A 8 años del asesinato de Facundo Ferreira: otro proceso judicial injusto

La madrugada del 8 de marzo de 2018, en pleno avance de la Doctrina Chocobar, Facundo Ferreira, de 12 años, fue asesinado por dos efectivos de la Policía de Tucumán, que luego se descubriría que estaban bajo efecto de estupefacientes. El joven, que estaba con un amigo, fue perseguido por los oficiales Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca sin motivo real. Tras efectuar varios disparos, uno de ellos le ocasionó la muerte a Facundo.

En ese entonces, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó públicamente el accionar de la fuerza alegando que al niño le habían detectado pólvora en las manos. El disparo había sido por la espalda y las pericias no encontraron ningún rastro, por lo que no sólo no lo asistieron, sino que buscaron incriminarlo plantándole un arma.

Díaz Cáceres y González Montes de Oca fueron imputados luego de cuatro meses, pero llegaron al juicio en libertad. La solicitud de la fiscalía, a cargo de Adriana Gianonni, fue rechazada por el juez de turno de la V Nominación, Víctor Rouges, quien además desestimó en menos de una hora largas semanas de recolección de pruebas. 

A su vez, diversas irregularidades se acumularon a lo largo de la investigación: Facundo fue abandonado y la ambulancia, llamada por los vecinos, no lo llevó al centro de salud más cercano -además fue ingresado con datos falsos-; su amigo es hostigado en varias filmaciones al declarar; y, tal como suele pasar, Díaz Cáceres ya tenía tres antecedentes por violencia institucional. Para peor, las amenazas sobre los familiares llegaron a convertirse en golpes, detenciones y hasta disparos.

En 2021 ambos implicados fueron condenados a prisión perpetua con orden de reclusión preventiva hasta que la sentencia quede firme. El tribunal de la Sala I de la Cámara Conclusional, conformado por María Fernanda Bahler, Wendy Adela Kassar y Emilio Páez de la Torre, los consideró coautores de homicidio, doblemente agravado por alevosía y ejercicio abusivo y por uso de armas de fuego e incumplimiento de deberes de funcionario público. 

Sin embargo, rechazó investigar por encubrimiento a Diego Darío Lescano, entonces oficial principal, que había sido señalado por la querella como quien coordinó la alteración de la escena. A la versión presentada por Bullrich se sumó Claudio Maley, que hasta 2023 estuvo a cargo de la cartera de Seguridad provincial. Desde la familia ratificaron en el juicio que Maley buscó sobornarlas. Al finalizar el proceso, allegados a los condenados volvieron a amenazar y a agredir a familiares de Facundo.

No obstante, casi dos años después la Suprema Corte de Tucumán anuló la sentencia y ordenó llevar a cabo un nuevo juicio por sospechar de la forma en que se había impulsado. A mediados de 2023, tras varias horas de debate y desconociendo el peso de la cantidad de testigos y prueba recogida, el tribunal compuesto por Stella Maris Arce, Alicia Freidenberg y Patricio Prado decidió bajar las penas de forma considerable, tras no ponderar agravantes. Díaz Cáceres, autor material, deberá cumplir veinte años de prisión, y González Montes de Oca, quien manejaba la moto, quince. Tras la lectura del fallo, Carlos Garmendia, abogado de la querella, denunció en conferencia de prensa la “enorme presión de sectores corruptos y violentos de la policía de Tucumán” como clima general ante el segundo proceso legal.

Si bien la mayoría de las pruebas y testimonios en esta reedición comprobaron y ratificaron el accionar premeditado y alevoso contra los menores, la carátula de la causa pasó de ser “homicidio agravado por el ejercicio abusivo de la función de miembros de las fuerzas de seguridad” a una condena por “homicidio simple”. A su vez, desestimó la posibilidad de investigar al superior Lezcano, pero sí podrían avanzar sobre el acompañante de Facundo, que se salvó durante la persecución y a pesar de haber sido golpeado por uniformados.

En dicha conferencia, junto al letrado estuvieron Mercedes Gómez, Romina y Rita Ferreira, abuela, madre y tía de Facundo respectivamente, solicitando una vez más el cese de los hostigamientos por parte de la fuerza de seguridad local. “Me golpearon estando embarazada”, aseguró Rita. Las tías del niño asesinado -Malvina Gómez, María y Rita Ferreira- tienen un merendero en su honor a metros de la casa donde vivía.