Luján: la universidad secuestrada

La Universidad Nacional de Luján (UNLu) se creó en 1972, durante el gobierno militar de la autodenominada “Revolución Argentina”, con el general de caballería Alejandro Agustín Lanusse como presidente de facto. Otra dictadura, esta vez más sangrienta, impulsó su cierre durante el año 1979, decisión resistida y repudiada por los sectores más disímiles de la sociedad. Fue la primera vez en la historia del país que un gobierno decidió el cierre de una universidad. La democracia, que Argentina recuperó a fines de 1983, pronto reabrió la UNLu, luego de marchas, huelgas, reclamos, cartas y presión de la comunidad de Luján, e intelectuales y artistas de todo el país.

Primeros pasos

En julio de 1969 se reunieron los intendentes de Luján y General Rodríguez, un grupo de profesionales del noroeste bonaerense, y el decano de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Tarquini. El decano tenía la propuesta de crear nuevas universidades estatales para descentralizar la creciente población estudiantil que atosigaba a la UBA. En el noroeste proponía crear una de ellas, entre Luján y Pilar, donde se encontraba un gran movimiento de población que a la vez se veía favorecida por los accesos carreteros que se construían en ese momento y las tres líneas ferroviarias que circulaban (Belgrano, San Martín y Sarmiento). El mismo Tarquini planteó la necesidad de un espacio de 200 hectáreas, y que la orientación de la nueva universidad apuntara a las ciencias biológicas, agronómicas y de la alimentación. 

Esa noche se acordó promover un movimiento de opinión pública y crear una comisión para obtener la sanción de la ley de creación. Un mes más tarde, el 9 de agosto, se creó en Luján la Comisión Pro Universidad Nacional para difundir la propuesta de la nueva universidad, sumar adhesiones y realizar reuniones con personalidades e instituciones de la región. Pilar pronto perdió el entusiasmo, y en 1970 la bandera de la universidad local la levantó la comunidad de Luján, con reuniones periódicas, con subsidios del municipio a la Comisión Pro Universidad, y marcando el espacio para instalar el nuevo centro de estudios. Al finalizar 1971 se logró la creación, por parte del Ministerio de Educación de la Nación, de una Comisión Nacional para que estudiara la factibilidad de dicho organismo educativo. La mencionada Comisión Nacional presentó en 1972 el estudio al ministro Gustavo Malek, quien aprobó la propuesta en agosto. El 20 de diciembre de 1972 Lanusse firmó el decreto ley 20.031 por el cual creó la UNLu, y designó delegado organizador al doctor Ramón Rossel, especialista en Química y edafólogo, y por entonces decano del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. La ley le otorgaba al organizador un plazo de 30 días para elevar el proyecto de estructura y el plan de desarrollo de la nueva universidad.

El año 1973 fue muy agitado para la Argentina, con la elección del nuevo presidente constitucional, que recayó en el delegado de Juan Perón, el dentista de San Andrés de Giles, Héctor J. Cámpora. El abogado Emilio Fermín Mignone, quien fuera subsecretario de Educación de la dictadura de Lanusse, conocía de cerca el entusiasmo de la comunidad lujanense por tener su espacio universitario y temía que el nuevo gobierno no quisiera avanzar con un proyecto que dejó a medio camino la dictadura. Mignone habló con Cámpora y su ministro de Educación, Jorge Taiana, y los convenció de seguir adelante y confirmar que la sede sería el antiguo Instituto de Menores Ángel T. de Alvear, que contaba con más de 400 hectáreas. La primera semana de junio se dispuso la intervención de las universidades, siendo designado como rector interventor de la UNLu el doctor Mignone, quien asumió y convocó a elecciones para conformar el Consejo de Gobierno.

Mignone presentó un Plan de estudio dividido en tres áreas: Producción y transformación de alimentos; Ciencias sociales aplicadas; y Educación, con una clara adhesión a las líneas que impulsaba Paulo Freire, de manera especial en la preparación de educadores de adultos. La propuesta tenía novedades como el examen de admisión para mayores de 24 años que no tuvieran concluido sus estudios secundarios, el aprendizaje a distancia, o la apertura de regionales.

Otra dictadura

El primer presupuesto fue de apenas U$60.000 y así se puso en funcionamiento. Lo que no se confirmó fue la cesión de tierras, cosa que preocupó a Mignone. El rector se reunió con Taiana, dialogaron sobre los avances de la Universidad y en un momento el ministro salió a atender otro asunto. Mignone, curioso, tomó un documento que estaba del lado de Taiana y leyó un decreto firmado por el ministro José López Rega, con quien tenía pésima relación, y que esperaba la firma: era la negativa a ceder las 400 hectáreas a la Universidad. Mignone guardó el documento en su bolsillo, fue al baño, lo rompió y lo tiró al inodoro. Cuando Taiana regresó siguieron hablando sobre la necesidad de levantar algunas aulas en la nueva sede, lo que el ministro se comprometió a gestionar. El decreto de cesión que firmó Francisco Manrique al finalizar la dictadura siguió en pie, y en septiembre de 1973 se abrieron las puertas y las primeras clases contaron con 600 alumnos. 

En 1974 el nuevo ministro Ivanisevich no asignó partida presupuestaria, lo que complicó al principio de una población educativa que se duplicó, pero Mignone solucionó lo del dinero con la ayuda de la Universidad de San Luis. La UNLu logró abrir en poco tiempo centros regionales en Campana, Chivilcoy, General Sarmiento y Nueve de Julio, atendiendo alumnos de más de treinta localidades, como Baradero, Bragado, Carmen de Areco, Carlos Casares, La Matanza, Escobar, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Suipacha, Zárate.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 enfureció a Mignone, quien participó de un gobierno de facto y entendía que cada intervención militar era un retroceso para el progreso del país. De inmediato, envió su renuncia al Ministerio de Educación para manifestar su desacuerdo con el nuevo gobierno. Su biógrafo y yerno, Mario Del Carril, cuenta que antes de su renuncia Mignone “percibía que sus viejos amigos se distanciaban porque lo tenían catalogado de zurdo o por lo menos liberal norteamericano”. Al llegar a la sede del rectorado, para retirar sus pertenencias, se encontró con un contingente de militares que rodearon las instalaciones.

- Usted no puede ejercer la docencia en ningún lugar del país -, le informó el teniente coronel Jorge Maríncola al rector.
- Quédese tranquilo que ya presenté mi renuncia a primera hora -, le respondió Mignone. De inmediato el oficial le preguntó:
- ¿Dónde están las armas? -.
- En la Biblioteca -, respondió Mignone sin dudar, y señaló una puerta. Cuando el militar entró, se encontró con estantes llenos de libros y ordenó a un grupo de soldados que requisaran cada estante, donde encontraron material bibliográfico y máquinas de escribir. El jefe del operativo no comprendió la ironía del rector. En abril, el mayor Héctor Tommasi reemplazó a Maríncola como interventor. Ambos militares expurgaron los libros de la biblioteca, que en ese entonces estaba en la hostería San Antonio, y separaron con entusiasmo los que consideraban peligrosos. Los libros indeseables los colocaban en cajas, para ser retirados días más tarde, pero antes había docentes que las abrían, recuperaban algunos y completaban las cargas con diarios.

En mayo la dictadura secuestró a Mónica Mignone, hija del rector renunciante y profesora en la facultad de Educación de la UNLu. A partir de aquel momento, Mignone se dedicó a buscar a su hija y los compañeros que se llevaron con ella. Luchó por el respeto de los derechos humanos en la Argentina, y creó el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). En octubre del 1976 el gobierno de facto designó rector reemplazante: el ingeniero Gerardo Amado.

Los primeros 60 egresados de la UNLu salieron a mediados de 1977, con títulos vinculados a la educación, la administración de empresas, la minoridad y la producción agrícola-ganadera. El 5 de septiembre del mismo año las autoridades nacionales firmaron un decreto a través del cual se otorgaban 250 hectáreas a la Universidad, a la vez que se entregaban herramientas de diverso tipo para el desarrollo de sus carreras, principalmente las vinculadas al campo. Al año siguiente, en diciembre de 1978, se recibieron los dos primeros licenciados en administración de empresas: Alicia Buyo y Héctor Jurado. Al parecer la vida de la Universidad seguía su desarrollo, más allá de la dictadura, e incluso se construyeron edificios importantes para el desarrollo de actividades.

En 1979 no será el otorgamiento de títulos lo que destaque de la vida universitaria, sino el rumor sobre el posible cierre de la casa de altos estudios. En marzo el ministro de Educación, Juan Rafael Llerena Amadeo, le solicitó la renuncia al rector Amado, y lo único que trascendió es que se buscaba redimensionar la Universidad. El ingeniero dejó su cargo en medio de una ola de rumores que hablaba del posible cierre, lo que se acrecentó al no designarse reemplazante durante los meses siguientes. En julio se dio a conocer una solicitada dirigida al ministro, en la que intelectuales como Ernesto Sábato, René Favaloro y Américo Ghioldi se sumaron a la Comisión de Amigos de la Universidad para pedir que no se cierren sus puertas. “Ningún gobierno, inclusive los más despreocupados por la educación y la cultura, atentó contra las universidades, cerrándolas o desjerarquizándolas”, decía uno de los párrafos.

En noviembre se publicó otra solicitada firmada por 783 personas que acompañaron a la Comisión de Amigos de la UNLU, dirigida al entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla, pidiendo que no se cerrara el centro educativo. En el mismo mes hubo 1259 estudiantes que firmaron otra dirigida a la opinión pública, donde se enumera las razones de su orgullo, preocupación y confianza ante la insistente ola de rumores del cierre. Otras 815 firmas, integradas por miembros de la comunidad universitaria de la UNLu, se sumaron a una carta abierta dirigida al militar golpista que ocupaba la presidencia. El 4 de diciembre los que publicaron fueron los egresados, preocupados por la posible disolución lisa y llana de la Universidad. La incertidumbre alcanzó su pico máximo pocas semanas antes del cierre definitivo, siendo una muestra clara los siete telegramas enviados por la Comisión Pro Universidad a diversas autoridades, tanto civiles como militares.

Una universidad desaparecida

El profesor Leonardo Malacalza estaba en el estacionamiento cuando en la radio de su auto escuchó la cadena nacional con el anuncio del ministro de Educación. Abrió la puerta del vehículo, subió el volumen y los estudiantes se detenían a escuchar. El 20 de diciembre, en un discurso oficial transmitido por cadena nacional, el ministro Llerana Amadeo confirmó el cierre de la UNLu, subrayando de manera hipócrita y sin ponerse colorado que “no habrá gran país, si no hay gran universidad”. Al mejor estilo castrense, violando su autonomía, el ministro explicó que recorrió universidades para verificar su funcionamiento, sin recurrir al Consejo de Rectores y desconociendo el sistema de control que tienen las casas de estudio, y que resultaba ejemplar desde 1918, cuando la Argentina implementó la Reforma Universitaria. 

Con la misma política de palo y a la bolsa que implementó el régimen de Onganía con la “Noche de los Bastones Largos”, obligando al exilio a centenares de profesionales, el ministro Llerena decidió de manera caprichosa cerrar una universidad. Después de dar estadísticas de alumnos, profesores, infraestructura, bibliotecas y gastos, enfatizó que “la Universidad de Luján no tiene antecedentes universitarios” (sic). El funcionario garantizaba a los alumnos que estaban cursando carreras que podrían continuarlas en la Universidad de Buenos Aires, que de manera literal devoraba a la UNLu. El ministro recibió un guiño por parte del Interventor de la provincia de Buenos Aires, el general Ibérico Saint Jean, quien en el Ministerio de Educación provincial decidió no aceptar en la planta funcional administrativa a profesionales egresados en la UNLu con el título de Técnico Universitario de Minoridad y Familia. El militar a cargo de la Provincia también manejaba a la Policía Bonaerense, que en su área de inteligencia tenía un seguimiento de las actividades en la UNLu que se plasmaban en un informe de más de quinientas páginas.

Los estudiantes, alrededor del auto de Malacalza, lloraban ante las mentiras que decía el ministro. Confundía un ayudante de cátedra con estudiantes que daban clases como si fueran titulares; desconocía la existencia de los laboratorios que se usaban para las carreras; cuestionaba la cantidad de libros que tenía la Universidad, cuando en dos ocasiones se presentaron a purgar la biblioteca. Al día siguiente del discurso de Llerena, el diario Clarín titulaba con una frase elocuente: “Fue eliminada la Universidad de Luján”.

“El ministro miente”, decía el cartel que los estudiantes colocaron sobre el puente de la ruta 7, enfrente a la sede de la UNLu. El ministro había atacado a la Universidad, su estructura y su funcionamiento, por eso los alumnos y docentes abrieron las puertas de las instalaciones a todo el público bajo el slogan “Conozca la Universidad”, y así demostrar que los argumentos esgrimidos por Llerena eran falaces. Los comerciantes de Luján adhirieron al reclamo cerrando sus puertas, sin atender al público durante toda una jornada, pero la decisión de atacar de manera frontal a la educación, esta vez representada por una universidad nacional, se confirmó con el paso del tiempo.

Los alumnos, los docentes, los vecinos y una gran cantidad de intelectuales hicieron oír de diversas maneras su disconformidad con la medida. El ministro mantuvo su capricho y no dio marcha atrás. La comunidad educativa impulsó una serie de movilizaciones en distintos lugares de la provincia y en la Plaza de Mayo, siendo recordada la huelga de hambre en la puerta de la Basílica de Luján, pasando la Navidad en el lugar. También fue importante la manifestación del 27 de diciembre, integrada por un nutrido grupo de alumnos, los cuales se acercaron a la Casa Rosada a entregar un petitorio a Videla. Más allá de los riesgos, y a pesar de que la Universidad tenía docentes desaparecidos, se realizaron marchas multitudinarias que enfrentaron la medida que atacaba la cultura en general y a la universidad pública en particular.

Hay investigaciones, como la de Ignacio Cabrera, que marcan el origen católico y nacionalista del Mignone y Llerena, que no solo se habrían cruzado, sino que habrían sido amigos, pero que desde lo educativo tenían miradas opuestas. Por un lado, Mignone con una mirada moderna, progresista con propuestas de carreras nuevas de la universidad. Por otro, Llerena con una idea conservadora, rígida y tradicional de los claustros.

Voces por la reapertura

Un total de 250 alumnos decidieron presentarse en la justicia, y firmaron un recurso de amparo para frenar el cierre. El juez federal los recibió, dio lugar a la medida e intimó al ministro a rever su decisión. La respuesta oficial se conoció a través de un comunicado publicado, con errores de ortografía, en el diario La Nación bajo el título “Reafirmamos”, que decía: “Luján será centro de actividad universitaria dedicado con especial prioridad a Tecnología en Alimentos y todo lo vinculado al agro y sus productos; para ello se aprovechará el esfuerzo de la comunidad de Luján y también el mejor nivel académico más cercano (Universidad de Buenos Aires)”. Las reuniones públicas y clandestinas por la reapertura no cesarían durante los meses siguientes.

Mientras los militares seguían aplicando el terrorismo de Estado secuestrando gente en todo el país, integrantes de la comunidad de la universidad realizaban reuniones casi secretas con el objetivo de lograr su reapertura. Durante 1980 y 1981 trascendieron algunas que, a pesar de ser casi clandestinas, convocaban a numerosas personas. Los encuentros se realizaban en casas particulares, y en algunos casos llegaron a concentrar casi cien asistentes. Al referirse a una de estas reuniones, que se había realizado en una quinta lujanense, el diario El Civismo de Luján afirmó que “existe una comunidad universitaria sin universidad”. En la oportunidad trascendió que, de manera extraoficial, y como para calmar los ánimos, habían concurrido autoridades nacionales para escuchar el reclamo de los jóvenes que manifestaban su malestar por el cierre.

Pero ni durante los años 1982 ni 1983 se logró el objetivo anhelado, aunque no cesaron de levantarse las voces a favor de la reapertura. Llamó la atención que el 2 febrero de 1983, más de tres años después del cierre y cuando nada hacía prever el fin de la dictadura, el diario Clarín, que nunca fue opositor ante el gobierno militar, tituló su editorial con la frase: “Rehabilitar la Universidad”. Y el texto no era ambiguo ni genérico, sino que de entrada sostenía: “Hace tres años se cometió un grave daño a la estructura educativa del país al cerrarse la Universidad de Luján. Pero el caso no ha concluido ya que tanto ex estudiantes y profesores, cuanto también miembros de la comunidad, continúan propugnando la reapertura de una casa de estudios que fue concebida para servir las necesidades de su ámbito de influencia”.

El artículo se explayaba sobre la corta pero intensa historia de la UNLu, destacando que se erigió luego de un concienzudo estudio, donde se abrieron carreras no tradicionales, señalando que los métodos eran novedosos, como el caso de la educación a distancia, ampliando aún más su influencia más allá de 34 partidos del noroeste de Buenos Aires. Destacaba el editorial que las razones que invocaba la dictadura eran la falta de nivel docente y deficiente infraestructura, pero sin presentar un estudio técnico que avalara las afirmaciones, subrayando que si había deficiencias se debía al escaso presupuesto que las autoridades militares le habían asignado como para ampliar la biblioteca, realizar el mantenimiento de los laboratorios o la adquisición de material didáctico. Además, agregó que el gobierno de facto no cumplió con la promesa de garantizar la continuidad de los estudios a los centenares de alumnos que se les había cerrado las puertas de las aulas, subrayando el clamor popular por la reapertura del lugar.

La guerra por las Malvinas desgastó a la dictadura, el año 1983 fue el último del gobierno de facto, y la pronta llegada de la democracia abría nuevas esperanzas. Los candidatos presidenciales prometían a la región la reapertura de la UNLu, y se confirmó con el triunfó Raúl Alfonsín, uno de los dirigentes políticos que, el 24 de febrero de 1980, suscribía la solicitada que se tituló: “La Universidad de Luján no debe desaparecer”. El texto estaba firmado por decenas de escritores, investigadores, músicos, historiadores y políticos, quienes proponían un amplio debate sobre la política universitaria del país y manifestaba la necesidad de evitar consumarse un hecho sin precedente.

El 10 de diciembre de 1983 se recuperó la vida institucional democrática del país, y cuarenta días más tarde, el 27 de enero de 1984, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la reapertura de la UNLu, con la designación del doctor Enrique Fliess como nuevo rector. El acto formal de reapertura fue el 30 de julio de aquel mismo año, con la presencia del presidente Alfonsín y el vicepresidente Víctor Martínez. En el palco había una pancarta que decía: “Orgullosos de la Universidad”. Invitaron a hablar a Alfonsín, quien dijo: “¡no es este un acto de gobierno; más que eso es un acto de la democracia en el que todos venimos a dar nuestras gracias a la comunidad universitaria de Luján, por haber logrado la reactivación de esta Universidad”.