A 12 años de la represión en el Parque Indoamericano: “Seguimos siendo una de las comunas sin hospital”

Hace doce años, la madrugada del 3 de diciembre, comenzaba una toma en la manzana 10 del Barrio Los Piletones, en la Comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires. Unos vecinos querían hacer una cancha en un terreno y otros, desalojados del Barrio Ramón Carrillo, se instalan en el lugar. Una ocupación espontánea, impulsada por la necesidad de miles de familias de zonas aledañas de tener un techo digno para poder vivir. Es el punto de partida de lo que sería el conflicto por el Parque Indoamericano a finales del año 2010.

A los cuatro días se produjo la represión y el desalojo violento, que terminó con tres muertos -Emiliano Canaviri Álvarez, Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro-, varias personas heridas por balas de goma adulteradas, decenas de detenidos y miles de desplazados. La jueza Cristina Nazar dio la orden y el operativo conjunto fue de la Policía Federal y la Policía Metropolitana. La medida no fue fomentada sólo por medios de comunicación con discursos xenófobos sino también desde la dirigencia política porteña, con el por entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri a la cabeza, responsabilizando a la “inmigración descontrolada” que importaba “organizaciones delictivas, narcotráfico y mafias”.

A partir de entonces, y con el paso de los años, se da una serie de situaciones que se convertirían en regla. Primero, la criminalización de la protesta social. Se acusó a distintos referentes territoriales - Marcelo Chancalay, Luciano Nardulli, Diosnel Pérez, Elizabeth Revilla, Noemí Ruejas y Alejandro Salvatierra- de ser instigadores de la ocupación. En contraste, la impunidad de las fuerzas de seguridad. En 2018 la jueza Mónica Berdión de Crudo sobreseyó a jefes policiales y agentes con el argumento de que no era posible identificar responsabilidades individuales. Sólo queda vinculado y procesado en la causa por los homicidios y las lesiones Ricardo Picart, efectivo de la ex Metropolitana.

Por otro lado, las soluciones tardías o que directamente no llegan por parte de los distintos niveles del Estado. Una de las promesas fue, entre el gobierno nacional y el porteño, generar un plan de viviendas. Pasaron los seis meses del plazo inicial y, disputas políticas de por medio, siguieron pasando los años. Sin soluciones, las ocupaciones se vuelven a repetir, como los seis meses del Barrio Papa Francisco. Y sin sanciones, la salida represiva también fue la misma, así como también ocurrió en el Hospital Borda en 2013.

A doce años, la causa por la represión en el Parque Indoamericano sigue estancada, los responsables impunes y la gente sin una solución habitacional. Los negocios inmobiliarios continúan y los casos se siguen repitiendo a lo largo y ancho del país. AGENCIA PACO URONDO dialogó con Marcos Chinchilla, vecino de la Villa 20.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué recuerdo o reflexión puede hacerse a doce años de aquel proceso?

Marcos Chinchilla: El saldo fueron tres muertos y muchas personas heridas. Fue un tiempo bastante complejo, mucho calor además recuerdo. La situación habitacional en la Ciudad no mejoró mucho lamentablemente. Fue un tiempo muy duro y difícil. Mucha gente del barrio que estuvo en la toma pero también de barrios aledaños y el enfrentamiento posterior con vecinos de barrios que se estaban edificando y la intervención de la policía. Un tiempo alocado y triste que visibilizó el déficit habitacional que sufre la Ciudad.

APU: Más allá de la persecución política con algunos representantes, ¿hubo quienes se hicieran cargo de la represión, los muertos y la situación de las familias?

MC: Creo que se lavaron las manos. Hubo un cerco de Gendarmería, a cargo de Nación, pero también represión por parte de la Policía Metropolitana que, creo, se estrenó con la situación del Parque. La situación de las familias no cambió. La mayoría que fue a asentarse estaba en situación de alquiler y muchos siguen estando, con alquileres mucho más caros y difíciles de afrontar teniendo en cuenta que la economía no repunta o, si lo hace, no se nota en los compañeros de base y que necesitan trabajo mejor remunerado.

APU: ¿Cómo impactó la represión en mayores niveles de organización popular en la lucha por el acceso a la tierra?

MC: Luego del desalojo las promesas de soluciones seguían pendientes. El gobierno nacional había dicho que por cada peso que pusiera el gobierno porteño iba a poner otro, pero nunca llegó. Las personas que dejaron sus datos y fueron censadas siguieron esperando. Tres años y tres meses después hubo otra toma, muy cerca, en el predio de lo que fue el cementerio de autos. Duraría seis meses y sería desalojada violentamente. Con el tiempo, a partir de la lucha y la organización de los vecinos de la Villa 20, conseguimos que se diera el proceso de urbanización en el que está inmerso el barrio ahora.

APU: ¿Cómo evalúa, desde entonces, la política de vivienda y hábitat del Gobierno de la Ciudad y de Nación? ¿La creación de un ministerio ha modificado la situación?

MC: Con respecto a la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, hasta hace poco fue Jorge Ferraresi quien lo comandaba. Él también tuvo un problema en Avellaneda porque no pudo solucionar la situación en Villa Inflamable, donde los vecinos todavía están en un lugar que no es apto para la vivir con los camiones y las lagunas contaminadas.

En relación a la Ciudad, en los últimos años habían incrementado el presupuesto para vivienda pero a raíz de las intervenciones que hicieron en algunos barrios como la 31, Rodrigo Bueno, el Playón de Chacarita y el mío. No hay un proyecto macro. No sólo las villas tienen déficit habitacional sino también la clase media y la clase media baja, con dificultad para acceder a una vivienda. 

Sí pergeñaron los créditos UVA, que empeoraron la situación por el ajuste por inflación de las cuotas y el monto de los créditos. Algunos empezaron pagando un monto similar a un alquiler pero hoy algunos ni siquiera están pudiendo pagar cuotas exorbitantes que dificultan poder mantenerse. Macri dijo que iban a hacer viviendas sociales pero hoy en día parecen suntuosas de lo que tiene que pagar la gente para acceder a la vivienda.

APU: ¿Cuál es la situación hoy en los barrios no sólo en relación al déficit habitacional, sino a la falta de urbanización y acceso a servicios públicos? 

MC: En los barrios sigue primando la falta de urbanización, por más que se hayan hecho algunas obras como las que señalé en algunos barrios. No es definitiva, la provisión de servicios públicos es lo que más hace falta, más en época de calor con cortes de luz y falta de agua. La Secretaría de Integración Sociourbana, que se implementó en la Villa 31, es un agujero negro de fondos del Estado y de préstamos internacionales que recibió la Ciudad para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos. No ha mejorado drásticamente y las edificaciones hechas no van a durar en el tiempo. En cambio, tanto en el Playón de Chacarita como en Rodrigo Bueno y la Villa 20 son de otros materiales.

Espacios verdes teníamos una canchita de fútbol que ya fue segmentada cuatro años atrás. Hay algunas plazas pero verde natural no existe ya en la Villa 20. Es un déficit que hay en todos los barrios. Además, seguimos siendo una de las comunas sin hospital, con la particularidad de que en nuestra comuna 8 casi la mitad de la población recurre a la salud pública. Seguimos luchando por eso. Si bien es cierto que se hicieron otras obras de infraestructura, como estadios de tenis y Metrobús, el hospital todavía brilla por su ausencia. Casi no ha cambiado la situación en más de diecisiete años de la ley, la construcción que inició en 2006 e inaugurado en 2009 pero trece años después seguimos sin contar con un hospital en la comuna. Todavía hay cosas por las que hay que seguir luchando.