Ordenan la clausura de un pabellón en la cárcel de Batán

El recurso fue presentado luego que el equipo del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria inspeccionara en Mar del Plata la Unidad Nº 15 del complejo de Batán, el pasado 17 de julio. La misma fue encabezada por su presidente Hugo Cañón y participaron Roberto Cipriano García, integrante de la CPM, y el equipo del Comité contra la Tortura de la CPM coordinado por Alicia Romero. También fueron parte el Fiscal federal de Primera Instancia, Pablo Larriera, el Defensor Ricardo Mendoza y el Juez de Garantías, Juan Tapia. La inspección se realizó en el marco de las jornadas organizadas en la ciudad por la institución donde se abordaron diferentes problemáticas referidas a la situación de vulneración de derechos producidas en el accionar de las fuerzas de seguridad.

Luego de la inspección desde la CPM señalaron que “toda la unidad se encuentra muy deteriorada, lo que debe imputarse a la falta de mantenimiento o a la realización de remodelaciones superficiales” y puntualizaron especialmente en la presencia de roedores e insectos y problemas infraestructurales desde filtraciones y falta de vidrios hasta el pésimo estado de la red cloacal, hídrica y eléctrica, cuestiones que se retoman en el fallo de Tapia.

La resolución judicial, que hace lugar al habeas corpus colectivo presentado por el organismo, dispone un plan de refacciones y reparaciones en el penal y ordena la clausura del Pabellón Nº 3 de Admisión, prohibiendo expresamente el alojamiento de personas en ese lugar y la reubicación de los 35 detenidos allí alojados.

La CPM también intervino en el caso de un detenido que había sido mordido por una rata y debió ser trasladado a un hospital extra muros para recibir atención médica por la infección provocada. Las autoridades de la unidad argumentaron que esta persona padecía una celulitis infecciosa sin mencionar que la causa fue producto del ataque de roedores, hecho posteriormente constatado por integrantes de la CPM, que entrevistaron al detenido y tuvieron acceso a la Historia Clínica del Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata.

Durante las entrevistas realizadas en la inspección los detenidos coincidieron en señalar la presencia de roedores de gran tamaño circulando por todo el penal y expresaron su preocupación por esta situación. En este sentido, la resolución de Tapia dispone convocar a Conrado Alejandro Murdocca, funcionario a cargo de la División Control de Plagas de Dirección Gestión Ambiental (ENOSUR) de la Municipalidad de General Pueyrredón, para trabajar tareas de desinfección a partir de un en un plan de acción “duradero en el tiempo y exitoso en sus resultados”.

“Las graves situaciones relevadas, se inscriben en un contexto regresivo en materia de respeto por los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, que ha profundizado sus políticas represivas y la detención de jóvenes pobres, llegando en la actualidad a más de 33.000 detenidos alojados precariamente en los centros penitenciarios, una cifra histórica en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Roberto Cipriano García, miembro de la CPM.

El presidente de la CPM, Hugo Cañón, remarcó que “la resolución del juez Tapia se inscribe en lo que debe ser, en el compromiso que tienen los jueces ante una realidad que se les presenta. En este caso, la Comisión por la Memoria pone en evidencia una realidad cruel después de una inspección y él asume como juez el compromiso de tomar las medidas que corresponden. Si así actuase la justicia no sería posible este sistema de destrucción de la dignidad humana. Lo que encontramos en Batán es un cuadro inadmisible, por lo que esperamos que el poder ejecutivo responda a este mandato judicial sin evadir su responsabilidad”.

El resultado de la inspección

El equipo de inspecciones del organismo recorrió los pabellones Nº 3, denominado de admisión, el 4 (de ingreso) donde se alojan detenidos provenientes del conurbano bonaerense, el 7 (SAC) y el sector de sanidad, entrevistando en cada uno de los sectores recorridos a todas las personas allí presentes.

Como diagnóstico general los profesionales puntualizaron en un agravamiento de las condiciones de detención que combina las serias deficiencias edilicias con aislamiento y afectación del vínculo familiar, alimentación mala y deficiente, falta de atención médica, medicación insuficiente y dificultades en el traslado a hospitales extramuros y obstáculos en el acceso a derechos como la educación y el trabajo. También se relevaron casos de torturas y malos tratos.

Particularmente, en el sector de sanidad, donde se encuentran personas con enfermedades como TBC, se encontraron con condiciones muy precarias que se ven en toda la unidad: letrinas tapadas humedad y suciedad, cables expuestos por los que las personas alojadas han recibido descargas eléctricas, y parte del techo caído. La atención en el sector es notoriamente deficiente. El detenido mordido por la rata en la unidad fue tratado con diazepam, indicado y administrado por una enfermera, y trasladado al hospital recién dos días después del ataque del roedor, donde permaneció esposado a la cama.

Respecto del régimen de vida señalaron la falta de acceso al trabajo, la educación y espacios de recreación, el aislamiento prolongado en espacios donde un detenido puede llegar a pasar más de dos meses sin ver la luz del sol, y la falta de acceso a elementos de higiene personal y de limpieza.

Además la totalidad de los detenidos entrevistados coincidieron en señalar que la comida que se les proporciona es de pésima calidad, además de escasa y que muchas veces se encuentra en estado de descomposición, situación que se constató durante la inspección cuando sirvieron como almuerzo “algo que parecían ser huesos con carne de algún animal vacuno y arroz”, según se describe en la presentación judicial.

Otra cuestión que preocupó al organismo fue la inexistencia de una red efectiva contra incendios: pocos matafuegos, falta de infraestructura adecuada para un procedimiento de emergencia en caso de siniestro, la apertura de las celdas es muy dificultosa y se hace notoriamente complicado encontrar las llaves de los candados, lo que imposibilitaría una rápida evacuación de los detenidos. Esto representa un peligro potencial para la vida y la seguridad de las personas.