Vandenbroele lado B: la caída de la doctrina Irurzun y sus lazos con el poder

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Vandenbroele lado B: la caída de la doctrina Irurzun y sus lazos con el poder

26 Febrero 2020

Por Juan Cruz Guido

En agosto de 2018, AGENCIA PACO URONDO publicó una nota en la que analizaba la sentencia de primera instancia en la denominada causa Ciccone, que versa sobre la quiebra de la entonces calcográfica Ciccone S.A. La sentencia del Tribunal Oral Federal N°4, compuesto por los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, condenó al exvicepresidente Amado Boudou a cinco años y diez meses de prisión, ordenando su detención. El expediente “BOUDOU, Amado y otros s/ cohecho y negociaciones incompatibles”, que estuvo estancado en la instrucción por la falta de pruebas concretas, avanzó velozmente a juicio luego de que Alejandro Vandenbroele, "fronting" para levantar la quiebra, se acogiera al régimen del imputado arrepentido. De esta manera, se convirtió en el primer arrepentido dentro de una causa de importancia institucional como lo es Ciccone.

En su declaración, Vandenbroele aseguró reiteradas veces desconocer personalmente a Amado Boudou pero, por otro lado, aseguró que el dinero para levantar la quiebra fue aportado primero por el fallecido Raúl Moneta, para pasar luego a una estricta dependencia de Jorge Brito, presidente en ese momento del Banco Macro. El arrepentido declaró ante el juez de instrucción Ariel Lijo y el fiscal federal Jorge Di Lello que durante todo este tiempo Jorge Brito le había estado pagando un sueldo para "comprar" su silencio. Además de referir que durante todas las gestiones que encaró desde la firma “The Old Fund” para levantar la quiebra e intentar comprar la calcográfica, el Banco Macro había tomado total control en las operaciones.

Este hecho resultó ser muy significativo porque derrumbó luego el sentido de la llamada “doctrina Irurzun”. Jorge Brito, luego de meses de caídas en las acciones del banco del que era presidente y fundador a raíz de la declaración de Vanderbroele, tuvo que hacer un renunciamiento histórico al directorio de la entidad. De todas maneras, estaba claro que los actores de poder de la argentina no querían que cayera el banco Macro. El fiscal Di Lello, luego de la aseveración por parte del arrepentido de que Brito había obstruido la investigación pagándole para no declarar, ordenó su detención que fue denegada por Ariel Lijo. Allí se evidenció que el instituto de la prisión preventiva, reglamentado para la posibilidad de fuga u obstrucción de la justicia, era utilizado con fines políticos. La segunda instancia luego dictaría la falta de merito contra Brito a pesar de que el mismo testimonio que lo incriminaba fue pieza fundamental en la condena a Amado Boudou.

La salida de Jorge Brito de la presidencia del directorio dejó a Guillermo Stanley (padre de la ex ministra de Desarrollo Social) como hombre fuerte allí. Así se envió un guiño al gobierno de ese entonces, que no estaba interesado en dañar al banco Macro. Como tampoco lo estaba el Grupo Clarín que lo cubrió mediáticamente, ya que Héctor Magnetto, histórico CEO del holding, tiene una relación muy cercana tanto con Stanley como con Brito.

Los verdaderos motivos del primer “arrepentido”

Hace dos años, en enero de 2018, Alejandro Vandenbroele decidió declarar como arrepentido luego de que detuvieran a Amado Boudou, el 2 de noviembre de 2017, en otra causa por la que luego sería sobreseído. Con todo su historial financiero-delictivo, el entonces titular de The Old Fun temía por una posible detención. Ante esto decidió quebrar su acuerdo económico con Brito y declarar. Para acogerse al régimen y ser aceptado debía entregar a alguien superior (y útil a los fines de impacto político). Así declaró contra el ex vicepresidente al que aseguró no conocer, sino a través de José María Nuñez Carmona.

Lo cierto es que Vandenbroele logró mantenerse en libertad e inclusive consiguió beneficios ecónomicos del acuerdo, primero, con el poder judicial y, luego, con el ejecutivo nacional. Cambió de financista: del Banco Macro, al ministerio de Justicia que pagó, en el marco del Programa de Protección al Testigo, la puesta a punto de un hotel boutique “La Masia” en Mendoza.
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