No son planes, es trabajo (I)

El gobierno dio un paso en falso al intentar el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo (VAT), símbolo de la política social retrógrada que impulsa Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano. La medida estaba prevista en la reglamentación del VAT, donde se establece una vigencia de solo dos años. Días antes del vencimiento, el ministerio difundió en redes sociales un sobrio comunicado para anunciar que el de abril sería el último pago. A partir de entonces, los beneficiarios dejarían de cobrar el dinero que originariamente percibían como complemento salarial por el trabajo que realizan, cuyo monto el programa había congelado en la magra cifra de 78 mil pesos y reducido a la condición de mera “ayuda” social. En lugar de este ingreso, el comunicado prometía a los interesados “vouchers para capacitación laboral”.

En casa rosada se disponían a celebrar la jugada magistral de Pettovello, como un nuevo peldaño en la ardua tarea de “hacer grande a la Argentina nuevamente". Puertas adentro se apresuraban a tachar otro casillero del itinerario fanfarrón TMAP (“Todo Marcha Acorde al Plan"). La prensa amiga no tardó en hacerse eco del exitismo oficial, y explicó el “cambio de paradigma”. Con la baja definitiva del VAT, el gobierno decretaba el punto final de la Argentina planera. Más pettovellistas que la propia Pettovello, los comunicadores aprovecharon una ambigua intervención de la funcionaria para enfatizar que, gracias a su gestión, “ya no existen los planes sociales”. La superministra solo había deslizado que "técnicamente, los planes no existen". Aunque al terminar en el falaz autoelogio de que su cartera barrió con los “intermediarios”, en el fondo parecía haber querido decir lo que los periodistas le atribuían. Al margen de la sobreactuación, las expresiones suenan desafortunadas en boca de la máxima autoridad de Capital Humano. Desde el minuto uno, su ministerio se dedicó a restaurar la lógica asistencial de los viejos planes sociales. El VAT es una clara muestra de ello: reformuló en clave asistencialista el Potenciar Trabajo, que tenía el acento puesto en el reconocimiento de las tareas laborales de los beneficiarios. Para ser más exacta, la ministra debió agregar que ella no combate los planes, sino el trabajo que realizan las personas estructuralmente excluidas del mercado laboral. Pero tampoco hay que pedir peras al olmo.

Como sea, a ojos del gobierno el círculo comenzaba a cerrarse. El VAT había eliminado a los “gerentes de la pobreza”. Ahora, con el cierre del programa, tocaba el turno de las propias organizaciones sociales. La asfixia económica las obligaría a desaparecer. El objetivo se sentía cerca, tanto que parecía cumplido. Era el último suspiro del país invivible. Sin embargo, las cosas tomaron otro rumbo. Pese al aire victorioso de los despachos oficiales, la ministra Pettovello tuvo que recular. Se vio obligada a dar continuidad al VAT, restableciendo en contra de su voluntad el pago a los beneficiarios. Y en el camino, el gobierno libertario dejó en evidencia un grosero error de diagnóstico.

En un puñado de días, el sector más humilde de la clase trabajadora lo expuso a una triple derrota: primero en la calle, luego en tribunales, y, por último, en las propias oficinas de Capital Humano. La ágil reacción de organizaciones nucleadas en espacios de representación del sector (entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular), fue clave para anotarse varios porotos a su favor en un partido con final abierto: consiguió que un tribunal de justicia les diera la razón, reinstaló el debate sobre “los planes” y desmintió el latiguillo sobre la desaparición de la movilización callejera (repetido con malicia por propios y extraños). El claro tropezón del gobierno no fue accidental, llegó forzado por la presión de la organización popular. En virtud de ella, la anunciada estocada final no pasó de ser otra rimbombante declaración de las crueles intenciones oficiales. Aunque todavía es prematuro asegurarlo, da la impresión de que el tiro de gracia salió por la culata.

Un laboratorio antipueblo a cielo abierto

En simultáneo a la puesta en vigencia del mega DNU 70/2023 y al accidentado tratamiento de la Ley Bases -aprobada con una feroz represión en las calles-, el ministerio de Capital Humano se obsesionó tácticamente con tres grandes hitos de la organización popular. Comenzó desabasteciendo y criminalizando a los comedores comunitarios que actúan como malla solidaria de contención en las barriadas más humildes. El conflicto escaló con el hallazgo de toneladas de alimentos en vías de pudrirse y la escandalosa eyección del funcionario estrella de la cartera. Luego de casi dos años de apilar reveses judiciales, que expusieron y condenaron los estragos del ministerio en materia de vulneración de derechos básicos, la Corte Suprema desestimó la apelación del gobierno y lo intimó a distribuir los alimentos almacenados (algo que viene cumpliendo solo a medias).

Al mismo tiempo desmanteló el programa de urbanización de barrios populares (cerca de 6500 en todo el territorio), modelo reconocido de política pública en cuya gestación, elaboración e implementación fueron protagonistas las propias organizaciones territoriales. Allí cumplió una destacada participación el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que el gobierno intentó vanamente desvirtuar a través de incontables operaciones mediáticas y judiciales. Durante años, la iniciativa gozó del acompañamiento transversal de todo el arco político, hasta que, con la mala excusa de la “caja negra”, el gobierno actual decidió interrumpir las obras, desmantelar la estructura administrativa del programa y eliminar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), no sin antes redireccionar los recursos hacia las arcas del Ministerio de Economía.

El último y más reciente capítulo de esta verdadera saga antimovimientos sociales es la transformación del ex Potenciar Trabajo en estos dos programas, Volver al Trabajo y Programa de Acompañamiento Social (PAS), que, en conjunto, niegan a los beneficiarios su condición de trabajadores. La misma condición que motivó al papa Francisco llamarlos “poetas sociales”, por su capacidad para convertir la exclusión en trabajo socialmente útil y así “crear esperanza” en un mundo que los somete a la cultura del descarte. La discrepancia no es menor, pero se comprende al advertir que el foco de estos programas estuvo puesto en destruir.

El gobierno los presentó con bombos y platillos, como santo remedio para todos los vicios de la política social K, cuando en verdad las diferencias de concepción son bastante menores a las deseadas. Formalmente dejaron sin efecto al Programa de Inclusión Laboral, lanzado sin pena ni gloria en el ocaso de la gestión de Alberto Fernández, a pocos días del ballotage que lo convertiría en letra muerta. Más allá de alguna importante concesión, fue un claro anticipo del rumbo que tomaría esta política pública en manos libertarias. El acento estaba en la “capacitación”, para mejorar la “empleabilidad” en el ámbito de la economía popular y así garantizar la inclusión en el “sistema formal de trabajo”. Otra vez el ciego propósito, común a todas las administraciones, de convertir “planes” en empleo. Tras la noble intención de cubrir demandas insatisfechas de formación, nuevamente se diluía la dimensión específicamente laboral del programa. Entre los más avispados, nadie dudaba de que el “giro pedagógico” significaría un nuevo retroceso. A fin de cuentas, ya había sucedido antes, con el programa Hacemos Futuro del macrismo. Pero las cosas resultaron aún peores de lo imaginado. Con el terreno servido por la gestión peronista saliente, la motosierra no tuvo más que redoblar la apuesta.

Con fecha de caducidad a cuestas, el nacimiento del VAT y el PAS (su gemelo complementario) fueron el primer episodio del ataque gubernamental contra una de las mayores conquistas del movimiento de la economía popular: el Salario Social Complementario. El último fue el anuncio oficial de la finalización del VAT (el PAS durará dos años más), truncado por las organizaciones. A caballo del andamiaje preexistente, la verdadera finalidad de estos programas fue la de romper por dentro al Potenciar. El gobierno los pergeñó en el marco de la estrategia de destrucción de las capacidades organizativas y productivas de los trabajadores más humildes, involuntariamente excluidos del mercado formal. Su diseño “planero”, asistencialista, no hizo más que desvirtuar la naturaleza sociolaboral del Potenciar, justificando el carácter transitorio (una simple “ayuda” que se pagaría en “24 cuotas”) y la pretendida cualificación laboral como falsa garantía de transición al empleo formal. El caso es que, en todo este tiempo, el VAT no logró ninguno de sus pomposos objetivos: no capacitó, no empalmó con el empleo privado (“de calidad”), y, para colmo de sus artífices, tampoco dejó de existir.

La capacitación emprendedora, una vil pantalla

En el entorno de Capital Humano no se cansan de hablar de formación. La palabra está por todas partes, casi tanto como otra que inunda los discursos oficiales: ‘emprender’. Juntas anidan en el corazón del programa de gobierno. Hay que “aprender a emprender”, desarrollar “capacidades emprendedoras”, adquirir “competencias laborales”. Es la llave para ingresar al lejano mundo del “empleo genuino” o “decente”. El empleo decente es el del sector privado, registrado, idealmente calificado. Suena curioso o desfachatado este énfasis, viniendo de un gobierno que practica un tipo extremo de ortodoxia económica que, a cifras vista, no para de destruir el empleo asalariado formal (300 mil y contando), al tiempo que multiplica el “trabajo basura” (empleo informal y cuentapropismo precario). Indiferentes a los dictámenes inapelables de la realidad, los funcionarios de Pettovelo celebran las contribuciones de su política social a la “inclusión laboral”, hechas por la senda de la “formación”. A sus ojos, el VAT funge como caso ejemplar. Aunque los datos se empecinan en desmentirlos.

En su carta de presentación, el VAT llegaba para corregir la falta de efectividad del Potenciar, venía a saldar las deudas de ese “plan ineficaz donde de 1.400.000 beneficiarios apenas el 1.3% consiguió un empleo formal”. Por eso era preciso poner el foco en la formación laboral, desplegar una interminable batería de prestaciones educativas que sirvieran de puente al empleo. Se ignoraba que, en sus aspectos más progresivos, el Potenciar respondió a la necesidad de fortalecer el trabajo ya existente fuera del circuito salarial; pese a sus ambigüedades, la prioridad no fue el “empalme”. Sin embargo, más allá de estos errores de comprensión, el VAT no solo resultó incapaz de cumplir sus metas de transición al empleo, sino que ni siquiera garantizó los medios que consideró necesarios para lograrlas.

Para empezar, las “prestaciones” que enorgullecen al gobierno ya existían. Son las líneas históricas de formación profesional y promoción laboral de la Secretaría de Empleo. Pero eso no es todo. En estos dos años, muy pocos beneficiarios accedieron a alguna forma de capacitación; en parte porque casi todas las prestaciones quedaron virtualmente paralizadas debido al vaciamiento y desfinanciamiento que estos programas sufrieron en el contexto de la ostensible subejecución (y no ejecución) presupuestaria del gobierno. Un ítem donde Capital Humano exhibe niveles récord, tal como surge de los informes y denuncian los delegados gremiales de ATE en el organismo. De paso, valga una pequeña digresión. Bajo la sacrosanta premisa de la reducción del déficit fiscal, el gobierno se permite una curiosa asimetría en la ecuación del gasto público: lo reduce para programas clave de salud, educación y desarrollo social (entre otros), mientras lo sube para la SIDE y el pago de la deuda externa. Volviendo a las capacitaciones, según datos oficiales bastante desactualizados (el último informe oficial es de mediados de 2025), solo el 5,9% del padrón del VAT participó de alguna actividad de capacitación laboral (en su mayoría de Formación Profesional), es decir, poco más de 56 mil personas sobre los casi un millón de titulares del programa. Y el panorama no mejora al considerar información más reciente, difundida a cuentagotas y de manera confusa por el ministerio: apenas un exiguo incremento compartido con otro programa, que deja a los “capacitados” todavía por muy por debajo del 10%.

No parece casual la opacidad de Capital Humano. A excepción de un puñado de acuerdos con empresas, institutos y ONG, celebrados de urgencia en el último tiempo, los resultados del VAT en torno a las capacitaciones casi no se dan a conocer. Al punto de que se hace difícil precisar cuándo, dónde y quiénes prestaron esos servicios, a los pocos afortunados que efectivamente pudieron recibirlos. En general reina el desconcierto, sobre todo entre los beneficiarios. Lo que refuerza la idea de que, tras el cacareado y sesgado giro pedagógico, el superministerio esconde una mentira con la que busca disimular la auténtica finalidad de su política social: destruir las reales capacidades comunitarias, productivas y formativas de las organizaciones territoriales. Por eso es que sus referentes, enemigos predilectos del gobierno, vienen alertando que las capacitaciones “no son reales” (en la proporción y trascendencia declamada), sino tan solo una vil pantalla para ocultar la intención de disciplinar al sector. Algo que no resulta para nada descabellado si se atiende a la sed vampírica de los funcionarios libertarios, quienes no han dejado de vociferar a los cuatro vientos que sus posibilidades de éxito descansan sobre la asfixia económica y el debilitamiento funcional de los sectores más díscolos de la clase trabajadora.

Un cero para Pettovello

A las viejas estrategias del programa neoliberal de miseria planificada, las nuevas derechas agregan la destrucción sistemática de la trama organizativa de los movimientos populares que vieron la luz poscolapso de 2001 (cooperativas, sindicatos, federaciones). El objetivo es prístino: deshacer los avances logrados en la institucionalización de la economía popular, disolverla en las actuales formas de precarización del trabajo vía reforma laboral seudomodernizadora y economía de plataformas desregulada. En la argentina libertaria, se sabe, los ganadores son pocos y están en otra parte. Para todos los demás, la salida es volverse emprendedor… y empezar a pedalear.

Sea por falta de vocación, por impericia en la ejecución o un poco de ambas, las famosas prestaciones educativas destinadas a los más humildes dejaron mucho que desear. En ausencia e insuficiencia de las “prestaciones” con las que se suponía iban a mejorar la “empleabilidad inicial real” y sus oportunidades de “inserción laboral”, mal podían esperarse buenos resultados. Por más que Capital Humano siga invocando un cambio de paradigma y se jacte de estar convirtiendo planes sociales en empleo genuino (retórica calcada de la gestión anterior, mal que le pese a ambos lados de la grieta), los números no acompañan el entusiasmo. A las irreparables fallas de concepción e incumplimientos en las prestaciones, hay que sumar los calamitosos logros del VAT como puente al empleo formal. A juzgar por los escasos datos disponibles, tan solo una porción minúscula de beneficiarios logró inserción laboral. La cantidad oscila entre 1500 y 4800 personas; es decir, entre 0,17% y 0,41% del padrón, según tomemos una u otra fuente, ambas sustentadas en información oficial (la discrepancia en el segundo dato surge de considerar solo el universo del VAT). En cualquier caso, los números son lapidarios. Si el Potenciar no había funcionado como programa de empalme, el VAT ostenta cifras aún peores en ese sentido. Tal vez sea por eso que no las difunden o ni siquiera se molestan en actualizarlas.

Como sea, el mutismo del gobierno es comprensible. Los hechos muestran que lo único que pudo bajar a cero fue la empleabilidad de los beneficiarios del VAT. No ya la tasa de inflación, tampoco el déficit fiscal. La empleabilidad cero del programa atenta contra la narrativa oficial, y se convierte en el hecho oprobioso que debe ocultarse. A diferencia del Potenciar, que en su mejor faceta reconocía la especificidad de la economía popular y pretendía fortalecerla, la empleabilidad fue (en los papeles) la razón de ser del VAT. En ese sentido, la contundencia de los datos desnuda el fracaso del programa.

Con importantes diferencias de enfoque y duración, no es casual que el Potenciar y el VAT hayan alternado 1 y 0 porcentuales en los niveles de empleabilidad lograda. En el caso del VAT, pese a sus enormes deudas en los servicios de formación, tampoco parece ser una cuestión de más o menos cursos. Menos aún podría hablarse de falta de voluntad de los beneficiarios, cuya predisposición al aprendizaje (aceitada por las organizaciones y sus prácticas de formación) es uno de los rasgos destacados por el ministerio cuando le convenía hacerlo. El problema principal de la política social de Capital Humano, en particular del VAT, no pasa por las matemáticas. Los malos números indican que el programa no funciona a los fines declarados por Pettovello, pero en modo alguno pueden servir de excusa para cerrarlo (como hizo la ministra con el Potenciar).

La cuestión de fondo es que el VAT retoma y profundiza un error de comprensión, que sobrevive a la alternancia del poder político en manos de gobiernos con orientaciones contrapuestas e impregna la política social del siglo XXI dirigida a los más humildes y excluidos. Con más o menos énfasis, en ella siempre estuvo presente la idea de promover competencias individuales, de cara a mejorar la empleabilidad. Según esta lógica, la inserción en el mercado laboral depende de cuestiones puramente subjetivas (trayectoria educativa, experiencia y calificación laboral), como si no existieran limitaciones estructurales, como si el capitalismo del descarte fuera un invento de los descartados.