A 23 años del asesinato de Andrea Viera: “Mi deuda eterna con el pueblo varelense”

Esta semana se cumplen 23 años del crimen policial de Andrea Viera, primera mujer muerta por torturas en una comisaría desde la vuelta de la democracia. La movilización del pueblo de Florencio Varela, cinco juicios orales, dos condenados a perpetua, catorce absueltos, un prófugo aún con pedido de captura internacional y un testigo fusilado cuyo crimen sigue impune lo convierten en un caso paradigmático de la violencia institucional en nuestro país. 

El 10 de mayo de 2002 Andrea Viera, de 25 años y embarazada, y su pareja Gustavo Cardozo bajaron de un colectivo en la estación Zeballos y se toparon con un despliegue de policías, armados y de civil, por un intento de robo en el que un oficial había resultado herido. Tras alejarse, fueron abordados por cinco patrulleros y señalados por la agente Marta Jorgelina Oviedo Salazar. Los esposaron y trasladaron a la Comisaría Primera, y en el trayecto ya son maltratados. Al ingresar, son llevados a distintos sectores y es la última vez que se ven. Veintidós presos testificaron lo que había sucedido durante esas horas. 

Por la noche, llegó el denunciante inicial del hecho y, en rueda de reconocimiento, descartó que sea Andrea, a quien vio desmayada en el piso. Había perdido el conocimiento por las vejaciones que recibió para que confesara, por lo que la llevaron al Hospital Mi Pueblo en una ambulancia que no hizo sonar su sirena. Tras doce días falleció y el forense aseguró que podría haber sobrevivido a los golpes pero no a la sofocación manual ya inconsciente. En ese momento, Eugenia Vázquez, hermana, y la familia comenzaron su camino de lucha. 
 
En 2007 el primer juicio oral dejó como saldo una condena a prisión perpetua por asesinato y torturas -Oviedo Salazar, siempre en docimilaria- y varias absoluciones por el beneficio de la duda -Oscar Luciano Farías, David Leonardo Gutiérrez, Diego Hernán Herrera y Carlos Daniel Maidana-. Al año, el testigo Jorge Galván Plaza recibió un disparo en la sien y fue tirado a un arroyo del Barrio Pepsi. Su crimen sigue impune y no hubo ningún acusado. En 2011, en un segundo proceso, Gutiérrez fue condenado a diez años de cárcel y Maidana a cuatro, aunque rápidamente quedó en libertad. El ex suboficial Pedro Mensi fue absuelto, al igual que otros cuatro. En 2013 el ex cabo Marcelo Miguel Aquino fue condenado a perpetua y es el único detenido en cárcel común, con reciente sentencia firme. 

En 2017 otro tribunal decidió la absolución del ex comisario José Oscar Sita, parte de la cúpula de la Comisaría junto al ex subcomisario Rafael Ominelli, quien desde entonces tiene pedido de captura internacional, aunque vive en Villa Elisa y es agente inmobiliario. Por último, en 2018 otros cuatro policías llegaron como acusados, pero el principal testigo, la pareja de Andrea, no pudo presentarse al debate oral y terminaron absueltos. Nunca se recuperó tras haber escuchado y presenciado las torturas a su compañera de vida.  

En la actualidad, la causa se encuentra cerrada por decisión de la familia -de los ocho hermanos, hoy quedan tres-. Se niegan a que continúe la revictimización y presión sobre los testigos, en su mayoría jóvenes privados de su libertad que corren peligro. Vázquez no considera que sea una causa impune, pero sí una justicia incompleta. En una entrevista se refirió a los pendientes en la materia: “Seguimos exigiendo la reforma judicial y policial y que se apruebe la ley contra la violencia institucional. La gran deuda de la democracia es un Nunca Más en serio, porque hasta ahora quedó en frases”. 

El sábado 24 de junio se señalizará la calle 1329 del Barrio Paraná con el nombre de Andrea Viera, tras la ordenanza municipal impulsada por un grupo de concejalas. A su vez, Eugenia marchará, junto a la CTA de los Trabajadores y al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), al Ministerio de Economía de la Nación. “Ella era muy solidaria y seguro estará contenta de que vaya a reclamar por aquellos a los que cada vez les cuesta más poner alimentos en la mesa familiar”, desliza.

A 23 años del asesinato de su hermana, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Eugenia Vázquez, quien reflexiona sobre su causa y sobre la actualidad de la violencia institucional en nuestro país. Además, denuncia el vaciamiento que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei sobre el Programa de Lucha contra la Impunidad del Ministerio de Justicia de la Nación, creado en 2003 por Néstor Kirchner y el cual aún integra para acompañar a otras familias de víctimas, aunque sea por su propia voluntad y no la del organismo.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué reflexión puede hacerse a 23 años de aquellos días?

Eugenia Vázquez: A 23 años de la muerte por torturas de mi hermana Andrea Viera, hace 22 que empezó mi lucha formal en la búsqueda de justicia. Por la gravedad del hecho siempre pensé que la justicia vendría de lleno a nosotros, actuaría y, cuando llegue a juicio, todos serían condenados a perpetua. Pero no, me di cuenta que el pobre no llegaba a ningún lugar, entonces salí a buscar justicia y también aprendí que nada se consigue en soledad. Todo es colectivo, estuvieron y siguen estando Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y la Red Nacional de HIJOS.

Sin esos cuatro organismos el caso de Andrea sería impune. También en la búsqueda de justicia están el Suteba, la CTA de los Trabajadores, las organizaciones sociales y de derechos humanos, y los partidos políticos oficialistas y opositores. En fin, el pueblo de Florencio Varela en su conjunto, a pesar de que Andrea no nació ahí, no tomó la comunión ni fue a la escuela. De hecho sólo vivió un año y tres meses. No es una hija varelense. Ahí viene mi eterna deuda con el pueblo varelense.

APU: ¿En términos judiciales hubo novedades?

EV: En este trágico hecho sigue habiendo un prófugo, Rafael Ominelli, desde la hora cero. Son 23 años, sin embargo, mientras tanto, ocupó el cargo de jefe de seguridad de Independiente de Avellaneda. Cuando renovaron directivas, fue despedido por su oscuro currículum y hoy es promotor inmobiliario en Villa Elisa. Es buscado por la Interpol a nivel Internacional. Por otro lado, Marta Oviedo Salazar fue condenada a perpetua y siempre tuvo el beneficio de la domiciliaria, a pesar de que no le correspondía. El año pasado pidió salidas transitorias pero, de hecho, siempre las tuvo, hasta fue al bingo. El testigo que la vio, por miedo, no quiso testimoniar. 

Respetamos mucho ese pedido ya que nosotros cargamos con la ejecución de uno de los testigos principales, Jorge Galván Plaza, en lo que es un caso impune hasta hoy. Marcelo Miguel Aquino sigue en una cárcel común y tiene la condena firme, lo que me tranquiliza. Él era el gran torturador de la Comisaría Primera y hoy esos dos nombres -Oviedo Salazar y Aquino- están grabados en el cartel de señalización que se encuentra en la vereda de dicho lugar. Todos los varelenses pueden leer esos los nombres de esos dos "malnacidos”.

APU: ¿Qué análisis hace en materia de violencia institucional en la actualidad?

EV: En 23 años de lucha nada cambió. Es más, en la actualidad, en este contexto político, todo empeoró. Se profundizó mucho el odio, hay mucha violencia. Lo vemos reflejado todos los miércoles, con los jubilados que padecen represión de todo tipo en sus cuerpos.

APU: ¿Cómo se modificó la respuesta estatal ante el tema? ¿Sigue funcionando el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad del Ministerio de Justicia?

EV: Espero ver reformada la justicia antes de dejar este plano. Reforma judicial plena, reforma policial y con perspectiva de género. El Pronalci (Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad) hoy "funciona" con seis personas. Éramos treinta, un gran equipo, y ahora sólo hay dos abogados. Ya no se viaja a ninguna parte. Yo, como familiar de víctima, voy a los juicios por mis propios medios. Este año cumple veintidós años el programa.

APU: Una de las denuncias era la desaparición de un joven en zona oeste. ¿Hay más información?

EV: Sergio Rolim, un joven misionero de 20 años, es detenido por la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas en el Barrio Los Aromos, en la zona oeste. Fue liberado, pero una semana después no había llegado a su casa. Su papá Mario viajó a Buenos Aires en su búsqueda y, por la gracia de dios y con ayuda de muchísimas personas solidarias, "se reencontraron".