Una Ciudad de Buenos Aires bajo estado policial: ni las mascotas se salvan

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Una Ciudad de Buenos Aires bajo estado policial: ni las mascotas se salvan

22 Noviembre 2026

La política de seguridad de Jorge Macri es un modelo policial que profundiza la exclusión en la Ciudad de Buenos Aires: incluye desalojos violentos a vendedores ambulantes, transeúntes, vecinos con mascotas y persecución a sectores populares. En la línea A del subte, una mujer fue detenida por intentar trasladar a su mascota en ese medio. Si bien la normativa restringe el ingreso de animales comunes en horarios pico, la respuesta de los agentes resultó desproporcionada: la pasajera fue esposada y retenida durante más de 24 horas. 

El episodio deja en evidencia el eje central del modelo: destinan recursos y fuerza para perseguir infracciones menores, se mantienen sin resolver los problemas estructurales. Los índices de delitos contra la propiedad y violencia interpersonal se mantuvieron estables, pero crecieron las cifras de criminalización de la supervivencia. En sintonía con la política represiva de Javier Milei, desde su asunción como jefe porteño Macri aumentó el despliegue policial en las calles. El enfoque, centrado en la lógica de “ley y orden”, impacta de forma desproporcionada en sectores vulnerables.

La gestión amplió la cantidad de agentes en operativos de proximidad, focalizados en zonas céntricas y barrios populares. Los registros de la Defensoría del Pueblo y colectivos de monitoreo social muestran que la mayoría de las detenciones y controles de identidad no responden a delitos graves, sino a contravenciones: la actividad de vendedores ambulantes, la permanencia de personas sin hogar en espacios públicos y la circulación de migrantes sin documentación al día. Entre las medidas más cuestionadas se encuentra el protocolo de desalojo de asentamientos transitorios: en sus primeros dos años de mandato se ejecutaron más de 120 desalojos de familias, en su mayoría sin ofrecer alternativas habitacionales permanentes, según el relevamiento de la Red de Hábitat Popular. 

También se registraron más de 80 denuncias por intervención policial en manifestaciones pacíficas: marchas de docentes, trabajadores de la salud, movimientos de vivienda y asambleas barriales. Los organismos denuncian el uso de escudos, gases y cortes de calle para impedir la circulación de los manifestantes. La política de “Ley y Orden” del jefe de Gobierno porteño se traduce en persecución y represión cotidiana. 

Hace apenas unos días, Milei y Macri organizaban un banquete VIP por la visita del Papa, en paralelo la Policía de la Ciudad detenía a dos personas que organizaban una olla popular para alimentar a vecinos de Barracas. Ese mismo día, los trabajadores del subte denunciaban una nueva muerte por asbesto. La estrategia punitiva desplaza y oculta los problemas sociales, cargando sobre los sectores más vulnerables —y cualquier ciudadano común que rompa una regla menor— el costo de la crisis.