Crisis en la universidad pública: “Nunca vimos un ajuste de esta magnitud”

A pocos días de comenzar las clases universitarias, la situación es crítica: las universidades ya alertaron que con el presupuesto actual no pueden garantizar el pleno funcionamiento de sus instituciones. La advertencia se da ante la falta de un presupuesto nacional debido a que el Congreso no sancionó una ley para este año y rige, por lo tanto, el presupuesto de 2023 - aprobado en septiembre de 2022-.   

“El presupuesto ya no nos alcanza. Lo que recibimos es un cuarto de lo que necesitamos para pagar la luz, el gas, los servicios de vigilancia, de limpieza, los insumos de laboratorio, de docencias, seguros: todo lo que hace a los recursos materiales, financieros y económicos. Hoy solo podemos hacer frente al 25% de lo que necesitamos”, explica Carlos Greco, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

De estas partidas se desprenden los salarios y todos los gastos relativos al funcionamiento de las instituciones. Con una inflación interanual que supera el 254%, los salarios se encuentran congelados desde noviembre del año pasado y la reciente propuesta que deslizó el Gobierno fue de apenas un 16%. 

APU:¿Cuál es la situación actual de las universidades?

Respecto al funcionamiento, que es lo más acuciante, los gastos fueron los que se formularon en septiembre de 2022 que fue cuando se presentó el presupuesto para el 2023. Desde ese momento no hubo ninguna otra actualización, o sea que las universidades están expuestas a una pérdida de poder adquisitivo alrededor del 300%. Nosotros ya estamos funcionando mal. Por ahora estamos reduciendo contrataciones de vigilancia, de limpieza, fotocopiadoras: tratamos de reducir todo al mínimo.

En el caso del personal, la ultima actualización fue la de noviembre de 2023. Luego estuvo la inflación de estos últimos tres meses que supone una inflación acumulada de aproximadamete el 60%. A esa inflación le han ofrecido a los gremios una recomposicón salarial del 16%. Haber perdido más de la mitad de poder adquisitivo es dramático. Lo que puede llegar a ocurrir en el mediano plazo es que los mejores académicos se vayan, como ya ha ocurrido en otras épocas, en donde los principales investigadores y profesores titulares tenían ofertas de otras latitudes. Estamos frente a un nuevo posible éxodo. 

APU: ¿Mantienen diálogo con el Gobierno Nacional?

Nosotros tenemos hecho los pedidos a la Secretaría de Educación y a la Subsecretaría de Políticas Universitarias; ellos comprenden y trasladan la inquietud pero no hay respuesta. Además de esos fondos, hay otros fondos para programas de investigación, de extensión, de doctorado, que son 50.000 millones. Le aconsejamos tanto a la cartera educativa, como a Capital Humano que ejecuten en sus puntos. Pero tampoco hay respuesta. Lo que necesitamos es un 300% de aumento.

APU:  ¿Alguna vez vieron un ajuste de este nivel en las universidades públicas?

No, de esta magnitud no. Yo estoy en el sistema universitario, con responsabilidades de gestión, desde el año ‘94: viví toda la transformación del sistema univesitario de la década de los ‘90 y la crisis del 2001. Son 30 años. No vi semejantes niveles de insuficiencia. 

APU: En caso de no obtener respuesta, ¿se está pensando algún tipo de plan de acción?

Lo que nosotros hemos acordado es que cualquier instancia de sensibilización tiene que ser con las aulas abiertas y en los espacios donde nosotros podemos ser cajas de resonancia de esa situación para que la sociedad la conozca. Lo peor que podríamos hacer es cerrar las aulas, es decir, ir a paros.

Queremos entender cuál es la política de este gobierno respecto de la educación para dar una discusión de fondo, porque la educación es para cualquier país una política de Estado. ¿Qué expectativas tiene este gobierno respecto de esa consigna que es considerar a la educación como un factor de transformación y desarrollo? No lo sabemos. Tenemos una gran valoración de lo que es el sistema universitario, queremos seguir manteniéndola. Ahora, el Gobierno, ¿qué valoración tiene? Esa es la discusión que queremos dar para luego hacer los reclamos de las asignaciones de insuficiencia. Este es nuestro planteo y lo haremos. Además de hacerlo con el  Poder Ejecutivo, también lo haremos con el Poder Legislativo porque tiene el compromiso, la obligación y el deber constitucional de darnos una ley de presupuesto. El Estado debe garantizar la educación universitaria gratuita y de libre acceso.