Subte: un paso más cerca de la privatización

Por Lucía Ferreri Ochoa

Con 32 votos a favor, 23 en contra, y una abstención, la Legislatura de la Ciudad aprobó el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo, a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), a ceder la concesión del servicio a una firma privada. Además, la norma establece una prórroga de un año del contrato con Metrovías.

La normativa impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta prevé “otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de servicio público la operación y mantenimiento del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE)” y recibió fuertes críticas de los bloques de la oposición.

Asimismo, el texto plantea la “elección de un concesionario a través del proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional”, el cual tendrá el control del servicio público y las líneas nuevas o expansiones de las líneas existentes que se construyan en el futuro. El plazo previsto para la concesión es de 12 años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros tres.

Al decidir tratar el llamado a licitación del subte como servicio público, el oficialismo gambeteó el artículo 82 de la Constitución de la Ciudad, que estipula la necesidad de contar con dos tercios de los votos para aprobar “toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años”. De esta forma, la discusión pasó a requerir 31 votos, número más amigable para el macrismo, que hoy en día cuenta con 28 legisladores propios, sin contar a sus cuatro aliados de la Coalición Cívica y Confianza Pública. Al mismo tiempo se omitió el art. 89 inciso 5 de la carta magna porteña que establece que tienen el procedimiento de doble lectura "toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad".

Por otra parte la pulseada sobre la cantidad de votos necesarios para aprobar la medida la ganó el oficialismo, por lo que se requerirán 31 votos debido a que se trata de la concesión de un servicio público.

Los opositores habían presentado diversos proyectos que coincidían en la necesidad de reestatizar el servicio. La iniciativa redactada por el Frente para la Victoria planteaba dar por finalizado el modelo de gestión privado administrado por Metrovías S.A. desde 1994 y reemplazarlo por uno estatal.

En los fundamentos de la norma, los legisladores denunciaban que "la gestión privada no logró aportar calidad de servicio y tarifas adecuadas que puedan ser consideradas suficientes para garantizar la accesibilidad de los usuarios".

En ese sentido, señalaban que "la deficiente calidad del servicio brindado a los pasajeros no se condice con el resto de las experiencias internacionales, incluso si se consideran los servicios equivalentes en otras ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro y Ciudad de México".

"Asimismo, no se encuentra acreditada una inversión real de la empresa concesionaria, más aún si se tiene en cuenta que actualmente el sostenimiento económico-financiero de la gestión privada en la prestación del servicio se cubre con subsidios y la tarifa que abona directamente el pasajero (que incluye un monto destinado a cubrir la rentabilidad empresaria que podría ser omitido en caso de una gestión estatal del servicio)", afirmaba el pliego.

El legislador del FpV, Javier Andrade, destacó el caso de ciudades como París, Nueva York, San Pablo o Santiago de Chile, donde el servicio de subterráneos está administrado por el Estado y agregó: “Nosotros proponemos un esquema mixto, con un directorio compuesto por el Estado, los trabajadores y los usuarios”.

En esa línea, cabe destacar que las dos empresas impulsadas como candidatas por el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, son estatales: Keolis (subsidiaria de la empresa ferroviaria nacional francesa) y la RATP (Empresa Autónoma de los Transportes Parisinos).

La iniciativa privatista del Ejecutivo de la Ciudad se basa en la necesidad de optimizar el uso de recursos y recortar el gasto público. Sin embargo, pese a estar el servicio en manos privadas, el Presupuesto 2017 contempló una inversión de 6281 millones de pesos en los subterráneos porteños, los que representa un 3,5% por ciento del total de fondos del Estado distrital.

En concordancia con el proyecto kirchnerista, el socialista Adrián Camps resaltaba que "resulta imprescindible que el Estado asuma la potestad de administrar el servicio, implemente un plan a corto plazo de mejoras de la infraestructura existente y adopte un programa a largo plazo para ampliar el servicio. Todos estos objetivos serán posibles a través de la gestión estatal, pues de esa manera no mediarán intereses económicos y lucrativos por parte de las empresas privadas".