Milei: el Estado "presente" para garantizar un modelo de exclusión social

¿En un contexto atravesado por la desigualdad, la falta de empleo y el aumento de la informalidad, que da paso por un lado a un escenario de tensión social por la distribución de la riqueza y por otro al surgimiento de mercados ilegales, el Ministerio de Seguridad busca resolver la situación de inseguridad o cumple la función de ser custodio de un modelo económico?

Durante el primer año de gestión en el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich mantuvo tres cuestiones como ejes de su gestión: el narcotráfico, el orden público y la violencia en el fútbol. Por otro lado durante ese mismo año, estuvo trabajando en el diseño y en la sanción de la Ley Antimafia que se efectivizó como ley el pasado 20 de febrero. Asimismo, el 3 de diciembre presentó el Plan 90/10 destinado a reducir las tasas de homicidios. En principio bajo los tres ejes de gestión tienen sentido el 37,4% de las resoluciones del Ministerio durante el primer año con el objetivo de atacar a las organizaciones que cometen delitos, por otro lado la Ley Antimafia se presenta como una herramienta para ir contra esas organizaciones y bajo la perspectiva del Plan 90/10 se establece el uso operacional de las fuerzas para implementar el avance de la gestión. En distintas exposiciones y declaraciones de la Ministra Bullrich se puede apreciar que para ella las organizaciones que cometen delitos van desde barrabravas, narcocriminales y también organizaciones sociales, sindicatos, que emplean acciones en defensa de distintos derechos, acciones que la Ministra considera delitos. Desde una perspectiva criminalizante va a combatir con las fuerzas policiales y de seguridad a todo lo que considere “mafia”.

El modelo económico

En el modo de acumulación que está vinculado a este modelo económico, el capital financiero predomina por sobre el capital productivo, cuando predomina esta situación se cierran industrias y se genera desempleo, porque genera más rentabilidad la tasa de interés que la rentabilidad de una fábrica. Estas políticas inciden en el ámbito laboral en donde las personas se insertan y socializan, este modelo económico que valoriza el capital financiero en detrimento del capital productivo, fue impuesto a sangre y fuego por la dictadura cívico militar de 1976, pero que se mantiene hasta nuestros días, el Ministro de Economía Caputo es un agente promotor de este modelo. Es un modelo que necesita de la deuda externa en dólares, tasas de interés internas y la posibilidad de girar las ganancias al exterior, es el modelo económico del Neoliberalismo. En esta dinámica los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres y la desigualdad se impone.

Estas políticas económicas afectan la capacidad de ingresos de las personas y tienen injerencia directa en la capacidad de consumo, como también en las posibilidades de ascenso social con referencia en determinadas metas culturales. No afecta a todas las personas por igual, es decir que las oportunidades se empiezan a distribuir de manera desigual, afectando más a las personas con menos recursos. 

La desigualdad

En este punto hay que advertir el cuidado de extrapolar las dinámicas económicas como explicaciones para el delito, evitando la peligrosa idea de pensar que los desempleados y excluidos son quienes cometen delitos. Pero a muchas prácticas utilizadas para mantener este modelo económico regresivo les vale el título de “delitos de cuello blanco”.

La transformación del ámbito laboral incide en cómo las personas se organizan y esto a su vez incide en la familia, el espacio en donde los más chicos internalizan y reproducen las prácticas y valores. Se empieza a estructurar una realidad desigual, en donde las metas culturales se mantienen, pero los medios para alcanzarlas no son accesibles para una gran mayoría. En paralelo a esto, esas metas culturales sí pueden ser alcanzadas por un menor número de personas, generando así una desigualdad en la calidad de vida material. Cuando la distribución de los recursos no está bien estructurada, las personas deben competir unos contra otros para acceder a ellos. Si esta competencia no es reglada queda sujeta a la ley del más fuerte, osea que la violencia puede ser un rasgo de este estado de desigualdad. Por ende la utilización de la violencia para obtener recursos es una herramienta más, presionando sobre la seguridad pública. Un desafío es indagar si esta transformación social tiene incidencia sobre el delito, hay importantes trabajos, como “Sociología del delito amateur” de Gabriel Kessler, que vinculan las modificaciones en la estructura social con las dinámicas delictivas.

La realidad de muchas personas está deteriorada hace muchos años y estructurada de una forma tal que las instituciones tradicionales como la familia, la escuela y el trabajo ya no operan de la misma manera que en décadas anteriores. El antropólogo Daniel Miguez plantea la idea de que los hijos de desempleados y excluidos, comienzan a desarrollar nuevos sistemas de creencia y valores muchas veces fuera del hogar o la escuela. En la calle la violencia empieza a ser vista como expresión de coraje. Por lo tanto sostiene Miguez que en determinadas condiciones el empobrecimiento, la desigualdad y la desocupación pueden incidir para que el delito se convierta en un problema social. Pero siempre advertir que la relación entre desempleo y delito no es lineal,  pero ¿existe un vínculo entre el modelo económico y el aumento de los delitos y mercados ilegales? Hay que reflexionar sobre si la escasez de medios legales para alcanzar metas culturales, no genera la proliferación de mercados ilegales que brindan oportunidades de obtener cosas y generar mano de obra para la narcocriminalidad o para el surgimiento de los “ponzibro”, “traders” y “cositortos”.

Tensión social

El 10 de diciembre del 2023 asume el Presidente Milei. El día 12 el Ministro de Economía Caputo anunció la devaluación del 118%, entre otras medidas como el recorte del gasto público. Y el día 15 la Ministra de Seguridad Bullrich firmó la resolución 943/23 que establece el “Protocolo Antipiquete”. Por otro lado, el día 20 se realizó la primera manifestación contra el Gobierno. Este paso a paso es un ejemplo de la tensión social producto del modelo económico. Ante el reclamo por una medida económica el gobierno responde criminalizando la protesta y utilizando a las Fuerzas Policiales y de Seguridad para imponer el orden. Y esto lo podemos ver cada miércoles que los jubilados se manifiestan frente al Congreso.

El 18 de diciembre del 2023 la Ministra Bullrich realiza la presentación del “Plan Bandera” en Rosario diciendo que las cuatro fuerzas dependientes del Ministerio van a trabajar en el territorio. Esto viene a partir de un reclamo de los Rosarinos por las altas tasas de homicidios vinculadas a la narcocriminalidad, por lo tanto la respuesta es la intervención territorial con las Fuerzas Policiales y de Seguridad, sin embargo en Marzo del 2024 sucedieron una seguidilla de asesinatos en Rosario y la respuesta volvió a ser con las Fuerzas. Vale reflexionar sobre si ¿usar las Fuerzas para combatir la violencia trae más violencia?

En un modelo económico que es regresivo, que aumenta la desigualdad, que aumenta el desempleo, que aumenta la proliferación de mercados ilegales, necesita de una fuerza gendarme que controle todo aquello que lo ponga en duda. Hoy el Estado bajo el Gobierno de Milei cuenta con una “Ley Antimafia” que le permite perseguir a todas las organizaciones que comentan delitos establecidos en la misma ley, estos delitos van desde homicidios, extorsiones, sabotajes, etc. Por lo tanto, si se criminaliza la protesta porque es considerada una extorsión, bajo esta ley pueden ser investigados los sindicatos y organizaciones sociales. Para ambos casos el Ministerio de Seguridad de Bullrich utiliza como brazo ejecutor a las Fuerzas Policiales y de Seguridad. Desde esta visión se entiende la res. 1199/24 que instruye a la Policía de Seguridad Aeroportuaria a realizar tareas de carga y descarga, en aeropuertos, cuando los trabajadores de ese rubro decidieron realizar un paro. Ante un paro docente ¿pondrán policías en las aulas o como es una forma de “extorsión” demorarán en una celda a los dirigentes por averiguación de delitos bajo la Ley Antimafia?

Inseguridad

Si bajo la lógica de policialización toda cuestión relacionada a la seguridad se resuelve con la policía como instrumento, entonces la prevención ¿sería tener un policía por cuadra? y ¿la inseguridad se resuelve con enfrentamientos y encarcelaciones? Pero la policía y las fuerzas de seguridad ¿tienen la capacidad para terminar con los mercados ilegales y con las protestas sociales producto de un modelo económico que potencia esas situaciones? Por ejemplo  en el Council de las Américas en agosto del 2024, la Ministra mencionó la creación de la Unidad de Seguridad Productiva entonces ¿con las fuerzas del ministerio van a resolver también los conflictos con los trabajadores? 

En palabras del Presidente Milei en su discurso del 1° de marzo dice que las tasas de inseguridad son las más bajas de Latinoamérica, la Ministra Bullrich en varias conferencias también sostiene lo mismo, entonces los últimos hechos ocurridos en relación a la inseguridad tal vez nos tengan que hacer reflexionar sobre el aumento de la violencia en los hechos. En dichos del asesor presidencial Santiago Caputo dirigidos al Diputado Facundo Manes, este dice que le dijo “te voy a tirar con todo el peso del Estado” podría traducirse ¿como el peso del monopolio de la violencia legítima que es un capacidad constitutiva del Estado, ese monopolio que es un instrumento para custodiar el modelo económico?. Y justo es un modelo económico que tiene similitud con el modelo económico que fue impuesto por Martinez de Hoz, con la custodia de la dictadura instaurada en 1976 que también persiguió con el peso del Estado a cualquiera que cuestione los efectos del plan económico y a sus promotores, pero por otro lado que también utilizó a las fuerzas policiales para pensar y ejecutar toda acción en materia de seguridad.

Recomiendo las lecturas de “Sociología del delito amateur” de Gabriel Kessler, el “El niño resentido” de Cesar González y también “Cuando me muera quiero que toquen cumbia” de Cristian Alarcón porque es una forma de llegar a ver cómo la desigualdad opera en la racionalidad de quienes ayer y hoy son sujetos de la irracionalidad con la que se piensan las formas para combatir el delito. Pero también estos libros permiten acceder a ver cómo la violencia operó y opera en la vida de muchas personas, para preguntarse si la violencia es la manera más efectiva para resolver el estado de situación actual. Porque quizá una alternativa también sea utilizar la capacidad del Estado con las agencias de recaudación impositiva para perseguir a los que evaden y generan el estado de desigualdad actual, pero bueno capaz es más fácil entrar a la Carlos Gardel con Gendarmería, que a un Country de Pilar con ARCA.