Debilitamiento de la Oficina Anticorrupción: "El Gobierno de Milei oculta deliberadamente información pública"

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    Foto: Noelia Guevara
ENTREVISTA APU

Debilitamiento de la Oficina Anticorrupción: "El Gobierno de Milei oculta deliberadamente información pública"

21 Octubre 2025

El abogado Luis Villanueva, de la Fundación Argentina Humana, conversó con AGENCIA PACO URONDO por el "informe La Oficina Anticorrupción de Milei: entre la motosierra y la captura", publicado recientemente por la ONG que integra y el Instituto Argentina Grande, que lidera el dirigente Gabriel Katopodis. El documento se explaya sobre la gestión libertaria desde la perspectiva de sus casos de corrupción. El rol de la Oficina Anticorrupción. 

APU: En el reporte se habla de congelamiento de las políticas de las políticas de integridad que se plasman en retroceso de instrucciones preventivas y debilitamiento de los recursos humanos de la Oficina Anticorrupción. ¿De que se tratan la políticas preventivas y porque se habla de reducción de medidas y de personal? ¿Qué perspectiva tiene de estos datos arrojados en el informe?

L.V.: En cualquier lugar del mundo la ausencia de políticas preventivas y la disminución de los controles estimula la ocurrencia de hechos de corrupción, algunos de los cuales pueden tener una enorme significancia en términos institucionales, económicos y sociales. El Informe que elaboramos en conjunto entre el Instituto Argentina Grande y la Fundación para el Desarrollo Humano Integral concluye que la actual gestión de la Oficina Anticorrupción debilitó las políticas preventivas y las funciones de control del organismo, habilitando situaciones de conflictos de intereses, de puerta giratoria y captura del estado por parte de intereses privados, entre otros tipos de corrupción.

La OA tiene un lugar central en el control y prevención de la corrupción en Argentina, dos objetivos a los que nuestro país se ha comprometido a través de distintas convenciones internacionales y que, además, forman parte de estándares exigidos por diferentes organismos de primer orden en el mundo. Estos organismos han señalado que Argentina debe implementar acciones preventivas, con un enfoque sistémico, integral, cruzado por la utilización de la tecnología, la articulación de los organismos de control que hoy funcionan sin coordinación, incorporando al sector privado (el otro jugador clave en el partido de la corrupción) y fomentando la participación de la ciudadanía. Pues nada de eso viene ocurriendo en este gobierno, más bien todo lo contrario: se ha retrocedido en relación con los avances en gestiones anteriores.

En paralelo lo que observamos es el vaciamiento de la Oficina Anticorrupción. Advertimos un marcado proceso de debilitamiento en cuanto a las capacidades institucionales de la OA: vio degradada su jerarquía, al pasar de tener rango de Ministerio a Secretaría; sufrió una merma en lo que hace a sus recursos humanos, a partir de la cesantía de numerosos y valiosos profesionales; y fue objeto de un verdadero desplome presupuestario. La dotación óptima para que el organismo pueda cumplir con sus funciones institucionales es de 134 personas En la actualidad la dotación de personal alcanza a 78 personas, un 41% menos de la dotación óptima. En términos presupuestarios, el gasto devengado real en la partida del organismo se desplomó durante el gobierno de Javier Milei. Pasó de superar los 1.300 millones de pesos en 2023 a bajar a un monto notoriamente inferior. Entre enero y agosto de este año se gastaron apenas $53,5 millones, esto implica una caída del 96% en términos reales contra el mismo período de 2023. Si el gobierno gasta entre septiembre y diciembre un monto similar a lo que viene gastando, el total anual para 2025 rondará los $80 millones de pesos, el valor más bajo desde la apertura de esta entidad.

La proliferación de casos de corrupción que estamos viendo probablemente sea la consecuencia del relajo en los controles y de estar pasando la motosierra por los organismos que deben prevenir este tipo de delitos.

APU En el informe se lo menciona el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que festejó en redes sociales la desregulación del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades. ¿Cómo se lee este dato?

L.V.: El Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) es una plataforma online para el desarrollo y mejora de Programas de Integridad de empresas, esto en planes de acción para prevenir hechos corruptos en línea con lo establecido por la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.  La idea con RITE es incentivar políticas anticorrupción más allá de las áreas de gobierno, se trata de operar sobre “el otro lado del mostrador”, particularmente cuando hablamos de grandes corporaciones privadas. El RITE fue reconocida como una política pública de relevancia por organizaciones no gubernamentales y especialistas, incluso la iniciativa fue destacada en el último reporte de la OCDE sobre Argentina y otros países han decidido implementar iniciativas similares basadas en la experiencia Argentina.

Pues bien, en la lógica de destruir cualquier regulación del sector privado y vaciar la estatalidad, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que este tipo de acciones no debían requerirse para el sector privado. La tildó, prácticamente, como un desvarío y dispuso que, por ejemplo, ya no se debía impulsar que las grandes empresas agroexportadoras den cuenta de lo que hacen para evitar la corrupción de los funcionarios de SENASA o Aduana.

El ministro cree que la corrupción es un fenómeno que nace siempre desde el Estado, que las grandes corporaciones son siempre las víctimas y que cuanta menos regulación exista menos corrupción habrá. Este paradigma, a nivel mundial, es viejo. Fue usado siempre para privatizar y recortar, y nunca implicó menos corrupción, más bien lo contrario.

Guiados por esa concepción, según la cual todo control o regulación estatal es un obstáculo para la iniciativa privada, el RITE sufrió modificaciones sustantivas. Los organismos públicos ya no requieren estar inscritos ni siquiera para las grandes contrataciones. Sin dudas otro retroceso en el control de la corrupción.

APU ¿Qué se puede analizar del caso LIbra y la responsabilidad del presidente y la intervención de la OA?

L.V.: En el caso Libra, la violación a la ley de ética pública por parte del presidente de la Nación, siguiendo los estándares históricos de la OA, es palmaria y evidente. Como ya sabemos este caso de corrupción nace cuando Milei tuitea promocionando una criptomoneda -propiedad de opacos inversores vinculados al gobierno-, y al respecto la Ley 25188 de Ética en la Función Pública es clara. La norma establece que promover un negocio privado va en contra del ejercicio ético de la función pública, específicamente, viola lo dispuesto por el artículo 2, en los incisos “b”, “f” y “g”. Lo propio respecto de los artículos 8, 9, 11, 13, 18, 19, 20 y 30 del Decreto 41/1999, el Código de Ética, que refieren a la obligación de los funcionarios de respetar principios como los de probidad, transparencia, legalidad y veracidad.

Muy pegada a esta violación a la norma madre de la integridad pública, está el tipo penal de las negociaciones incompatibles previsto en el artículo 265 del Código Penal. Comete este delito el funcionario público que se interesa en un asunto en virtud de obtener un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que se intervenga en razón del cargo. “Interesarse” significa intervenir como parte, lo cual no implica simplemente ser parcial, sino que exige además volcar sobre el negocio una pretensión de parte. Es indubitable “la intervención como parte” de Javier Milei: promocionó personalmente desde su cuenta de X la compra de criptomonedas LIBRA y “fijó” durante horas dicha publicación en su cuenta, causando que miles de personas masivamente realizarán tal “inversión”. 

A pesar de lo evidente del de la falta administrativa y del delito, la Oficina Anticorrupción publicó la Resolución 9/2025 en la que resuelve que el Presidente de la Nación no infringió la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública al difundir el proyecto privado “Viva la Libertad Project”, efectuada el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta personal en la red social “X” @JMilei. La Oficina Anticorrupción afirma en esa resolución que la difusión del proyecto en X fue una actividad personal realizada por Milei como ciudadano y no como presidente en ejercicio de su libertad de expresión. Esta interpretación de los hechos y de la norma sin dudas debe haber requerido un enorme ejercicio de imaginación, el necesario para disociar a una persona de su cuenta de X o de un funcionario público de sus palabras. En definitiva termina afirmando una posible disociación entre el ciudadano Milei y el Presidente Milei. Muy en contrario de lo que afirma el organismo, su rol de presidente es permanente y no puede escindirse de la persona, ni a partir de dónde se encuentra o lo que está haciendo. Pensar que la promoción de Libra por parte de Javier Milei puede escindirse del cargo que ocupa refleja un análisis parcial y poco riguroso.

Por otro lado, en la causa penal que se inició, el aporte de la Oficina Anticorrupción fue nulo. Más bien diría que la OA hizo un acting de investigación que sólo incrimina a quienes la realizaron. Por ejemplo, se sabe que $LIBRA no hubiese existido sin Milei. Sin embargo, la OA no investigó sobre cómo es que el Presidente conoció el Token. Tampoco se ocupó de analizar circunstancias sumamente relevantes, como ser las vinculaciones de los organizadores de la criptoestafa con el Presidente de la Nación y la Secretaria General de la Presidencia.

Para coronar el actuar del organismo en este caso, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, se negó a recibir la citación a declarar en la Comisión Investigadora de $Libra en el Congreso de la Nación. De acuerdo a la información brindada por el titular de dicha comisión, la citación tuvo que ser dejada en la puerta de la OA. Todo muy vergonzoso. Para cerrar diría que el caso $Libra abre muchas preguntas: ¿si la OA hubiera realizado su trabajo preventivo, por ejemplo, solicitando al presidente sus clientes antes de asumir, podría haberse evitado el caso? A pesar del pedido de diversos diputados no lo hizo, incluso contradiciendo antecedentes similares de la Oficina en anteriores gestiones. Ahora es contra fáctico, pero lo cierto es que todo lo hecho por la OA en este caso estuvo más cerca del encubrimiento que de la lucha contra la corrupción.

APU: ¿Cómo se analiza el caso del asesor presidencial Santiago Caputo, al que denominan en el informe "funcionario off shore"?

L.V.: Un aspecto llamativo en el modo de gestión del gobierno de Milei está dado por las personas que gestionan áreas estratégicas del Estado -con gran poder y disponibilidad de recursos- que no son nombrados como ministros, secretarios o directores. Son tan solo “asesores” que lejos están de emitir solo sugerencias o desarrollar informes pululan por despachos y desempeñan papeles protagónicos en la gestión, pero sin las responsabilidades y deberes que implica el ejercicio de funciones de alta dirección. Es decir, operan escapando a cualquier tipo de control. En el informe que elaboramos desde el Instituto Argentina Grande y la Fundación para el Desarrollo Humano Integral definimos a los funcionarios off shore¨ como aquellas personas que ejercen la función pública, desempeñan roles homologables a ministros o altos funcionarios pero lo hacen sin una designación que los consagre como tales ni con la atribución de las funciones ejecutivas. Este híbrido de personas que ya no saltan de un lado al otro del mostrador, sino que caminan por la frontera con un pie de cada lado es toda una novedad.

Vale recordar que la ley de Ética Pública, en su artículo 1, establece con precisión lo siguiente: “Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. Esta definición va en línea con lo dispuesto por las convenciones internacionales contra la corrupción.

Federico Sturzenegger y Mario Lugones -antes de asumir como Ministros- durante mucho tiempo oficiaron de funcionarios off shore, con ese rol incluso escribieron decretos y encabezaron reuniones y hasta participaron de cadenas nacionales. Sin embargo, el caso prototípico es el de Santiago Caputo, contratado como asesor presidencial monotributista por la Secretaria General de la Presidencia.

Ejercer la función pública supone que quien la desempeña debe dar cuenta de su evolución patrimonial, declarar sus actividades previas a la función pública, mostrar las gestiones de intereses en el registro de audiencias, al igual que todo viaje y regalo recibido, entre otras obligaciones. Santiago Caputo a la fecha no cumple con ninguna de las normas destinadas a rendir cuentas y prevenir la corrupción, y lo hace con la aquiescencia de la Oficina Anticorrupción y amparado en el tipo de contratación dispuesta por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La Oficina Anticorrupción le habilitó incluso no cumplir con el deber de presentar la declaración jurada por ser asesor presidencial, algo que contradice la interpretación de la ley de ética que a lo largo de los años ha tenido este organismo de control. Pero, además, este privilegio de Caputo no alcanza a otros asesores que con funciones infinitamente menores se desempeñan en otros ministerios y secretarías.

La explicación para que la OA resigne su deber de contralor de Santiago Caputo precisamente se explica en el poder que tiene el asesor presidencial. Que es la mano derecha del presidente y toma decisiones de políticas públicas de enorme relevancia institucional, política y económica.

APU: El gobierno viene siendo impactado por diversos casos de corrupción: el caso de Fred Machado, el caso Libra, el 3 % de Karina Milei, etc. Si tuviese que realizar un análisis general del gobierno de Milei bajo el sesgo de su integridad, ¿cómo lo evaluaría?

L.V.: Caracterizo al gobierno de Milei en materia de corrupción de la siguiente manera. Primero es un gobierno opaco, que oculta deliberadamente información que reviste el carácter de púbica sea mediante un decreto que limita el acceso (como el 780 del 2024), travistiendo a funcionarios como asesores o gestionando sin rendir cuentas en el Congreso. En segundo lugar, es un gobierno que ha promovido la captura del Estado por parte de las corporaciones, que ponen y sacan ministros o secretarios, cuyos abogados escriben decretos y resoluciones, que en definitiva definen políticas públicas. En este punto del vaciamiento del Estado, la captura ahora vemos que la intentan las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

La tercera característica es el vaciamiento del sistema de control, que se evidencia en el desfinanciamiento de los organismos o en la designación de personas sin antecedentes. Como ya dijimos, sin control, sin el temor a ser descubierto, cualquiera funcionario puede intentar lograr el progreso económico que el magro sueldo le niega.

Y relacionado con esto último, lo que veo es cierta lumpenización de la corrupción. Me refiero a casos de poca o nula sofisticación, con implicados que se despreocupan por dejar los “dedos marcados” o que rapiñan los pocos fondos de públicos que se destinan a los organismos. Creo que esto último se explica por la sensación de arribismo, de oportunismo y de vértigo por los tiempos que tienen en general los “cuadros” libertarios.

APU: La corrupción es la principal preocupación de los argentinos según muchas encuestas, ¿qué tiene para decir y proponer al peronismo sobre el tema?

L.V.: Primero hay que ser tajante respecto a la corrupción. Repudiarla por varias razones. Entre ellas que la corrupción implica una deslealtad, una traición para quienes estamos convencidos de levantar la bandera de la justicia social. La corrupción dinamiza las desigualdades y tiene consecuencias más gravosas para quien más desprotegido está, además desfinancia al Estado y sobre todo deslegitima sus funciones. La corrupción no se debe tolerar ni justificar, antes que nada, fuerte y claro hay que dejar ese mensaje.

A la vez creo que es necesario, indispensable diría, generar una agenda de propuestas para prevenir y sancionar la corrupción y en general la criminalidad económica, incluyendo la evasión. Hay que disputar la idea de que la corrupción es sinónimo de Estado y más aún de gobiernos populares. La lucha contra la corrupción ha sido la excusa histórica para reventar el Estado y abandonar políticas inclusivas, por ello también es imprescindible atender el fenómeno.

La corrupción es un fenómeno complejo, sistémico, en donde las corporaciones, el poder económico, tiene un rol esencial. Por ello no es privatizando o abandonando funciones donde los países encuentran las soluciones. Es generando una cultura de integridad que incluya a todos los actores sociales, es configurando un sistema de control público riguroso y bien coordinado. Con transparencia e Incluyendo instancias de participación ciudadana.

Perón consideraba al control como algo esencial para la organización y la dirección, tanto a nivel gubernamental como social. Creía que para gobernar eficazmente era necesario organizar y planificar. También hablaba sobre la necesidad de un control colectivo, donde la comunidad participara activamente para proteger los logros y asegurar el bienestar nacional. Hacia allí creo que hay que caminar.