Edificio de la Procuración: nunca se utilizó por decisión de Macri, pero para Clarín es culpa de Gils Carbó
En el marco de las presiones del oficialismo para desplazar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el diario Clarín se sumó a las operaciones con una insólita tapa con un artículo periodístico, que lleva la firma del periodista macrista Nicolás Wiñazki, donde se afirma: “Gils Carbó pagó más de $ 6 millones por un edificio que nunca se usó”.
Se trata de un inmueble alquilado por el Ministerio Público Fiscal en el año 2015, ubicado en Corrientes 1615, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo se encontraba en refacciones para destinar su utilización en la aplicación de nuevo Código Procesal Penal. La aplicación del sistema acusatorio fue aprobada en el Congreso de la Nación en diciembre del 2014, bajo la ley 27.063. Según el mismo proyecto legislativo aprobado, su aplicación estaba pactada para el 1 de marzo del 2016.
Pero tras la asunción del presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, la implementación del Código fue suspendida por Cambiemos. Y desde ahí se concentró en impulsar una reforma judicial que fue rechazada por amplios sectores del Servicio de Administración de Justicia. La reforma judicial de Cambiemos primero probó reformar el Ministerio Público Fiscal, intentando “atar de manos” a la jefa de los fiscales con la creación de sub procuradores y poniendo un límite temporal a su cargo (en el proyecto era el único cargo que se limitaba, no se modificaba el de la defensora general de la Nación, ni de fiscales). Después, intentó traspasar la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las dos situaciones, la oposición denunció que existía un intento del macrismo para subyugar la Justicia a su mando.
Además, el propio periodista del Grupo Clarín, reconoce en su artículo que “el 26 de febrero del 2016, la propia Gils Carbó decidió terminar con ese alquiler. Pero no porque su organismo nunca ocupó el edificio de Corrientes 1615, si no porque -argumentó- el presidente Mauricio Macri había suspendido la implementación de nuevo Código Procesal Penal.”
Tras la suspensión de la aplicación del sistema acusatorio por decreto de Macri, el alquiler del edificio de la Procuración fue suspendido. Desde la oposición señalan que lo endeble del “apriete” mediático de Wiñazki se explica por la intención de Clarín de presionar al Congreso para que se desarrolle un juicio político contra la Procuradora General de la Nación.
Por último, desde la Procuración señalaron que “los costos del preparativo para el cambio de sistema -que no solo fueron ese edificio- son responsabilidad de las políticas que definieron los gobiernos.”