Cárceles en Buenos Aires: entre la pandemia y las autoridades del Servicio Penitenciario

Por Diego Moneta

A principios de mes se desataron reclamos y protestas en distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires. Los hechos motivaron la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, designada en noviembre del año pasado.

Según el comunicado difundido, presentaron varios habeas corpus individuales y colectivos y denuncias penales dando cuenta de malos tratos, graves lesiones y torturas recibidas que "provocaron discapacidades temporales y permanentes". También denunciaron traslados que incumplen lo dispuesto por la Suprema Corte provincial para su regulación.

El punto de partida del conflicto fue exclusiva responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Las visitas, vitales para las personas privadas de su libertad, se habían suspendido el 12 de marzo, una vez iniciado el aislamiento por la pandemia. Xavier Areses, jefe del SPB, sin consultar con los ministerios correspondientes, decidió que retornaran a partir del 31 de octubre, tras casi ocho meses.

Al enterarse de la decisión, el Ministerio de Salud provincial informó la imposibilidad de que se lleven a cabo, con el fin de evitar contagios. Areses no tuvo mejor idea que volver a suspender las visitas a último momento. La resolución se sumó a cuestiones reiteradas durante estos meses, como la nula respuesta judicial ante pedidos o reclamos de las personas detenidas y la falta de medidas sanitarias adecuadas frente a la pandemia.

Además de la violenta represión, destacó que agentes penitenciarios hayan quemado los espacios universitarios en las unidades 31 de Florencio Varela y 48 de José León Suárez. A su vez, trasladaron arbitrariamente a distintos estudiantes.

Según expresó a Tiempo Argentino Marcos Perearnau, director académico de la sede del Centro Universitario San Martín de la Unidad 48, los destrozos fueron posteriores al control de la situación. Al día siguiente, constataron que el lugar estaba devastado, con talleres incendiados y vidrios rotos. Si bien Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos, se comprometió a la reconstrucción inmediata del lugar, están juntando donaciones a partir de su página de Facebook.

El rol de las autoridades

La decisión de Areses como disparador del conflicto no fue la única participación de los responsables penitenciarios. Según el citado comunicado de la CPM, "comunicaciones y testimonios de personas detenidas dieron cuenta que los los hechos fueron incluso promovidos por funcionarios que habilitaban a detenidos a subirse a los techos o, extrañamente, implementaron medidas que lo facilitaron". Además, los agentes "utilizaron cuchillos carcelarios para agredir y disimular así su responsabilidad". Ambas denuncias están pendientes de investigación por parte de las autoridades.

Algunos medios vincularon esa participación a sectores cercanos a Fernando Díaz, primer jefe del SPB durante el gobierno de María Eugenia Vidal, con el antecedente de la Masacre de Magdalena de 2005 en su historial. Lo cierto es que posterior a Díaz, y a la fuga de los hermanos Lanatta, la Gobernación intervino el SPB durante un año y medio, para luego colocar a Areses, quien ya venía ocupando cargos en la cartera de Justicia provincial. Además, había sido concejal de San Martín entre 2009 y 2013, siendo parte del armado político de Francisco De Narvaez.

Crisis general

La situación crítica sobrepasa a Buenos Aires y también a las cárceles. En agosto la CPM denunciaba el “hacinamiento récord” en las comisarías de la provincia y en septiembre la Procuración Penitenciaria Federal informaba la doceava muerte de un detenido a causa del coronavirus, desde el inicio del aislamiento en marzo. Además, los fallecimiento por distintos motivos ascendían a 29, una cifra elevada para un período apenas superior a cinco meses.

Las personas fallecidas por Covid-19 integraban grupos de riesgo, por múltiples enfermedades y por edad. A algunas de ellas se les había rechazado la posibilidad del arresto domiciliario. Las resoluciones se ampararon en protocolos dictados por autoridades penitenciarias, a pesar de la denuncia de distintos organismos que reclamaban que eran escasos. La decisión fue tomada también pese a las Acordadas N°5 de la Cámara Nacional de Casación Penal y N°9 de la Cámara Federal de Casación Penal que recomendaban que dicho colectivo cumpla la detención en sus hogares.

El contexto de las cárceles se agravó excesivamente durante los años del macrismo, a nivel federal y provincial. A enero de 2020, la sobrepoblación en Buenos Aires era del 100% según la Procuración Penitenciaria. A eso se sumaban las represiones desatadas y las denuncias por torturas. El SPB debió haber seguido y debe seguir las líneas planteadas en las acordadas, pero con las mismas autoridades a cargo difícilmente pueda cambiar. Más allá de la desinformación opositora, las libertades masivas a través de medidas judiciales y de los ejecutivos se dieron en todo el mundo para paliar la situación crítica. De la medida deben quedar excluidos, entre otros, los crímenes de lesa humanidad, según remarcó en mayo Fabián Salvioli, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Las soluciones de fondo

En enero, la CPM participó de la mesa de diálogo impulsada por el ministro Alak para abordar el hacinamiento y la tortura sistemática. En esa instancia plantearon que hay medidas concretas para tomar mientras se avanza en una solución de fondo, como por ejemplo, que “el procurador provincial derogue las resoluciones 567/13 y 752/00 que contribuyen a la sobrepoblación”.  

Es necesario que los jueces penales otorguen las medidas y libertades que corresponden, así como que los organismos provinciales tramiten dichos reclamos. Por sobre todo, el poder judicial debe cambiar su enfoque, contemplar la crisis y adecuarse a lo que dicta la Constitución Nacional, en especial en su artículo 18: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. Es momento de que los jueces asuman sus responsabilidades legales.

En septiembre, el presidente Alberto Fernández anunció el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el Conurbano que, entre otras medidas, destina fondos al Ministerio de Justicia provincial para reformas en el servicio penitenciario. El Ministerio de Obras Públicas invertirá en la construcción, refacción y ampliación de unidades carcelarias y comisarías. Se crearán doce unidades en un plazo de diez años.

Como parte del mismo plan, en la legislatura bonaerense se presentó un anteproyecto para avanzar en la expropiación de terrenos para la construcción de las mismas. La cuestión de fondo es que la medida no avance en solitario porque llevaría, de nuevo, al aumento de la población carcelaria. Mientras tanto, sólo la mitad de los presos tiene condena firme. Por eso son necesarias otras reformas integrales que se alejen del paradigma de las políticas punitivistas.