"La relación entre narcotráfico y policía obliga a repensar el concepto de violencia institucional"

Por Santiago Asorey e Ignacio Ramirez Charré

En los últimos meses se registró en los barrios del sur de Capital Federal una serie de asesinatos de jóvenes pobres. El incremento de la violencia da cuenta de cuáles son los sectores sociales más castigados y también de las complejas relaciones de connivencia entre la policía y las organizaciones criminales, en especial las ligadas al narcotráfico. Son crímenes ejecutados por las fuerzas de seguridad o por bandas criminales que muchas veces actúan en zonas liberadas.

Se trata de un aspecto silenciado del fenómeno de la “inseguridad”. Para los medios de comunicación, en cambio, esos sectores pobres suelen ser los responsables de la violencia, no sus víctimas. AGENCIA PACO URONDO charló con Manuel Tufro, coordinador del equipo de “Políticas de Seguridad y Violencia Institucional” del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

APU ¿Qué lectura hace de la situación de violencia en los barrios del cordón sur de la Capital en los últimos meses? En muchos casos se trata de casos que prácticamente no son difundidos por los medios ni los especialistas.

MT: Tenemos algunos indicios de que la situación de violencia en la zona se estaría complicando en el último año. Creo que acá habría que distinguir dos cuestiones que, al mismo tiempo, están unidas en algún punto. Por un lado, las dinámicas de violencia interpersonal o criminal y, por el otro lado, las dinámicas de violencia institucional, que a veces, obviamente, aparecen mezcladas con mercados de ilegalidad.

Digo que hay que separarlo por lo siguiente: cuando en junio del 2011 empieza el ‘Operativo Cinturón Sur’ con el desembarco de Gendarmería y Prefectura, lo que sucede, según la mayor parte de los testimonios que hemos recogido en la zona, es un descenso bastante importante de la violencia explícita u ostensiva. La situación de los tiroteos cotidianos, la imposibilidad de circular por los pasillos, se modifica para mejor. Se desplaza a la Policía Federal del patrullaje en estos barrios, entonces disminuyen también ciertos tipos de abusos de violencia institucional muy ligados a la historia de la Policía Federal en esos barrios. A la historia de comisarías como la 52, que tiene un historial extenso de casos de ejecuciones y abusos.

APU: ¿Cómo fue la relación de la Gendarmeria y la Prefectura con los vecinos?

M. T.: Tuvieron lugar otra series de problemas, que tienen que ver con la convivencia cotidiana de fuerzas como Gendarmería y Prefectura con los habitantes de estos barrios. Son fuerzas más militarizadas que la Federal y pasan a tener una presencia permanente en estos barrios. Eso no ocurría antes.

Lo que se veía ahí era una forma de violencia que nosotros denominamos de “baja intensidad”. Es decir, que no se manifestaba en casos de gatillos fáciles o ejecuciones. Se manifestaba en casos de abuso cotidiano muy sostenido sobre una parte de la población que eran los jóvenes y los consumidores de drogas. Esa era la situación que nosotros veíamos en el 2011/2012.

En los últimos meses hay una descomposición de este operativo y aparecen de nuevo ciertos vicios de la Policía Federal, como el no patrullaje en el interior de los barrios. Y aparece de nuevo la violencia cotidiana relacionada a una forma de violencia entre bandas ilegales, que vuelve a cobrar una visibilidad que había quedado atenuada. Particularmente, a partir de lo que pasó con el caso de Kevin Molina en Zavaleta. De nuevo queda expuesta la realidad de zonas liberadas, movimientos de bandas que no están siendo controladas por la presencia de Gendarmería y Prefectura. Hay indicios de un crecimiento de la violencia en todo sentido en la Zona Sur de la ciudad de Buenos Aires.

APU: Si tuviera que hacer un balance de lo actuado por Gendarmeria y Prefectura: ¿Cuál sería?

M. T.: No tenemos una evaluación sistemática como la teníamos en el 2012, cuando habíamos hecho todo un trabajo de campo sobre el tema. Pero los relatos que registramos tienen que ver con esto: cierto repliegue de la Gendarmería, menor presencia, falta de patrullaje hacia el interior de los pasillos. Más bien, una vigilancia perimetral de los barrios. Es esto lo que se percibe. Y esto es lo que deja el terreno para las disputas territoriales, entre distintos mercados de ilegalidad y distintas bandas.

APU: ¿Cómo enfrentan las organizaciones sociales y territoriales este fenómeno de violencia creciente?

M. T.: Es un fenómeno que se nos está presentando en los últimos tiempos, no solamente en Capital Federal, sino también en el conurbano, en Rosario y en Córdoba. Es un fenómeno de violencia de bandas asociados a mercados ilegales que empieza a afectar la acción de organizaciones sociales y territoriales. Estas bandas casi siempre tienen protección policial y política.

En el caso del CELS, estamos repensando la cuestión de la violencia institucional. Para nosotros, la violencia institucional estaba asociada históricamente al personal uniformado o fuera de servicio; ahora esta violencia aparece de forma más difusa, o tercerizada en bandas que ejercen formas de violencia donde no están directamente implicados agentes del Estado. Pero claramente tienen protección o, al menos, convivencia con el Estado.

APU: Más allá de las fuerzas de seguridad, ¿Qué rol desempeña el Estado?

M. T.: Hay una dificultad muy grande del Estado para brindar protección en el territorio a las organizaciones sociales, a las víctimas de estas bandas criminales. No hay instancias a la cuales recurrir. Muchas veces, ir a la propia policía es contraproducente por estas relaciones de convivencia que hay con estas bandas. Y por fuera de la Policía es muy difícil pensar en otras instancias.

Es muy difícil el acceso a la justicia en los barrios, a pesar de que hay algunos ejemplos e iniciativas incipientes, pero interesantes. Tanto en la zona sur de la ciudad con Atajo, como en Rosario con algunos Centros de Acceso a la Justicia que se han montado también. Pero son todas cuestiones todavía muy incipientes frente a una sensación de desprotección de las organizaciones sociales que se encuentran frente a un fenómeno para el cual no están preparadas para responder. Su antagonista histórico era el Estado, y en esta situación no aparece como una cara visible.

Esta situación se da en un contexto en el cual aparece la idea del avance del narcotráfico como una amenaza para todo el país: el nuevo enemigo. El narcotráfico aparece construido de forma homogénea pero, en realidad, no se sabe bien qué es. Y en la forma que se tematiza en los grandes medios de comunicación y en la comunicación política, aparece totalmente soslayado el papel de las fuerzas de seguridad en la producción y reproducción de esta red de ilegalidad.

Entonces, por un lado, hay un discurso muy alarmista respecto al avance del narcotráfico y, por el otro, se hace muy poco para afrontar los verdaderos problemas; no solamente en relación al narcotráfico, sino en otros mercados ilegales, como el tráfico de armas en los barrios pobres.

APU: ¿Qué debería hacer el Estado para poder intervenir de forma rápida?

M. T.: El desafío de intervención sería que el Estado pudiera tener una presencia territorial permanente, bajos las formas de políticas de prevención de consumo de droga. Pero también políticas de protección frente a los embates que sufren organizaciones sociales y vecinos de los barrios por parte de las bandas. Por otro lado, una política criminal diferente a la que se implementa en estos momentos y que apunte a desarmar estas redes; que no se fije tanto en el microtráfico, o en el pequeño transa, que es rápidamente reemplazable, si no que apunte a desarmar las redes. Esto no se logra con la saturación policial, sino con la inteligencia, la investigación compleja. Toda una serie de cuestiones que representa un gran desafío para las fuerzas de seguridad y para la Justicia.

APU: Por último, ¿Qué lectura realizan del cambio de la causa de Luciano Arruga a partir del encuentro de su cuerpo?

M. T.: La identificación del cuerpo de Luciano abre, en realidad, todo un nuevo terreno de irregularidades y oscuridades en torno al funcionamiento burocrático, que se suman a las que ya conocíamos y que había iluminado la misma causa. Toda la cuestión de las irregularidades policiales se suma a todas las denuncias sobre hostigamiento y reclutamiento que ya se conocían y que son problemáticas que siguen absolutamente vigentes. Se suman, también, las dificultades de la Justicia para investigar. El CELS está impulsando el juicio político a dos fiscales que intervinieron, y al Juez que había intervenido desde la provincia de Buenos Aires en la causa.