Judiciales bonaerenses: "Se está analizando un paro por 72 horas"

Por Josefina Figueroa

APU: Tengo entendido que están en un conflicto salarial con el gobierno provincial.

Daniel Pérez Guillén: El conflicto viene de fines del año pasado cuando pedimos que se abriera la paritaria, e incluso un bono, teniendo en cuenta el deterioro salarial que se venía teniendo. Hoy estamos hace tres meses en conflicto y un mes sin comunicación oficial. El gobierno de la provincia de Buenos Aires nos ignora completamente. La gobernadora Vidal ha dicho que existe un acuerdo con el Colegio de Magistrados, lo cual es falso ya que, hoy se reúnen a evaluar la propuesta que supongo, van a rechazar. Pero ellos no son un sindicato, no tienen legitimación para discutir temas salariales, son un colegio y no se pueden arrogar el derecho de los trabajadores. Nosotros somos un sindicato, tenemos personalidad para eso y sin embargo, estamos siendo totalmente desconocidos por la gobernadora que tiene el serio problema de que la justicia le ha dicho no al cierre de paritarias.

APU: ¿Qué opinión le merece este manejo del gobierno para con los sindicatos?

D.P.G: Creo que es una visión empresarial de lo político y social. Ellos tienen que arreglar con los sectores de poder (Magistrados) entonces los trabajadores muchas veces tenemos prácticas que difieren de los jueces. Ojalá pudiéramos sentarnos todos a discutir una justicia mejor y hacer una mesa plural pero esto es otra cosa, se trata de una intencionalidad o desconocimiento de parte del gobierno de cómo manejar las relaciones laborales. Realmente pensar que con los jueces pueden discutir nuestro salario es catastrófico y son las cuestiones que llevan a convocar una movilización tan multitudinaria como la del 29 de abril. Hay una actitud anti trabajadores a nivel provincial que baja del gobierno nacional.

APU: ¿Cuál fue la última oferta?

D.P.G: Fuimos convocados por una propuesta del 26% y somos convocados para hacernos una propuesta inferior del 15%, al igual que a los docentes universitarios, para reabrirla recién en junio o agosto. Es un daño muy grande porque en lo que va del año, se ha perdido alrededor de un 15% de capacidad real en un sueldo promedio y en el caso de los sueldos más bajos, el impacto es directamente sobre los alimentos.

APU: ¿Cuáles son las medidas a tomar?

D.P.G: En las asambleas se está discutiendo un paro de 72 horas para el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. La conflictividad se agrava en la medida que no hay una convocatoria y eso va a llevar a la paralización total del Poder Judicial. Pareciera una provocación para generar más conflictos porque esto pasa cuando se agotan los canales de diálogo.

APU: ¿Qué opinión le merece el Plan de Reformas (2020) del nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano?

D.P.G: Lo que vemos es muy desalentador. Hoy estuve en un acto contra el cierre del (CAJ) Centros de Acceso a la Justicia, que ofrecen a la comunidad asesoramiento jurídico y social gratuito en los barrios, en La Plata. Esto implica un modelo de justicia corporativo que plantea otro tipo de acceso a la justicia.

APU: ¿Qué piensa respecto del manejo judicial de las denuncias a la ex presidenta Cristina Fernández?

D.P.G: Creo que se está operando fuertemente para que no haya posibilidades de retorno de los gobiernos populares para que no haya posibilidades de retorno. Ante el desastre económico y político, creo que saben que tanto Lula como Cristina pueden ser candidatos fuertes y la justicia está haciendo el trabajo sucio para debilitarlos. Son “la cuña justa para que no se tambalee la mesa de la fiesta” como alguna vez dijo Serrat.

APU: ¿Qué rol considera que tienen los trabajadores judiciales en este contexto?

D.P.G: En ese sentido, nosotros tenemos una disputa permanente porque nos debemos un cambio cultural dentro de la justicia que se sigue expresando como en el Medioevo y con un vocabulario monárquico que impide reconocerte como trabajador al servicio de la justicia. Es una disputa grande que hay que darla, fundamentalmente, entre compañeros y sobre todo apelando a una reforma muy grande que no es la que nos plantean desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario.