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Romina Barrios: "Milei y La Libertad Avanza muestran ignorancia y un odio atroz"
Romina Barrios, Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, enumera las cuestiones presupuestarias y técnicas que dejan en ridículo la propuesta de "haga su propia cloaca".
Diana Mondino, diputada nacional electa por La Libertad Avanza, anunciada como canciller de un posible gobierno de Javier Milei y una de las voceras autorizadas para lo que resta de campaña, propuso que cada familia se hiciera su propia obra cloacal. “Así dejarán de pagar de impuestos”, explicó con el mismo tono directo que usó para comparar el matrimonio igualitario con una pareja de piojosos.
La directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Socio Urbana (OPISU), Romina Barrios, expuso en Twitter lo inviable de ese planteo. Retuiteó un hilo de la cuenta oficial del organismo que preside, con la leyenda "Milei y LLA muestran una ignorancia y odio atroz en cada declaración".
Milei y LLA muestran una ignorancia y odio atroz en cada declaración.
— Romina Barrios (@barriosromi) November 4, 2023
Los vecinos se organizaron para autoconstruir sus barrios por eso el Estado es responsable de reparar derechos y realizar las obras.
Sobre las redes de cloaca, les contamos qué hacemos desde OPISU👇 https://t.co/27i9PIiMHy
Uno de los motivos, pero no el único para desestimar las ideas de Mondino, es el económico, como surge del mencionado hilo. "En el caso de que una familia deba financiar este tipo de obra tendría que abonar alrededor de 5 millones de pesos y, además, tener en cuenta la complejidad técnica, de gestión y organizativa que implica".
Al respecto, sostiene Barrios en diálogo con Buenos Aires/12, “la compra mayorista de materiales implica un ahorro de por lo menos 30 por ciento. Pero ese no es el único tema. Las familias no podrían acopiar los materiales, así que dependerían de los corralones y otro tanto con el traslado. Todo eso encarecería aún más”. Y ejemplifica, "la obra del barrio Once de Berazategui, conlleva casi 18 mil metros lineales de caño de PVC".
Si bien el monto de la obra ya es una barrera infranqueable para muchas familias, no sólo de barrios populares sino también de clase media, ese no es el único escollo para el planteo libertario. Existen toda clase de complejidades técnicas y de gestión que Mondino, por ignorancia o especulación, omite.
Las obras de cloacas tienen en un extremo la conexión de los hogares y en el otro una planta de manejo de efluentes, que trata las aguas hasta limpiarlas, para que finalmente sean volcadas a un río. Mondino no se expresó al respecto, pero este diario no encontró antecedentes de plantas depuradoras que fueran desarrolladas por el mercado ni, mucho menos, de gestión privada.
“Nuestro organismo tiene la responsabilidad de que los barrios, tanto los que tienen redes nuevas construidas por el Estado, como aquellas en las que hubo procesos de autoconstrucción, reciban el servicio”, sostiene Barrios en conversación con Buenos Aires/12. Primera conclusión, las obras de saneamiento son un tema de salud pública y, por lo tanto, requieren de un responsable, no pueden ser dejadas al libre albedrío.
“Una planta de tratamiento cuesta alrededor de cinco mil quinientos millones de pesos. Pero no se trata sólo del financiamiento, también es complejo conseguir el suelo apropiado, porque debe reunir ciertas condiciones topográficas. A modo de ejemplo, estamos trabajando en el barrio Once, de la localidad de El Pato, partido de Berazategui, un barrio de 72 manzanas, con 1052 viviendas y 4538 habitantes y ese es el monto. La planta donde va a descargar ese tendido va a tener la capacidad de tratar efluentes para 20 mil personas”, cuenta.
Segunda conclusión, las obras de saneamiento requieren una determinada capacidad de planificación: sería inviable que cada barrio se hiciera su propia planta de tratamiento. Tampoco la ubicación de las plantas puede dejarse sujeta al libre juego de oferta y demanda, porque el suelo debe cumplir determinadas características.
“El primer paso es un proyecto, que debe ser desarrollado y presentado por profesionales idóneos, como los que trabajan en el plantel del OPISU. Recién con un proyecto aprobado, se inician los procesos de licitación”.
La cuestión del saneamiento en barrios populares tiene una dificultad adicional, que Mondino ni imagina. “Muchos barrios populares se construyeron en suelos degradados, rellenados, o zonas bajas con problemas de niveles. Cuando los problemas de niveles son graves, para que el agua fluya hacia los caños mayores se requieren bombas, que encarecen mucho. Además de los fondos, está el problema de la capacidad técnica, son obras complejas”.
Por último, agregó que "nosotros promovemos la formación y capacitación de los vecinos para la autoconstrucción en el tramo de conexión domiciliaria, para que participen de la construcción de su hábitat y para que tengan una salida laboral, muchas veces organizados en forma de cooperativas. También trabajamos con las prestatarias del servicio, que a su vez deben efectuar el mantenimiento de la red, AYSA, ABSA y otras dle interior bonaerense, para incorporarlas a sus redes, de manera formal y regular".
La confianza
Cuando Barrios asumió al frente del organismo, los intendentes la miraban con desconfianza. Ocurre que durante el cuatrienio de María Eugenia Vidal "desembarcaban en los distritos como si el Estado no estuviese, sin dialogar con quienes fueron construyendo los barrios, y buscaban hacer pie en municipios donde no eran gobierno, como en La Matanza”, explica.
A Barrios le tocó revertir esa situación, sostiene, "a partir de una mirada integral". Uno de sus objetivos es articular tanto con gobiernos locales como con movimientos sociales. “Hay que lograr el acompañamiento y la confianza de los vecinos, porque si eso falla, el proyecto no fluye”.
En total, OPISU cuenta con 13 obras de agua y cloacas finalizadas, por valor de 157 millones. Tiene actualmente en ejecución obras de aguas y cloaca por 9743 millones de pesos, en municipios del conurbano y del interior: a la mencionada de Berazategui, se suman otras en Ensenada, General Pueyrredón, La Matanza, Lanús, Quilmes y San Vicente.
Existen en la provincia alrededor de 1900 barrios populares, según la definición que emplea el organismo: barrios de más de ocho familias, donde la mitad no tiene escrituras y/o sufre problemas de acceso a los servicios básicos. El 10 por ciento de estos barrios se encuentra en La Plata, como producto de las políticas implementadas por la gestión Garro desde 2015.
Romina Barrios es una apasionada de las cuestiones de tierras y hábitat. Politóloga (UBA) e investigadora de la Facultad de Arquitectura del Instituto de la Espacialidad Humana (IEH), es magister en Administración Pública (Facultad de Ciencias Económicas) y docente de Posgrado en la Universidad de San Martín (UNSAM). Fue becaria del Conicet. Publicó el libro "El derecho a la ciudad".
Explica la funcionaria a Buenos Aires/12 que la declaración de Mondino contradice un principio básico de salud pública mundialmente aceptado, hasta entre gobiernos conservadores: las obras de saneamiento reducen sensiblemente la incidencia de infecciones y dolencias gastrointestinales, por lo que redundan en un importante ahorro en los presupuestos de salud.
A su vez, sería una confesión de desconocimiento, primero, de cómo funcionan los barrios populares, porque la conexión de la vivienda al colector muchas veces estuvo a cargo de las familias y ese último tramo, por lo general, sólo se concretaba con financiamiento del Estado. Pero, más grave todavía, desconocimiento de principios de la economía, que es su área de dominio. ¿Se consigue el mismo precio comprando cuatro o cinco tiras de caño en la ferretería del barrio que comprando miles al fabricante? La respuesta, según Barrios, es obviamente que no.
Mondino también desconoce que la capacidad de mejorar el hábitat en los barrios populares está dada en buena medida por su grado de organización y coperación interna. Lo que Mondino propone como solución no es algo ajeno a la experiencia de esos sectores, sino que es el estado de indefensión máximo, del que salen con organización, porque el Estado mismo, para implementar sus políticas públicas en el territorio, requiere de una contraparte, de un interlocutor, de acuerdo con la experiencia del OPISU.
