20 años del caso de Mariano Witis: “Hay que pensar en una seguridad integral y democrática”
Por Diego Moneta
La mañana del 21 de septiembre del año 2000 Mariano Witis, de 23 años, salió con su madre Raquel cerca del hipódromo de San Isidro. Una vez que se separaron, Mariano se puso a hablar con Julieta Shapiro, ex compañera de colegio que estaba en auto. Los jóvenes fueron abordados por Darío Riquelme, de 16, y un cómplice, obligando a Mariano a subirse y a la chica a manejar.
Llegaron hasta un banco Itaú en Beccar, donde realizaron un robo express y escaparon en el vehículo. A pocas cuadras, una unidad del Comando de Patrullas de San Fernando les cerró el paso. Uno de los ladrones escapó, Riquelme tiró su arma, oxidada y que no disparaba, para rendirse, y Witis gritó que era rehén. El cabo Rubén Emir Champonois, de la Policía Bonaerense, decidió igualmente abrir fuego.
Shapiro se refugió contra el volante, no tuvo lesiones y su testimonio sería clave. Darío y Mariano, en la parte de atrás del vehículo, recibieron varios disparos y fueron asesinados. La fuerza de seguridad plantó pruebas falsas en la escena y levantó la versión de que había sido una persecución entre policías y delincuentes, incriminando a Witis.
En agosto de 2003, el Tribunal Oral N° 3 de San Isidro condenó a ocho años a Champonois por homicidio con dolo eventual, pero sólo por el asesinato de Mariano, al considerar que el de Riquelme había sido en defensa propia. La versión policial había sido desmentida y Raquel Witis se unía a Ana María Liotto, madre de Dario, para que ambas muertes no quedaran impunes.
Tras distintas apelaciones, en 2005 Casación ordenó que se fijase la pena por los dos asesinatos, en los mismos parámetros. En 2007 fue elevada a 12 años y 9 meses. Tras la apelación de la familia Witis y el Ministerio Público Fiscal, en 2011 se incrementó a 15 años, teniendo en cuenta como agravantes el estado de indefensión, el desmedido accionar y la edad de Riquelme, lo que sería ratificado por la Corte Suprema de Justicia en 2014. Champonois estuvo cuatro años en la cárcel y luego pasó a detención domiciliaria.
Cada año, para conmemorar la fecha, su familia organiza un festival con mucha presencia musical, dada la relación que mantenía Mariano con esta. El joven era cantante, maestro e integrante del Coro del Polivalente y del Coro Municipal de Jóvenes de San Isidro. El año pasado se inauguró una escultura en la Plaza 9 de Julio de Martínez en forma de homenaje.
En este marco, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Raquel Witis, madre de Mariano e integrante de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.
APU: ¿Cómo analiza el recorrido a lo largo de estas dos décadas, a nivel judicial y personal?
Raquel Witis: Creo que algunos pequeños cambios hubo en el sistema judicial. Los actores judiciales hoy, en términos generales, reciben a las familias, pero sigue siendo un poder anquilosado, patriarcal y clasista, que es benevolente con los hijos del poder y los que portan uniformes y muy duro con los pibes de las barriadas populares. La democratización de la justicia sigue siendo una asignatura pendiente. Creo que la reforma judicial planteada es un primer paso, pero le faltan muchas cosas que deberemos como sociedad consensuar. La comunidad tiene que tener una mayor participación. De esta manera la justicia no nos sirve para exigir, por ejemplo, los límites que debe tener la policía en el uso de la fuerza.
APU: ¿Es cierto que el condenado volvió a trabajar en seguridad e incluso estuvo cerca de entrar a la Policía Metropolitana?
RW: En 2007 se lo habilitó a trabajar en seguridad privada, a pesar de que en Buenos Aires existe una ley que inhabilita a trabajar en dicha área a personal exonerado. Los jueces no la tuvieron en cuenta, aduciendo que se guiaban por el código penal, y lo habilitaron a trabajar en un horario determinado en vigilancia de camiones, siendo personal que va armado. Fui a verlos a Ricardo Casal, que recién había asumido como ministro de Justicia, y a Carlos Stornelli, ministro de Seguridad, y les exigí que dejara de trabajar en seguridad privada. Terminó en una metalurgia y, además, se clausuró la agencia que lo contrató porque BayerCop no estaba inscripta en el Ministerio de Seguridad. Creo que debe estar trabajando de nuevo en eso porque, al entrar de muy joven a la fuerza, otra cosa no sabía o sabe hacer, pero espero que no mate ningún pibe más.
En su momento en la Metropolitana no pedían legajos, pero él no entró. Yo siempre pedí a varios ministros, sin haberlo conseguido todavía, que se haga un registro nacional de personal exonerado para que esas personas no puedan dedicarse a seguridad porque demostraron que abusan del uso del arma.
APU: ¿Considera al caso como emblemático de la violencia institucional y del reclamo por una justicia sin punitivismo?
RW: Me parece que fue un caso testigo y concreto de la aplicación de la política de mano dura. En el año 2000 el gobernador Carlos Ruckauf decía “hay que meter bala”, y lo que pasó es lo que pasa cuando los policías meten bala. Recuerdo que un juez escribió en una resolución que Mariano era un daño colateral, como si el asesinato de Darío Riquelme hubiera estado bien porque era un ladrón. Las políticas de mano dura traen a los barrios la muerte de los jóvenes. El policía no busca reducir sino que dispara, y muchas veces para matar.
APU: Después de cuatro años de macrismo, ¿cómo analiza el rol del actual ministro de seguridad provincial Sergio Berni?
RW: Cuando llegó el macrismo arrasó con las políticas y protocolos respecto de la actuación de las fuerzas de seguridad. Se habilitó a disparar por la espalda y se felicitó, es decir, se aprobó de hecho la pena de muerte. Por eso hoy creo que es más difícil volver a ponerlas en caja. El aislamiento puso en evidencia problemas estructurales, como la desigualdad, la violencia institucional y la falta de democratización de la justicia.
En relación al rol del ministro Berni, si bien ha tenido una actitud abierta al recibirnos y escucharnos, la política que se está llevando adelante y las medidas anunciadas no me parecen adecuadas. Más policías en las calles no traen seguridad. Creo que tenemos demasiadas policías, y deberíamos tener menos cárceles y más escuelas. Hay que pensar en una seguridad integral y democrática, donde se persiga el delito pero se permita a los ciudadanos ejercer su derecho a manifestarse y expresarse. Espero que esa sea la visión para la provincia.
APU: ¿De qué manera van a conmemorar la fecha en el contexto de la pandemia?
RW: Este año no podremos hacer el encuentro en la Plaza. Vamos a hacer videos recorriendo su vida, que fue corta pero muy intensa. León Gieco nos regaló una canción y también la vamos a subir. Tenemos reflexiones de algunos referentes sobre qué pasó con el abuso policial y la justicia en estos 20 años. Por último, desde la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, y desde la Secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA San Isidro, vamos a lanzar una convocatoria a escribir sobre violencia institucional. La “Convocatoria Mariano y Darío 2020, 20 años de lucha contra la violencia institucional” se lanza para que puedan escribir un rap, un cuento o una poesía. Es decir, ponernos a hablar sobre la violencia institucional porque es una forma también de ir erradicando discursos sociales punitivistas y descalificatorios.