Reflexiones sobre el desalojo de Mascardi

Desde mi rol de concejala de Bariloche del Frente de Todos no puedo dejar de realizar algunas reflexiones sobre el operativo del comando unificado de las fuerzas federales el pasado 4 de octubre en Villa Mascardi.

En primer lugar, es necesario decir que la imagen de los tanques y los agentes armados junto a mujeres y niños evidencia de por sí la desproporcionalidad y estignatizacion del pueblo mapuche que esconde la medida. Si a ello le sumamos los hechos posteriores al desalojo: la detención arbitraria, el traslado de las mujeres mapuches detenidas a más de 1.500 kilómetros de distancia, la falta de información sobre el encuadre del tipo penal que se las acusa, estamos en presencia de un accionar del Estado en su conjunto que violenta los principios básicos de un Estado de Derecho y vulnera Derechos Fundamentales como el Derecho de defensa. La pregunta que surge es ¿El Estado de Derecho es para todas y todos? Pareciera que no.

En segundo lugar, es necesario afirmar con claridad que el conflicto de Villa Mascardi debía y debe solucionarse. Lo veníamos pidiendo de manera reiterada desde los distintos espacios en que se nos presentaba la oportunidad a funcionarios provinciales y nacionales de nuestro espacio político Frente de Todos. Siempre con diálogo y presencia del Estado. Es inadmisible que no hayamos podido, querido y/o sabido darle una solución sin llegar a este punto. Les cabe responsabilidad a todas las autoridades electas y funcionarios del Frente de Todos en Río Negro, no podemos mirar a Buenos Aires nomás para buscar responsables.

En tercer lugar, es necesario destacar el cinismo e hipocresía del gobierno provincial. El conflicto de Villa Mascardi, como el de Cuesta de Ternero, y tantos otros, no se pueden explicar por fuera del contexto de falta de implementación de la Ley 26.160 en territorio rionegrino. Y eso es responsabilidad de Weretilneck, antes, y de Carreras, ahora. El último convenio firmado fue en 2012. Hace diez años que no hay avances sustanciales en el reconocimiento de derechos de los pueblos originarios en nuestra provincia. Es una de las provincias más atrasadas en este sentido.

En cuarto lugar, lejos de avanzar en el reconocimiento de derechos, JSRN viene hace tiempo abonando con la participación de sus principales referentes espacios como “Consenso Bariloche”, que se montan en torno de una supuesta defensa del derecho de propiedad, que esconde en realidad la defensa de los privilegios de algunos sectores y la estigmatización de otros, promoviendo discursos racistas muy peligrosos. Para muestra un botón: la Justicia hace años manda a la Provincia de Río Negro garantizar el acceso al Lago Escondido por el camino de Tacuifi pero JSRN se niega a acatar el fallo y apela de forma sistemática, para congraciarse con Lewis y los interese extranjeros asociados. Pero claro, allí no hay defensa de la soberanía. Hay obsecuencia y subordinación a los intereses foráneos. Para ellos, la amenaza para la soberanía son los mapuches.

Desde mi lugar, y en línea con lo planteado por el Obispado de San Carlos de Bariloche, exhorto a las autoridades a retomar la senda del diálogo y buscar una solución al conflicto que garantice la paz social, que necesariamente pasa por arbitrar los medios para generar políticas públicas de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.