Caja de Herramientas: planteos de inconstitucionalidad frente al nuevo régimen Penal Juvenil

El miércoles 30 de septiembre, en la sede del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), se presentó en conferencia de prensa “Caja de Herramientas: Planteos de inconstitucionalidad frente al nuevo Régimen Penal Juvenil”, documento elaborado por la Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia. El material busca que defensores y trabajadores de la abogacía puedan identificar y promover planteos frente a casos de adolescentes alcanzados por el nuevo marco. 

El objetivo es focalizar la discusión en la defensa de los derechos humanos y las garantías constitucionales de las infancias en todo el país. La presentación reunió, de manera presencial y virtual, a más de 60 referentes de organizaciones comprometidas con la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes de varias provincias, expresando el carácter federal de la iniciativa. Desde la Mesa señalaron la importancia de fortalecer las capacidades de quienes trabajan cotidianamente, brindando herramientas concretas para acompañar y defender a las y los adolescentes frente a posibles vulneraciones de derechos.

La Caja de Herramientas propone “conocer el nuevo escenario, fortalecer las intervenciones, y acompañar a quienes deban defender” los derechos de niñas, niños y adolescentes en cada territorio. Frente a las transformaciones del régimen penal juvenil, la defensa de los derechos humanos exige organización, conocimiento, articulación y herramientas para la acción. Es un instrumento abierto a la construcción colaborativa, que sistematizará falencias institucionales que visibilizan la inconstitucionalidad de la norma.

Puntos clave del documento

Objeto y alcance: Proporciona un conjunto dinámico de herramientas argumentales estructuradas por hipótesis prácticas para impugnar la constitucionalidad de la Ley 27.801/26 en casos concretos de adolescentes involucrados en el sistema penal.

Baja de la edad de punibilidad: Impugna la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años, denunciando la violación del principio de no regresividad en materia de derechos humanos y el incumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Vulneración del principio de especialidad: Denuncia que la norma traslada las lógicas y escalas del derecho penal de adultos al fuero juvenil. Destaca, entre otros aspectos, la omisión de la garantía del derecho a la educación secundaria obligatoria para adolescentes privados de libertad, la eliminación de la figura de remisión o absolución de la pena que contemplaba el régimen anterior, y el retorno a un esquema tutelar, al otorgar a los jueces atribuciones asistenciales e injerencia indebida sobre el Sistema de Protección Integral de Derechos.

Falta de presupuesto y afectación al federalismo: Señala que la ley transfiere obligaciones operativas e institucionales a las provincias sin asignar los recursos económicos necesarios para crear juzgados, fiscalías, defensorías, equipos interdisciplinarios ni dispositivos de alojamiento especializados.

Ausencia de revisión periódica y régimen progresivo: Argumenta que la norma no establece un régimen de revisión periódica de la pena enfocado en la reintegración social, limitando las alternativas al encierro al cumplimiento de dos tercios de la condena bajo las reglas de adultos.

Aplicación de la ley penal más benigna: Cuestiona la vía del recurso de revisión para adecuar condenas firmes superiores a 15 años, dictadas bajo la ley anterior, frente al nuevo tope de 15 años establecido.
Anexo jurisprudencial: Recopila acciones judiciales, fallos de primera instancia y recursos de hábeas corpus interpuestos tras la sanción de la ley.