, a los dueños y ejecutivos de los medios, que priorizan el negocio, que están más preocupados por la ganancia que por contar la historia de lo que está pasando en nuestro país, o de lo que pueda pasarles a sus reporteros, a sus empleados”.

En uno de los primeros actos de condena a su asesinato, su colega la periodista Carmen Aristegui, refiriéndose al crimen, afirmó: “no hay lugar a dudas, como lo publicó hoy Ríodoce, y que lo escuche Gobernación, Peña Nieto, el procurador y quien quiera escuchar, dentro y fuera del país: este asesinato es producto del trabajo de Javier, respuesta al trabajo de Javier, respuesta criminal a lo que Javier hizo a lo largo de su vida”. “Por ello, aquí juntos tenemos que darnos valor para seguir informando, para seguir reporteando, para seguir investigando, denunciando, opinando. Esta muerte -concluyó-  tiene que significar un incentivo: necesitamos que estas muertes signifiquen, sacudan, no sólo a los periodistas que estamos aquí. Necesitamos que signifiquen para la sociedad.”

Estos sucesos y estas reflexiones convocan a los mexicanos a defender sus derechos, garantizar justicia y terminar con la impunidad.

Y fuera de sus fronteras, a que la comunidad internacional comprenda y condene el perverso funcionamiento de sectores del poder político en ese país.

(*) Por el Servicio de Prensa Alternativo (Serpal).