Del trauma al castigo: genealogía del desorden argentino y el ascenso de Milei

Durante medio siglo, la Argentina fue desmontando, pieza por pieza, las instituciones que hacían posible la vida en común. El deterioro del transporte, la educación, la salud, la seguridad y la autoridad pública no es una anomalía reciente ni el producto exclusivo de una mala administración, sino el resultado de una secuencia histórica prolongada en la que casi todos los actores políticos contribuyeron, por acción u omisión, a vaciar de legitimidad y capacidad al Estado. La elección de Javier Milei no expresa una anomalía ideológica, sino la forma que adopta una demanda social de orden cuando ya no quedan tradiciones capaces de producirlo democráticamente.

El punto de partida de este proceso es el trauma fundacional de la última dictadura. El terrorismo de Estado no solo destruyó vidas y organizaciones; destruyó la legitimidad moral del uso de la fuerza pública. Desde 1983, la democracia argentina se construyó bajo una sospecha estructural hacia toda forma de autoridad. La distinción entre violencia ilegítima y coerción legítima se volvió borrosa, y el Estado pasó de ser percibido como garante del orden común a ser visto como una amenaza potencial.

Sin embargo, no toda violencia estatal es equivalente. Como ha señalado Michael Mann en su análisis del poder infraestructural del Estado, la capacidad de una autoridad pública para hacer cumplir reglas, sancionar incumplimientos y proteger a quienes las respetan no es una anomalía autoritaria, sino la condición misma de la vida democrática. La tragedia argentina posterior a 1983 fue confundir la violencia desestructurante del terrorismo de Estado con la violencia estructurante de la autoridad legítima. En nombre de evitar la primera, se fue renunciando progresivamente a la segunda.

Ese vacío fue llenado por una mutación ideológica profunda. Desde los años ochenta y noventa, buena parte de la izquierda argentina abandonó el marxismo clásico, centrado en organización, Estado, planificación y conflicto material, y adoptó la matriz posmoderna importada de Francia y Estados Unidos. Foucault, Derrida y sus epígonos redefinieron el poder como intrínsecamente opresivo, independientemente de su función. La escuela, la policía, la cárcel, el ejército, la Iglesia y el propio Estado pasaron a ser leídos menos como infraestructuras de orden colectivo que como dispositivos de dominación.

Este desplazamiento no fue solo teórico. Funcionó como una solución política de bajo costo frente al problema real de la confrontación con el poder económico. Enfrentar al capital, a la renta concentrada y al sistema financiero exige organización, capacidad estatal y voluntad de imponer pérdidas. Administrar discursos, identidades y denuncias permite, en cambio, producir una estética de radicalidad sin asumir esos costos. La indignación moral sustituyó a la construcción de poder. El resultado fue una izquierda capaz de señalar injusticias, pero cada vez menos capaz de gobernar o de imponer transformaciones materiales.

En paralelo, durante los años noventa, el peronismo llevó adelante una operación complementaria: la privatización por degradación. Trenes, hospitales, escuelas y seguridad pública no fueron solo privatizados por ley, sino vaciados hasta que la ciudadanía huyó de ellos. En gran parte del país —especialmente en los grandes centros urbanos— la seguridad privada, la educación privada, los barrios cerrados y la salud privada pasaron a constituir la infraestructura real de la vida cotidiana, mientras lo público quedaba asociado al deterioro. Existen excepciones regionales, pero la tendencia estructural fue clara: el orden dejó de ser un bien político y se convirtió en un servicio de mercado.

El kirchnerismo intentó inicialmente recomponer soberanía estatal y redistribución, pero con el tiempo se desplazó hacia una política cada vez más centrada en el antagonismo simbólico, la identidad y el relato. El peronismo, que históricamente había sido una maquinaria de producción de orden social —sindicatos fuertes, educación técnica, disciplina estatal, movilidad social— se transformó en un peronismo sin instituciones disciplinantes, más cercano a una traducción local del Partido Demócrata californiano que a su propia tradición histórica.

La derecha siguió un camino paralelo. El macrismo intentó importar el liberalismo tecnocrático de Obama y Hillary Clinton; Milei importa la derecha texana-trumpista: castigo, guerra cultural y mercado como juez último. Argentina quedó atrapada en una guerra cultural importada que no responde a su problema central, que no es identitario ni moral, sino político e institucional: quién gobierna, con qué autoridad, bajo qué reglas y para quién.

Milei emerge de ese desierto. No porque la sociedad anhele crueldad, sino porque nadie más ofrece consecuencias. Cuando durante décadas las reglas no se cumplen, los delitos no se sancionan y los privilegios no se tocan, la demanda de orden se vuelve imperiosa. La severidad es leída como justicia. El grito como decisión. El ajuste como castigo a una impunidad largamente tolerada. Su violencia simbólica no es la causa del desorden argentino, sino el síntoma de una sociedad que ya no cree que el orden pueda producirse de manera institucional.

Una alternativa real a Milei no podrá construirse desde mejores discursos ni desde la superioridad moral. Solo podrá hacerlo si recupera lo que fue sistemáticamente desmantelado: la idea de autoridad democrática, de reglas que valen para todos, de un Estado con capacidad de imponer límites y de instituciones que produzcan previsibilidad y pertenencia. Orden sin sadismo, severidad sin humillación, disciplina sin arbitrariedad, justicia sin espectáculo. Ese es el terreno que hoy está vacío. Y es allí donde se juega el futuro político de la Argentina.