“Secuestros” y “patotas” en el discurso petardista de la izquierda

Por Nahuel Placanica

El conflicto en la autopartista Lear escribió esta semana un nuevo capítulo. Los activistas gremiales junto a agrupaciones de izquierda fueron desalojados violentamente de la Panamericana en un operativo conjunto de la policía bonaerense y la Gendarmería Nacional. El episodio incluyó detenciones y varios heridos.

Los comunicados redactados por los grupos de prensa de los partidos de izquierda afirmaron posteriormente que “la Bonaerense hizo ingresar a la planta a la patota que responde a la conducción del SMATA”.  

Hablar de "patota" dispara automáticamente en el imaginario colectivo la idea de un grupo de choque al mejor estilo barra bravas. Para poder problematizar el caso, señalaremos lo siguiente: en conflictos extensos y desgastantes como el de Lear, las tensiones entre los propios trabajadores son habituales. 

En este caso, las diferencias llegaron a motivar el pedido frente al Consejo Directivo del SMATA de la revocatoria de mandato para los delegados, por parte de un grupo de trabajadores de la planta (sobre este punto volveremos más adelante).  

No sería de extrañar que entre acusaciones cruzadas de "zurdos", "burócratas" y "carneros", se hayan producido agresiones entre los trabajadores que se presentaron a sus puestos y aquellos que continúan con el reclamo acompañados por grupos de izquierda.  

El reduccionismo del término "patota", no parecería ser el más adecuado para esta situación. Antes bien, el descontento y las mismas divisiones entre los trabajadores de la empresa podrían dar cuenta mejor de lo sucedido.

Inoportuna y cuestionada asamblea

La semana pasada se llevó a cabo en la sede del SMATA una asamblea con el objetivo de destituir de su cargo a los delegados de la empresa Lear. La revocatoria de mandato lejos de ser una maniobra ilegal, está prevista en el estatuto del sindicato en el artículo 18 incisos “f” del mismo:

“El mandato de los delegados podrá ser revocado mediante asambleas de sus mandantes convocadas por el Consejo Directivo Nacional. La convocatoria podrá ser efectuada por propia decisión del Consejo Directivo Nacional o a petición del diez por ciento del total de los representados”.

En efecto, la convocatoria surgió de un grupo de trabajadores de la fábrica que elevaron el petitorio a las autoridades del SMATA, que actuó en consecuencia. Si bien la izquierda acusó de cómplices al sindicato y la patronal, el hecho de que la empresa no cediese la instalación fabril para la asamblea, bien puede relativizar esta afirmación.

A nadie se le escapa que dar lugar a una acción de este tipo en el marco de un conflicto entre los delegados y la empresa resulta, al menos, una medida desafortunada que puede llegar a poner en riesgo la continuidad laboral de los activistas una vez despojados de sus fueros.  

Desde la conducción del gremio insisten en que no hicieron más que responder al pedido de los trabajadores de la empresa, que descontentos con la forma con que los delegados vienen llevando adelante el reclamo, elevaron una nota al Consejo Directivo.

Los abogados de la comisión interna impugnaron la asamblea ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia Laboral, considerando que no se procedió conforme a la ley de asociaciones sindicales, que prevé la posibilidad de legítima defensa para los acusados. Por la noche del día jueves, se conoció un fallo judicial que declara nula la asamblea en cuestión.

¿Secuestro de laburantes?

Los cuestionamientos contra la asamblea de la polémica implicaron además una denuncia penal contra Ricardo Pignanelli y otros dirigentes de la conducción del SMATA por coacción. Los letrados argumentan que los trabajadores fueron obligados a participar de la convocatoria.

Algunos abogados vinculados a la izquierda rayaron el absurdo al hablar de “secuestro” por parte de la conducción del SMATA, en referencia al traslado en micros de los trabajadores para la realización de la asamblea.

La abogada y diputada por el FIT, Myriam Bregman, acusó en conferencia de prensa a Pignanelli de "secuestrar trabajadores, subirlos a un colectivo y llevarlos al sindicato para hacerlos votar uno por uno a favor de revocarles el mandato a los delegados, bajo amenaza de ser despedidos”.

Las declaraciones de Bregman parecen responder más al petardismo político característico de algunos dirigentes de izquierda antes que a una crítica respecto al funcionamiento de las estructuras orgánicas de un sindicato.

Re - incorporaciones

Las gestiones llevadas a cabo por la dirigencia del SMATA a lo largo de las sucesivas audiencias con el Ministerio de Trabajo y la patronal (de las cuales la comisión interna de la fábrica fue omitida) lograron la re-incorporación de alrededor de 50 despedidos, el levantamiento de las suspensiones y el retiro voluntario de unos 100 empleados cesanteados. Resta aún resolver la situación de unos 80 despedidos que esperan poder volver a sus puestos de trabajo.

Párrafo aparte merece la situación de los delegados de Lear, quienes fueron beneficiados por sucesivos fallos judiciales, instrumentados por los abogados de izquierda, ordenando su re – ingreso a la planta. El día jueves, la jueza Stella Maris Vulcano ratificó los fallos anteriores ordenando se imponga su reinstalación a través del Ministerio de Trabajo.